Comunitarios se deslindan del llamado del ERPI a formar “Brigada de Ajusticiamiento”

09/10/2014 - 9:04 pm
Foto: Antonio Cruz
La Unión de Pueblos Originarios del Estado de Guerrero se deslinda del llamado del ERPI a sumarse a la brigada . Foto: Antonio Cruz, SinEmbargo

Iguala, 9 de octubre (SinEmbargo).– La Unión de Pueblos Originarios del Estado de Guerrero (UPOEG), que se encuentra en esta ciudad para ayudar en la búsqueda de los jóvenes normalistas desaparecidos, se deslindó del llamado del Ejército Revolucionaria del Pueblo Insurgente (ERPI) a sumarse a la Brigada de Ajusticiamiento 26 de septiembre.

Crisóforo García y el abogado de la UPOEG, Manuel Vázquez, dijeron que su presencia en la ciudad es pacífica y que  sólo buscan a los normalistas.

“Nosotros no tenemos nada que ver con eso, no traemos armas, no venimos a juzgar a nadie y sólo buscamos a los muchachos desaparecidos”, dijo García.

Los miembros de la UPOEG, que cumplen labores de autodefensas o policías comunitarias en sus pueblos, organizaron brigadas que desde ayer han salido a terreno a buscar a los normalistas, sin éxito. García indicó que hasta el momento desconocen la ubicación de las cuatro fosas que la Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer hace unos minutos.

“Fuimos a dos lugares y sólo encontramos alguna evidencia, guantes, casquillos, pero nada de los muchachos”, explicó.

La policía comunitaria se reunió hoy con 14 padres de familia de los normalistas, pues aseguraron, la molestia aumenta conforme pasan los días por la falta de resultados.

Durante la mañana la UPOEG hizo un llamado casa por casa a sumarse a la búsqueda y aportar información  que pueda llevar al paradero de los jóvenes. En el Servicio Médico Forense (Semefo) de Iguala no hay en este momento movimiento ni información de las fosas encontradas.

SEGUNDO GRUPO GUERRILLERO

Hoy, el Comité Estatal de Guerrero Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) convocó al interior de sus filas y al pueblo en general a conformar la “Brigada Popular de Ajusticiamiento 26 de Septiembre” para enfrentar “en aspectos político-militares esta nueva afrenta del narcoestado mexicano y, particularmente, al cártel de sicarios del Estado, mal llamado Guerreros Unidos”.

Este es el segundo llamado en una semana que hace un grupo insurgente guerrerense para responder por la vía armada contra un narco estado refiriéndose propiamente al grupo criminal de los Guerreros Unidos, una escisión del cártel de los Beltrán Leyva.

El primer grupo armado en alzar la voz fueron las Fuerzas Armadas Revolucionarias-Liberación del Pueblo (FAR-LP) que exigieron a inicios de semana la renuncia del Gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero, “quien vuelve a ensangrentar sus manos en su administración, le quedó grande Guerrero, traicionó al pueblo que lo eligió, se doblegó a los intereses y ambiciones de poder, su alianza con la delincuencia organizada y el pago de favores a los amigos que lo llevaron al poder”.

En esta ocasión, el ERPI dijo que la corriente Nueva Izquierda del Partido de la Revolución Democrática (PRD) es cómplice de los hechos del 26 de septiembre donde tres normalistas murieron y otros 43 fueron secuestrados en Iguala por agentes municipales en complicidad con integrantes del narcotráfico. Nueva Izquierda, tribu conocida como “Los Chuchos”, llevó a la dirigencia nacional perredista a su actual presidente Carlos Navarrete.

El Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente también pidió a sus integrantes y “al pueblo mexicano toda información sobre elementos, propiedades e intereses de dicho cártel y póngase a disposición de nuestro ERPI, por cualquier vía pública o secreta”.

Refirió que se vio obligado a romper el silencio por los acontecimientos que se dieron en el Estado de Guerrero.

En su posicionamiento del 1 de octubre, las FAR-LP manifestaron que el Alcalde con licencia de Iguala, José Luis Abarca Velásquez, quien está en calidad de prófugo, arribó al poder “a base de la compra de conciencias con dinero proveniente del narcotráfico, es un secreto a voces que forma parte del cártel de ‘Guerreros Unidos’ a quienes sirve y lava dinero junto con su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, de negro historial en el bajo mundo, ambos responsables de la tortura y asesinato de los dirigentes sociales Arturo Hernández Cardona, Rafael Balderas y Ángel Román de la Unidad Popular de Iguala, así como de Justino Carvajal Salgado, primer síndico procurador de Iguala”.

“Se siente gran pena que el pueblo en general este callado, ¿pero qué podemos esperar de un pueblo atemorizado por la acción del gobierno estatal coludido con la delincuencia organizada?, donde los cuerpos de seguridad encargados de garantizar la seguridad de los ciudadanos han sido reclutados y actúan al servicio de los criminales a la vista de todos, sin embargo los pueblos que siempre hemos luchado, debemos sacar a relucir nuestra forma de pensar y defendernos, si es con las armas adelante, puesto que es la única vía que se le está dejado al pueblo indefenso”, dijo el movimiento armado.

Las FAR-LP externaron su apoyo y pésame a los familiares de los normalistas fallecidos hace una semana como consecuencia de un ataque perpetrado por agentes municipales de Iguala. “Lo que pasó es algo que nos ofende a todos”, expresó el movimiento.

“A todos nuestros hermanos de lucha, preparémonos para pasar de la defensiva estratégica a la ofensiva generalizada contra el Estado; saben cuáles son los medios para ponernos de acuerdo; no dejemos pasar esto, nuestros hermanos muertos no se lo merecen, es hora de poner en práctica la máxima de Patria o Muerte. Al pueblo que nos apoya en nuestro andar y en nuestro accionar queremos decirle que todo lo que hacemos es por ellos y más tarde que nunca lograremos derrocar a este gobierno espurio”, concluyó el comunicado.

Foto: Antonio Cruz, SinEmbargo
“Nosotros no tenemos nada que ver con eso”, aseguró la UPOEG. Foto: Antonio Cruz, SinEmbargo

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