Ciudad de México, 10 de abril (SinEmbargo).– Perla Gómez Gallardo, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), exigió al gobierno de Miguel Ángel Mancera Espinosa la reparación integral del daño a las personas cuyos derechos fueron violentados durante las manifestaciones y disturbios del 1 de diciembre de 2012.
Por su parte, Rita Emilia Neri Moctezuma, Obed Palagot Echeverría y Ana Lilia Yepes Cancino, en representación de las víctimas del Movimiento 1DMX, expusieron su descontento y malestar por los mínimos avances en la atención a la Recomendación emitida por la CDHDF por prácticamente todas las autoridades señaladas como responsables.
Al dar a conocer el Informe Especial sobre el Impacto Psicosocial en las Víctimas de los acontecimientos del 1 de Diciembre de 2012, Gómez Gallardo recordó que hace un año, la CDHDF emitió la recomendación 7/2013 contra la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Gobierno y del Tribunal Superior de Justicia, todas instancias del Distrito Federal.
“Preocupa que a la fecha de emisión de este informe no ha habido una respuesta concreta por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y de Gobierno, para llevar a cabo la indemnización recomendada por la Comisión por las violaciones a los derechos a la libertad e integridad personales de las víctimas”, dijo la ombudsman capitalina.
Horas después, el Secretario de Gobierno, Héctor Serrano, dijo a la prensa que la recomendación fue aceptada en su totalidad y aseguró que la administración capitalina cumplirá con la petición de resarcir el daño a las víctimas.
“El Gobierno del DF reitera su compromiso con la garantía, respeto, promoción y protección de los derechos humanos, y en atención a las conclusiones de este informe, habremos de crear un plan integral de reparación del daño por las violaciones a derechos humanos acreditadas por la Comisión de Derechos Humanos”, comentó.
Y agregó: “Son indemnizaciones básicamente. El programa será consensuado con la misma Comisión en donde se determine cuál será la indemnización y el monto a cubrir en cada uno de los casos específicos”.
Al presentar el informe, la titular de la CDHDF precisó que las autoridades deberán considerar el daño material como el inmaterial y establecer un pago monetario y proporcional que sin resultar excesivo, signifique una verdadera y justa compensación que incluya todas las costas y gastos erogados por las víctimas y su defensa.
Exhortó a Mancera Espinosa girar instrucciones para que se anulen los registros penales, administrativos y judiciales de aquellas personas que han sido exoneradas, esto atendiendo a una medida de restitución que se propone en el propio documento.
Gómez Gallardo explicó que la parte más sensible es la de los procesos judiciales, tanto de quienes están en libertad pero sujetos a proceso, como de quienes esperan aún sus resoluciones judiciales, por lo que reiteró a las autoridades la necesidad de que no haya apelaciones por parte de la PGJDF, en los casos donde se vayan generando las sentencias absolutorias y en aquellos otros donde se tengan que llevar todavía defensa legal, que se eliminen todos los obstáculos de hecho y de derecho por parte de las autoridades para asegurar el acceso a la justicia.
Comentó que es fundamental el hecho de que la Subsecretaría del Sistema Penitenciario no reciba a personas detenidas en los centros de reclusión, si su remisión no va acompañada materialmente de la consignación correspondiente.
Además pidió garantizar la no repetición de la irregular actuación de autoridades en estos eventos y la realización de una investigación a fondo, con sanciones tanto a elementos operativos como a quienes ordenaron la actuación de sus subordinados; lo anterior, como una forma de enfrentar la lucha contra la impunidad en las violaciones a los derechos humanos y para asegurar que hechos semejantes no vuelvan a repetirse.
Al tomar la palabra, Rita Emilia Neri comentó que es tiempo de que el gobierno capitalino deje de reprimir a quienes hacen uso del derecho de la protesta social. “Ya basta de represiones por hacer uso del derecho de la protesta social y que termine la violencia contra la sociedad por parte del gobierno local, nos han exhibido como delincuentes, aún con pruebas de que tenían a la gente equivocada”, comentó.
En tanto, Obed Palagot Echeverría denunció que no hay una verdadera disposición de cambiar la visión de autoridades en materia de preservación de los derechos humanos.
“Seguimos viviendo un tortuoso camino tanto los que ya salimos, como los que enfrentan el proceso en detención. Hay muchas violaciones, no vemos una verdadera disposición de cambiar la visión de autoridades en materia de preservación de los derechos humanos”, afirmó.
Por su parte, Ana Lilia Yepes dijo que ellos no buscan ser ex presos, sino que se aclara este caso “porque todos, desde autoridades hasta medios de comunicación han manipulado y estigmatizado a quienes hacemos uso de nuestro derecho constitucional a manifestarnos”.
