Ciudad de México, 10 de diciembre (SinEmbargo).– Las mujeres en México son agredidas en el seno familiar por los esposos, novios y hasta por los hijos y están denunciado; sin embargo, de nada les sirve porque las autoridades se quedan de brazos cruzados y no sólo no emiten medidas de protección, sino que ni siquiera llevan un registro de las denuncias.
De acuerdo con el Informe Avances y Retrocesos en la Protección de las Mujeres Víctimas de la Violencia Familiar 2012–2013, sólo en la mitad del país se denunciaron 104 mil 470 hechos de violencia familiar en un año.
“Las mujeres van a las autoridades a plantear los hechos: atacadas por los esposos, ex esposos, los novios, hasta los propios hijos y la autoridad no protege a las mujeres. Esto es alarmante”, dijo María de la Luz Estrada, coordinadora ejecutivo del Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio (OCNF).
María de la Luz explicó que las autoridades no sólo no protegen a la mujer que acude a denunciar una agresión en el seno familiar, sino que no emiten medidas de protección adecuadas y no registra información.
La directora recordó que la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) demostró que –a nivel nacional– 46.10 por ciento de mujeres sufrió algún tipo de violencia a lo largo de la relación con su última pareja, ya sea violencia física, sexual, emocional o económica.
A pesar de la estadística, María de la Luz explicó que las autoridades no sólo no protegen a la mujer que acude a denunciar una agresión en el seno familiar, sino que no emiten medidas de protección adecuadas y no registran información.
El total de las denuncias corresponde a 16 estados que contestaron solicitudes de información; en éstos se emitieron 29 mil 776 órdenes de protección, el 91 por ciento de ellas en Veracruz, Distrito Federal, Campeche y Chiapas.
El 68 por ciento de estas medidas fueron de carácter urgente, pero sólo con una acción de protección.
Según el Observatorio, la autoridad prohibió al agresor acercarse al domicilio y lugares que frecuenta la víctimas y en algunos casos rondines policiacos por no más de 72 horas, lo cual es insuficiente para evitar una agresión mayor a la mujer que denuncia.
La directora del OCNF indicó que cuando una mujer es víctima de violencia física, sexual, psicológica, las autoridades están obligadas a brindarle protección y seguridad; sin embargo –de acuerdo con el Observatorio– las autoridades no cumplen con su deber de proteger a las mujeres víctimas de violencia, que acuden a denunciar ante un Ministerio Público.
La organización estableció que las órdenes de protección deben emitirse de manera inmediata con el fin de proteger la vida, integridad y seguridad de las mujeres víctimas de violencia, con la finalidad de prevenir delitos como la privación de la libertad o el feminicidio.
En Campeche, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, y Veracruz se detectaron avances en materia de órdenes de protección cuando se denuncia violencia familiar.
Pero en Aguascalientes, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Sinaloa, Tlaxcala y Guerrero hubo un retroceso.
El informe expone: “Preocupa que las juezas y jueces, autoridades principales encargadas de la emisión de las órdenes de protección de carácter civil, sigan sin responsabilizarse de proteger la vida y seguridad de las mujeres ya que únicamente emitieron 179 órdenes en los 16 estados analizados”.
NO HAY INFORMACIÓN NI REGISTROS
María de la Luz Estrada afirmó que uno de los problemas más graves es que las entidades no registran ni documentan las agresiones en contra de la mujer en el ramo familiar.
“El Estado de México dice que no tiene base de datos, es absurdo cuando sus propias legislaciones locales les obligan a tener datos. No sistematizan la información y no otorgan órdenes de protección”, dijo.
La experta en violencia de género explicó que para poder evaluar la situación de las mujeres en el país, se requiere de información.
“Debe haber un registro, porque es lo que permite saber y evaluar si se hace bien o mal”, detalló.
En el caso del Estado de México no es la primera vez que contesta que no cuenta con información desagregada, hace unas semanas Stephanie Brewer, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Centro Prodh), informó que mientras que el Distrito Federal tiene 367 denuncias de tortura en contra de mujeres en entre 2005 y 2012, el Edomex no cuenta con una sola, porque no desglosa este tipo de información.
Brewer comentó que se solicitó información sobre las denuncias de mujeres en torno a la tortura a todas las procuradurías de los estados y a las comisiones de derechos humanos y varios contestaron que no cuentan con una sola denuncia.
Campeche, Durango, Hidalgo, Jalisco y Nuevo León contestaron que no cuentan con denuncias de mujeres alrededor de la tortura, y el Estado de México informó que no desglosa las denuncias en torno al género.
En cuanto al DF, de acuerdo con datos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), entre 2005 y 2012 se registraron 367 denuncias.
Para el Observatorio, la mayoría de las entidades no cuenta con un método que permita determinar a la autoridad el riesgo en el que se encuentra la víctima, y la forma en que evalúan el riesgo es a partir de interpretaciones subjetivas y discriminatorias, o de los dictámenes y peritajes que solicitan que ponen en riesgo la vida y seguridad de las mujeres que denuncian y solicitan auxilio.
“Los estados de Morelos, Estado de México, y Tlaxcala reconocieron que de enero de 2012 a diciembre de 2013, no emitieron ninguna orden de protección. Esta omisión es grave debido a que en el informe anterior estos estados mencionaron lo mismo”, plantea el informe.
El documento del Observatorio detalló que el Estado de México, por ejemplo, respondió que no está obligado a sistematizar la información que se le pide.
“El Poder Judicial refuerza esta justificación y agrega que sus archivos están abiertos para ser revisados, y no emite medidas bajo las órdenes de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de México, ni cumple con la obligatoriedad de tener un banco de datos de órdenes de protección”.
El Observatorio concluyó que las autoridades no cumplen y además, se niegan a “dar la cara” y a cumplir con sus obligaciones establecidas en sus marcos normativos estatales, y en las leyes nacionales e internacionales.
Incluso, dijo María de la Luz, el Banco Nacional de Violencia contra la Mujer a nivel federal, no cuenta con datos fidedignos sobre las medidas de protección, por ejemplo.
Para la investigación se le solicitó información de cuántas medias de protección generaron los estados entre 2012 y 2013 y contestó que ninguna.
“Es un banco de datos que va a generar los diagnósticos para saber qué está generando la situación de violencia en el país y ningún estado tiene órdenes de protección, si no fuera por las investigaciones que hacemos, no sabríamos lo que está pasando”, finalizó.
