Ciudad de México, 12 de marzo (SinEmbargo).– La iniciativa de Ley General de Aguas, aprobada en comisiones de la Cámara de Diputados, pretende no sólo excluir la opinión de expertos en el tema, sino además condiciona la investigación científica del vital líquido en el país, acusaron miembros de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS), integrada por expertos de distintas casas de estudio.
Expertos de diversas áreas y universidades explicaron que no fueron llamados para opinar sobre la ley, la cual estipula que deben pedir permiso a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para estudiar el agua. La comunidad científica prevé que el organismo le impida cualquier tipo de estudio.
“De los efectos contrarios, que quisiera destacar, es que a la academia se le va a pedir un permiso para el monitoreo y estudio del agua. Eso, lo que condiciona, es qué tipos de estudios se van a permitir, cuáles no se van a permitir. A eso se van a enfrentar las universidades y académicos; pero, ¿qué pasa en el caso de las comunidades que también hacen estudios de monitoreo de autogestión?”, cuestionó el doctor Omar Arellano Aguilar, académico del Departamento de Ecología y Recursos Naturales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
“Una gran parte de científicos del país ha expresado su preocupación. Nosotros también estamos preocupados desde la UCCS, por eso pedimos que se abrá el debate. Muchos colegas han alertado que esta ley no es la que requiere el país”, agregó.
El Artículo 147 de la Ley General de Aguas estipula que “los interesados en realizar obras de exploración, estudio, monitoreo, reinyección y remediación en acuíferos sobreyacentes y subyacentes o en bienes nacionales a que se refiere esta Ley deben solicitar permiso a la Comisión [Conagua] en los términos que establezca el Reglamento, así como los criterios técnicos y ambientales que determine la autoridad competente”.
“Se limita incluso el hecho de investigar si un río está contaminado”, destacó Arellano Aguilar.
Representantes de la academia aseguraron que el dictamen “no reúne la esencia del Artículo 4º Constitucional y de tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, por ello no sólo cuestionan cada uno de los artículos, sino que se oponen “rotundamente” a toda la Ley.
OTRA LEY FAST TRACK
El doctor Arellano y los investigadores Fernando Córdova Tapia, Shanty Daniela Acosta Sinencio, todos miembros de la UCCS informaron que los legisladores aplazaron la discusión del dictamen de la Ley General de Aguas para explicar las dudas, pero “nosotros no necesitamos que nos expliquen, la entendemos por completo y desde la academia la rechazamos como está. Necesitamos una ley nueva donde exista el debate y la discusión”, dijeron.
“Todo lo quieren aprobar fast track, por eso no dan pie a que organizaciones o expertos comenten, analicen. Necesitamos que se haga con más tiempo. Partimos de la idea que necesitamos una nueva ley e incluir a más organizaciones y opiniones”, expresó el biólogo Fernando Córdova.
Grupos civiles como la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Coalición Agua Para Todos recolectaron 11 mil 502 firmas de profesores, estudiantes, científicos, amas de casa, y demás interesados, que mostraron su preocupación ante el Dictamen por el que se expide la Ley General de Aguas.
Entre las principales demandas está que la Cámara de Diputados y el Senado habrán un debate público en el que se expongan las posturas de los investigadores de la ciencia, la biología, antropología, sociología, y la sociedad en general para que el país, dijeron, tenga una ley a la altura de las circunstancias para el futuro, inmediato y largo plazo.
“En seis días recolectamos más de 11 mil 500 firmas, en un primer momento registramos el interés de académicos y estudiantes, pero luego nos fuimos dando cuenta que amas de casa, trabajadores independientes y personas de sectores alejados comenzaron a participar. Con esto creemos que la sociedad está preocupada por esta ley y pide que se habrá el debate”, dijo Omar Arellano.
Los firmantes destacaron que se promueve la privatización del agua al considerarla un bien económico, por tanto discrimina y priva derechos humanos a sectores desfavorecidos, promueve el desplazamiento de personas y la muerte de ríos.
Por su parte, Elena Burns, integrante de la organización Agua Para Todos, aseguró que los diputados crearon una ley que intenta favorecer el consumo de agua al mejor postor.
“No es nada nuevo. El año pasado Miguel Ángel Mancera [el Jefe de Gobierno de la capital] propuso una ley exactamente igual, pero la frenamos y ahora, desde la sociedad, tenemos la capacidad de proponer la ley que México necesita. Porque aquí quieren imponer el consumo de 50 litros por persona cuando muchas personas no tienen el dinero para pagarlo, entonces lo que quieren es dar el agua al mejor postor”, dijo la activista.
Julio César Cervantes, de la Central Campesina Cardenista (CCC), informó que la Ley de Aguas podría afectar aún más el campo mexicano y sobre todo a pequeños productores.
“La Conagua y la Sagarpa [Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación] van a aprobar quién y cuánta agua van a distribuir. Todos deben presentar un proyecto para que se les otorgue agua. Entonces, le van a dar mayor agua a las grandes empresas porque van a distribuir mayor cantidad de alimentos, pero a los pequeños productores que trabajan con sistema de riego no. Se les estará quitándo su derecho al agua”, afirmó.
La investigadora Shanty Daniela Acosta aseguró que la ley que se propone beneficia al sector minero, industrial y favorece a los megaproyectos por encima de la población.
“Se vulnera a toda la población en general porque se favorece a los megaproyectos. Tendrán toda la prioridad proyectos como fracking, como minas, como hidroeléctricas, sin tanto trámite. De pronto, los que frenamos estos trámites somos la sociedad civil porque la Conagua facilita”, aseveró Acosta.
Cordova dijo que “el que ahora se intente legalizar el despojo del agua no significa que los problemas de desabasto se vayan a termina, se van a acrecentar por que se le va a dar más poder y preferencia a la explotación privada que a las comunidades. Entonces va a haber más problemas sociales por el conflicto del agua”, atestó.
La Unión de Científicos Comprometidos adelantó que ya tiene una contrapropuesta a la Ley que se discute, en la cual participaron 450 expertos y 30 organizaciones, y la harán llegar al legislativo. En tanto, lo que demandan es abrir un foro para exponer sus propuestas y enriquecer la ley.
En tanto, el día de ayer las comisiones unidas de Agua Potable y Saneamiento, y la de Recursos Hidráulicos informaron que están abiertas para recibir propuestas para enriquecer el dictamen de la Ley General de Aguas.
