El titular de la CNDH dijo durante una reunión de trabajo con el Senado que ellos tiene documentado e investigan un sexto camión involucrado en el caso Iguala.

Ciudad de México, 13 de octubre (SinEmbargo).- El titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, dijo hoy a senadores que ese organismo investiga un sexto autobús involucrado en el caso Iguala.

Este día durante una reunión con la Comisión de Derechos Humanos del Senado, el Ombudsman nacional sostuvo que la CNDH tienen como línea de investigación un sexto autobús involucrado en los hechos de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, cuando tres normalistas perdieron la vida y otros 43 fueron desaparecidos.

González Pérez destacó que “un punto que ha sido controversial” en el caso es respecto del quinto camión, que de acuerdo al informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-CIDH), fue tomado por 14 normalistas y vaciado a punta de balazos por la Policía Federal (PF) a la altura del Palacio de Justicia, en la salida Iguala-Chilpancingo, que fue omitido en el expediente de la Procuraduría General de la República (PGR). Y luego desapareció del informe oficial que se ha bautizado como “verdad histórica”. Ese camión, dice el informe de los expertos, pudo contener droga o dinero ilícito.

“Bueno, ahí, déjenme decirles, el GIEI habla de 5 camiones. Nosotros, y ahí está documentado y dimos esta información, hablamos de 6 camiones y estamos desarrollando esa línea de investigación y vamos muy avanzados”, dijo el titular de la CNDH.

Durante la reunión de trabajo celebrada esta tarde, la Senadora Layda Sansores cuestionó al titular de la CNDH sobre la negativa del Secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda, de que los militares del 27 Batallón de Iguala sean entrevistados por el GIEI.

Recordó que el organismo ha exhortado al Gobierno federal a que el diálogo permita arribar a soluciones, “que permitan avanzar en la investigación”.

“Si se observa en las 26 observaciones que hicimos a la PGR, nosotros señalamos, en uno de los puntos, precisamente que tenía que llamarse a ampliar sus declaraciones a algunos elementos policiales y a algunos elementos de las fuerzas armadas, así como tomar testimonios por primera vez, de algunos otros elementos”, abundó Luis González.

Precisó que la CNDH acudió “a través del órgano correspondiente y nosotros tenemos nuestra propia línea en ese sentido y estamos recabando información de la Secretaría de la Defensa Nacional”.

Con respecto a las 26 observaciones que la CNDH hizo a la PGR, contenidas en el documento denominado “Estado de la investigación del caso Iguala”, el Ombudsman nacional informó que “dicha dependencia remitió en días pasado al organismo nacional […] un informe en el que se pronunciaba respecto de la atención que habría dado a los señalamientos que se le formularon”.

“Una vez que se analizó minuciosamente el contenido del informe remitido, así como de las constancias que se acompañaron al mismo, el día de hoy la Comisión Nacional dio respuesta a la PGR, y a partir de mañana se llevarán a cabo una serie de reuniones de trabajo con dicha dependencia para revisar observación por observación las insuficiencias que presenta a la atención dada a las mismas, y posterior a ello se darán a conocer públicamente”, adelantó.

SE SUPO DE BASURERO DE COCULA POR LLAMADA ANÓNIMA

Una llamada anónima fue la que llevó a la fiscalía mexicana a investigar en el basurero del municipio de Cocula, donde según la versión oficial fueron asesinados e incinerados los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala.

Una constancia ministerial incluida en el expediente del caso, publicado el pasado domingo, apunta que la llamada fue recibida a las 23:15 hora local del 26 de octubre de 2014 por una agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la unidad de investigación de secuestro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido).

En la llamada, una persona “del sexo masculino” y de “aproximadamente 45 años” que no manifestó “por seguridad” ningún “dato sobre su identidad” aseguró que los estudiantes “ya estaban muertos” y que “sus restos los habían tirado en el lugar conocido como el basurero de Cocula”.

Esto fue “todo lo que manifestó” tras colgar “de manera inmediata el auricular, sin que esta autoridad ministerial pudiera hacer preguntas al respecto”, agrega el documento.

Después de recibir esta llamada, se llevó a cabo una orden de diligencias para averiguar la veracidad de lo declarado, por lo que un equipo de peritos oficiales y del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) acudieron al lugar a recoger evidencias el 27 de octubre.

Allí permanecieron hasta el 6 de noviembre recolectando pruebas, que se presentan fotografiadas en el expediente, entre ellas numerosos casquillos de bala y restos óseos calcinados, que se detallan en un acta.

En la misma se menciona que acudieron al basurero dos de los detenidos como presuntos autores materiales de la desaparición, Jonathan Osorio Cortés y Agustín García Reyes.

En una comparecencia el 7 de noviembre pasado, el entonces fiscal, Jesús Murillo, explicó que gracias al testimonio y reconstrucción de los hechos de estos detenidos y otro identificado como Patricio Reyes Landa fue posible encontrar las bolsas con restos humanos en el cercano río San Juan.

De ellas se extrajo el resto óseo de la única persona que ha sido identificada hasta el momento por un laboratorio de Innsbruck (Austria), el joven Alexander Mora.

Murillo, quien no hizo referencia a llamada anónima alguna, explicó entonces que gracias a estos testimonios y a las evidencias encontradas se daba por demostrado que los 43 estudiantes habían sido quemados en dicho basurero.

Sin embargo, esta versión ha sido cuestionada por organismos como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), cuyo Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) denunció irregularidades en la investigación.

El experto en incendios José Torero, quien realizó un peritaje a petición del GIEI, concluyó que no hay evidencias que apoyen la hipótesis de que los jóvenes fueron incinerados en ese basurero.

La evidencia recolectada muestra que “el mínimo incendio necesario para la cremación de estos cuerpos no pudo haberse dado” en el basurero de Cocula, ni siquiera para la incineración de uno solo de ellos, indicó.

El pasado domingo se dio cumplimiento al anuncio de la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez, y se divulgó la versión pública de la averiguación previa, compuesta por alrededor de 54 mil hojas divididas en 85 tomos y 13 anexos.

-Con información de Efe