Campos de exterminio. Pueblos tomados por comandos armados. Persecución y violencia. Mujeres, hombres, niños y niñas destinados a lo mismo: la muerte. La total ausencia de cualquier agente de estado. Ahí reina el terror. La supervivencia es algo cotidiano. La descripción no corresponde algún paraje lejano en Afganistán. Es mucho más cerca. Mucho más, es México “En el desamparo”.

Es en México. Sí, nuestro país (Tamaulipas, Coahuila, Morelos, Michoacán, Veracruz, entre otros) se ha convertido en el repositorio de historias desgarradoras basadas en una narrativa de dolor, violencia, desamparo. El estado mexicano ha perdido territorio y con ello fuerza para mandar e imponer el estado de derecho. La democracia es una fachada tirana para lo que se comete detrás de sus telones. Las historias de los pobladores confirman que el orden que viven es impuesto por otros ajenos al estado. Y parece que la sociedad nacional está cómoda con eso. Dolida, sí, pero cómoda ante las escenas de dolor en todos los rincones del país. La dicotomía entre: está lejos pero al mismo tiempo demasiado cerca.

Hace unos días se presentó el informe “En el desamparo”, coordinado por el investigador, escritor y periodista Sergio Aguayo. Investigado por Jacobo Dayán, Delia Sánchez del Angel y Manuel Pérez Aguirre. Realizado por El Colegio de México y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Un trabajo indispensable para nuestros tiempos. Un intento de acortar el camino para llegar a la verdad. Un ejemplo de cómo la sociedad civil es el motor para mover instituciones que parecen más guaridas de burócratas que herramientas eficaces para transformar nuestra realidad. Me refiero a la CEAV. Un documento que busca, a través del análisis de la información en poder de las instituciones, recrear los hechos para conocer los hechos. Conocer es el primer paso para la verdad. Y ésta es la ante sala de la no repetición. Es posible concluir del informe que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), bajo la dirección de Raúl Plasencia, volteó para el otro lado mientras se masacraban personas en el norte. Su omisión debería llevar una responsabilidad penal. Sin embargo, la CEAV, también sale mal parada por su ausencia de atención a cientos de víctimas. Todo parecería indicar que sus problemas internos que arrastra desde hace meses son prioridad y no las víctimas.

La masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas. La persecución y asesinato de por lo menos 46 personas del pueblo de Allende, Coahuila, son descritos con claridad por el informe. Leer sus más de doscientas páginas es un encomio a la inutilidad del estado mexicano para garantizar los derechos humanos. Las páginas del estudio se leen de manera fácil siempre y cuando no se reconozca la cercanía y la perseverancia de la incapacidad estatal. Son relatos desgarradores que describen un país a la deriva.

Escenas de horror. Nuestro horror. Escenas que describen la ausencia de investigaciones ministeriales y castigo para los responsables. Al contrario, se describe el control completo del crimen organizado y la imposición de su orden.

En Allende, “las autoridades municipales eran, en el mejor de los casos, figuras decorativas”, se lee en el informe.

El informe es muy claro en cuanto a la complicidad de las policías municipales en el caso de los 72 migrantes que fueron ejecutados en San Fernando por negarse a engrosar las filas de Los Zetas (hablamos de reclutamiento forzoso) o en el caso de las 34 casas y fincas que fueron arrasadas en Allende por las disputas internas al interior de ese grupo delictivo. El secuestro y desaparición de familias enteras incluyó a mujeres y menores de edad que llevaban el apellido Garza. Un genocidio a micro escala.

“En 2010 y 2011, los Zetas tenían a su servicio a los 36 policías de San Fernando y a los 20 de Allende. Sin embargo, los agentes de involucraron de diferente manera con los criminales. Algunos se hicieron entusiastas cómplices; otros pusieron distancia sin confrontar o combatir a los delincuentes”, apunta del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México.

El documento exhibe principalmente las complicidades y debilidades de las autoridades municipales, pero también demuestra omisiones e indiferencia de los gobiernos estatales hacías las víctimas. Investigaciones ministeriales que son abiertas pero jamás cerradas. Sin conclusión. Sin sanción. Ahora sabemos que son meros actos burocráticos y alejados de la búsqueda de justicia. Alcaldes de Allende y San Fernando –ahora sabemos- eran figuras prácticamente decorativas o inexistentes, ninguna autoridad municipal alzó la voz, metió las manos o presentó algún tipo de denuncia para tratar de contrarrestar el control que ejercían “Los Zetas” sobre sus cuerpos policiacos.

El estudio no fue retomado por los medios tradicionales. Su impacto en nuestro ecosistema nacional de medios fue menor. Eso, tampoco, es noticia. Ya podemos reconocer con claridad cuando los medios, por voluntarios o compromiso político-financiero decide borrar de las noticias los hechos que pintan y describen otro México. El que permanece en un abismo interminable de violaciones graves a derechos humanos. Somos un perfecto ejemplo de cómo información de vital relevancia para la democracia es escondida o ignorada.

Lo que no se conoce no se puede componer. La verdad es el elemento esencial para garantizar que en nuestro país dejen de cometerse crímenes de lesa humanidad y que ninguna autoridad asuma su responsabilidad por ellos. “En el desamparo” es un pedazo de verdad. Es un reflejo nítido de la realidad. Tal vez, si lo leemos con cuidado (como deberíamos hacerlo cuando salgan los informes de Tanhuato, Apatizingán, Ayotzinapa, etcétera) podemos asegurarnos de hacerlo mucho mejor. En vez de solamente pedir buenas noticias e imponer una narrativa optimista ante una realidad descrita en el informe de El Colegio de México. Gracias por este informe.

@dariomrs

Darío Ramírez

https://www.sinembargo.mx/author/ramirez

Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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