Ciudad de México, 12 de noviembre (SinEmbargo).– Los mexicanos no tienen en ninguno de los tres poderes del Estado representación y el ejemplo más reciente es la negativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para hacer valer el derecho a la consulta popular en torno a la Reforma Energética aprobada en 2013, afirma en un posicionamiento el colectivo El Grito más Fuerte.

“Con esta negativa la Corte y sus ministros le cierran la puerta a millones de ciudadanos que cumplieron todos los requisitos establecidos en la Ley de Consulta Popular, tal y como fue validado por el Congreso de la Unión y por el Instituto Nacional Electoral (INE), para ser consultados sobre un tema de evidente trascendencia para la nación. Con este fallo, los actuales Ministros nos han dicho que los ciudadanos tendremos que conformarnos únicamente con depositar un voto en las elecciones”, dice el colectivo.

De acuerdo con el posicionamiento el fallo de la Corte significa un “desprecio al pueblo y a la ciudadanía”.

Para el actor Daniel Giménez Cacho, miembro del colectivo, se trata de la cancelación de la representación del pueblo mexicano a través de los poderes. El Ejecutivo, Legislativo y Judicial no trabajaban para los mexicanos, sino para intereses particulares, afirmó.

“Todos los organismos reguladores están sometidos. El pueblo está sólo, sí, además estamos hablando de que se respeten nuestros derechos consagrados en la Constitución y no tenemos quien lo haga. Las Cámaras no lo hacen, las puertas están cerradas”, dijo en entrevista a SinEmbargo.

Giménez Cacho indicó que la decisión de la Corte, pone en entredicho su imparcialidad, pues defiende los intereses del gobierno y no de la población.

“Lo que percibimos es que la autoridad está al servicio de intereses partidarios. Estamos llegando a un nivel de simulación muy grande, la sensación y los hechos nos demuestran que los poderes no nos representan y están sometidos a la Reforma Energética, en particular a la iniciativa de [Enrique] Peña Nieto”, dijo.

El actor agregó que a la población le queda la movilización y el apoyo a las personas que serán directamente afectadas en sus propiedades cuando se trate de un proyecto de hidrocarburos.

El lunes la organización internacional Greenpeace denunció ayer que los decretos que reforman varios reglamentos ambientales, el llamado “Paquete Verde” que publicó el Presidente Enrique Peña Nieto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) hace una semana, le resta el derecho a la consulta a las comunidades sobre proyectos de hidrocarburos y convierte al Estado en un intermediario de las empresas trasnacionales.

Peña Nieto publicó el Reglamento de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, la cual se reduce a una “ventanilla única” que constituye una legislación ambiental “light” y a modo para los empresarios del sector de hidrocarburos.

“La Agencia se construye a modo para desmantelar todo el entramado de Semarnat [Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales] y la Profepa [Procuraduría Federal de Protección al Ambiente], que relativamente funcionaba porque había un área especializada y mayor capacidad, ahora se inventaron una Semarnat chiquita, una agencia única, quitándole la capacidad al Estado para facilitar la llegada de la inversión”, dijo Alberto Rojas Rueda, Enlace Legislativo de Greenpeace.

Rojas explicó que se verán afectadas zonas donde hoy se realizan actividades agropecuarias, ganaderas, cinegéticas, vinícolas y hasta áreas nacionales protegidas. Todas están en la mira de los grandes proyectos de hidrocarburos tanto en suelo como en agua.

Al suprimirse el Ordenamiento Ecológico Territorial, que establece que para cualquier mega proyecto debe realizarse una consulta previa a las comunidades, se le quita por completo esa posibilidad a las dueños de las tierras en México, cuando se trate de proyectos energéticos.

“Ahora existe un ordenamiento que prohíbe que en determinado lugar se haga un pozo, la Agencia dirá: ‘se cambia el reglamento, porque ahora sí se va a poder’. El Estado se está convirtiendo en el intermediario de las empresas”, detalló el experto.

Giménez Cacho indicó que los actores y artistas que integran el colectivo seguirán luchando por otras vías ciudadanas en contra de la simulación del sistema político mexicano.

Posicionamiento íntegro:

GASOLINA AL FUEGO

Pronunciamiento del Colectivo El Grito más Fuerte con respecto a la negativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a validar la Consulta Popular en materia Energética.   

La SCJN ha decidido negar a los ciudadanos el derecho a la consulta popular en materia energética. La máxima autoridad del Poder Judicial decidió no hacer valer este Derecho Humano establecido en el Art. 35 fracc. VII y tampoco observó lo que le marca el primer artículo de nuestra Constitución en materia de derechos humanos: 

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.”

Desde que a mediados de 2013 Peña Nieto presentó la Iniciativa de Reforma Energética,  en el Grito Más Fuerte nos avocamos a impulsar nuestro legitimo derecho a la consulta. Reunimos firmas, organizamos conciertos, foros, conferencias de prensa, interpelamos a Senadores, entre otros esfuerzos de movilización por lo que consideramos tendría que ser un significativo avance de nuestra débil democracia. En todas estas actividades nos encontramos con el apoyo de amplios miembros de la comunidad artística de todo el país y de diversas organizaciones sociales y no gubernamentales quienes están convencidos que la sociedad tiene que ser consultada sobre su futuro.

Con esta negativa la Corte y sus Ministros le cierra la puerta a millones de ciudadanos que cumplieron todos los requisitos establecidos en la Ley de Consulta Popular, tal y como fue validado por el Congreso de la Unión y por el Instituto Nacional Electoral, para ser consultados sobre un tema de evidente trascendencia para la nación. Con este fallo, los actuales Ministros nos han dicho que los ciudadanos tendremos que conformarnos únicamente con depositar un voto en las elecciones. Estos ministros tienen una visión muy limitada de la democracia, estos ministros de la SCJN no han defendido nuestro derecho, estos ministros no nos respetan. Con este fallo, un nuevo acercamiento ciudadano a las instituciones del estado se topa, una vez más, con pared y desprecio al pueblo y la ciudadanía.

La SCJN argumenta que el asunto energético no puede consultarse pues se trata de un tema de ingresos y gastos y que asi lo establece el Artículo 35. Esta interpretación es discutible. Lo que el Artículo en cuestión restringe es que se someta a consulta el presupuesto de la federación y para zanjar esta ambigüedad está el Artículo Primero, que establece la más amplia defensa de los derechos humanos, entre los que se encuentra sin duda el  de ser consultados. Entonces ¿qué temas si pueden ser consultados?¿Es que acaso hay algún tema de trascendencia que no tenga que ver con ingresos y gastos? ? ¿Para qué está entonces ese artículo en la Constitución? ¿Para qué sirve el Artículo Primero? ¿Tenemos entonces un artículo sobre consultas populares cuya misión es evitarlas? 

El Fallo de la Suprema Corte es particularmente preocupante en momentos en los que las condiciones de corrupción política, violencia e impunidad, urgen a la existencia de mecanismos con los que las y los ciudadanos decidan sobre los asuntos del país. 

Estamos siendo víctimas de un gobierno penetrado por los intereses colonialistas y por el crimen  organizado, un sistema judicial corrompido, un congreso sometido, una red de impunidad que paraliza la aplicación de la ley y un discurso oficial demagógico sobre la democracia. 

El sistema político y de gobierno ha podido seguir avanzando hasta hoy gracias a los altos niveles de simulación en que opera, gracias al sometimiento de los organismos reguladores, gracias al negocio de la impunidad. Sin embargo la violencia y el caos han estallado de tal forma que la simulación ya solo sirve para añadir gasolina al fuego. Seguir simulando que vivimos en un estado de derecho es negar la realidad y negar la realidad no es el camino para resolver esta crisis tan profunda.

Más allá de argucias legaloides, no hace falta ser jurista ni constitucionalista para poder comprender por qué la SCJN nos negó la consulta: el proyecto privatizador del presidente es el más importante y millonario de toda su gestión y diversas encuestas han evidenciado que la mayoría de los mexicanos está en contra de la reforma energética. Haber permitido una consulta hubiera sin duda revertido el proyecto de Peña.

Así como este gobierno encarcela a los líderes sociales que disienten, así la SCJN encierra a los ciudadanos y cancela la democracia directa. Así se ahonda la brecha entre autoridad y ciudadanía. Así se cancela la labor política. Así se polariza el ánimo y frente a las puertas cerradas se escuchan voces que proponen destruirlas. Nosotros pensamos que esas puertas deben abrirse, nosotros creemos en la democracia, la justicia y la paz.

Señores ministros, Señor Presidente, Señores congresistas: Sigan simulando que aplican lo que establece la constitución, sigan simulando que vivimos en una democracia, sigan simulando que legislan para el pueblo. Sigan añadiendo gasolina al fuego. Nosotros seguiremos luchando y gritando junto con las comunidades artísticas, las organizaciones sociales, las y los normalistas, las organizaciones de Derechos Humanos, junto a los pueblos que defienden sus bienes naturales, contra toda su simulación. Nosotros seguiremos luchando porque se respete la constitución, nosotros seguiremos luchando por la democracia, seguiremos luchando por un país donde quepamos todos.

ATENTAMENTE

Colectivo

EL GRITO MAS FUERTE