Si el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se va de México este mes, los padres de los 43 se sentirán “descobijados”, desprotegidos y a merced de lo que el Gobierno federal diga y quiera hacer con ellos, expresaron, luego de que la Comisión Interamericada de Derechos Humanos (CIDH) diera a conocer que no existían las condiciones para que siguieran trabajando.

Marcha de los padres de los 43 normalistas en la Ciudad de México. Foto: Valentina López, SinEmbargo.

Marcha de los padres de los 43 normalistas en la Ciudad de México. Foto: Valentina López, SinEmbargo.

Ciudad de México, 16 de abril (SinEmbargo).– Ante la salida inminente del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del país este 30 de abril, los padres de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, están en desacuerdo con la decisión del Gobierno mexicano de no prorrogar su mandato, debido a que no se ha cumplido el objetivo principal: saber la verdad y encontrar a los estudiantes vivos o muertos.

“Exigimos el respeto de los acuerdos firmados en Washington y el compromiso del Secretario de Gobernación [Miguel Ángel Osorio Chong] con nosotros en Acapulco, en el sentido de que si no había resultados claros al término de este mandato, el mandato se podría extender”, dijo Felipe de la Cruz, vocero de los padres, a SinEmbargo.

De la Cruz agregó que espera que el Gobierno mexicano se “retracte”, pues no se ha logrado saber la verdad sobre lo sucedido con los jóvenes: “Hace mucha falta llegar a ese punto porque no confiamos en el trabajo de la PGR [Procuraduría General de la República], nos van a descobijar”.

Ayer James Cavallaro, presidente de la CIDH, anunció que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI) integrado por cinco expertos, no puede seguir investigando la desaparición de los jóvenes ante la negativa del Gobierno mexicano. Pero anunció que seguirá el caso con un nuevo “mecanismo especial” hasta que se descubra la verdad.

“Lamentamos profundamente que el Estado mexicano haya manifestado su posición de no prorrogar el mandato del grupo y poner fin al acuerdo, a pesar de que los objetivos del mismo permanecen incumplidos, principalmente la ubicación de los desaparecidos”, dijo en una rueda de prensa en Washington.

“Dada la naturaleza del acuerdo de asistencia técnica, en la que es indispensable la anuencia del Estado, la CIDH considera que no están dadas las condiciones para continuar el mandato del Grupo”, dijo.

Los expertos, planteó el vocero de los padres, deben quedarse en el país porque aún no se han agotado todas las líneas de investigación, como la que dio a conocer el jueves la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que involucra a policías municipales de Huitzuco y a policías federales. De acuerdo con un testigo los estudiantes fueron llevados rumbo a Huitzuco en donde serían entregados a un presunto líder criminal llamado “El Patrón”

“Ratifica lo que hemos dicho, de que la línea del basurero de Cocula no es la única y que hay muchas que se tienen que agotar. Con el informe de la CNDH se ratifica la línea de investigación de Huitzuco. Es importante saber quién es ‘El Patrón’ y saber qué paso en realidad. Con la coadyuvancia de los expertos creemos que los resultados nos darían la satisfacción de saber la verdad”, expuso Felipe de la Cruz.

James Cavallaro anunció que existe la posibilidad de que los expertos continúen brindando asesoría a la CIDH una vez que se establezca el mecanismo de seguimiento porque “conocen muy bien el caso”. Y sostuvo que se garantizará seguridad y bienestar a sus beneficiarios, “aquí no hay abandono de ninguna manera”, reiteró.

El presidente de la CIDH precisó que el GIEI no ha terminado su trabajo en México, porque no ha encontrado la verdad, sin embargo destacó que el Grupo “ha contribuido y ha desmentido ‘la verdad histórica’”.

EL GOBIERNO YA NO QUIERE QUE SE INVESTIGUE MÁS

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Rafael López Catarino, padre del normalista desaparecido Julio César López, dijo que la salida de los expertos del caso significa que el Gobierno mexicano “ya no quiere que se sigan descubriendo cosas, porque no investiga nada, al Gobierno le conviene que la gente ya no diga nada”.

“A nosotros nos gustaría que se quedaran, así van saliendo más cosas. Según hay otra ruta, la de Huitzuco, que desde un principio se supo, cuando los padres dieron la declaración, ahí está asentada en el expediente, que fueron unas patrullas de Huitzuco, hasta los números dimos, pero no se pusieron a investigar por ahí, hasta ahora. Nosotros queremos que los expertos se queden hasta que se aclare todo, no queremos que les pase a otros padres”, indicó.

López Catarino no descartó que “El Patrón” al que se refiere el testigo de la CNDH sea un político, porque “todo está revuelto”. Agregó que sin la ayuda del GIEI, los padres de los 43 desaparecidos se quedarán desamparados y hasta con temor.

“Si los sacan ellos, nos vamos a quedar desamparados. Nosotros estamos pensando que ellos se van y nosotros nos vamos a quedar sin ayuda, porque el Gobierno como es, puede hacernos daños a cualquier padre de familia”, dijo.

Clemente Rodríguez Moreno, padre del normalista Cristián Alfonso Rodríguez, lamentó que los expertos independientes hayan encontrado obstáculos para hacer su trabajo.

“Hay muchas conclusiones que los expertos no han definido, las líneas de investigación todavía quedan inconclusas. Hay muchas líneas que no se concluyeron, que deberían ir lo expertos a buscar, pero la PGR no los dejó trabajar como debería de ser, si los hubieran dejado trabajar, ellos hubieran terminado su trabajo. La PGR les colocaba una barrera porque se basa en una sola postura: que los quemaron en el basurero de Cocula y eso no es cierto, porque con pruebas los expertos demostraron que no están muertos, ni vivos. No sabemos a dónde se los llevaron y qué les hicieron. Sabemos que está inmiscuido el 27 Batallón”, explicó.

En cuanto a la hipótesis presentada por la CNDH, que plante la participación de policías municipales de Huitzuco en el “Puente del Chipote”, ubicado frente al Palacio de Justicia de Iguala, agregó que esa línea fue descubierta por los expertos y que los padres ya sabían que había un testigo: “un militar que andaba vestido de civil y que presenció todo. Nosotros queremos que se queden hasta que se aclare todo”.

La posible identidad del testigo es un rumor, aclaró, que desde hace tiempo se maneja.

Organizaciones de defensa de los derechos humanos con Amnistía Internacional (AI) se han pronunciado sobre la nueva línea de investigación que presentó la CNDH.

En un comunicado de prensa la organización dijo que la información difundida por la CNDH “sobre la posible participación de la policía municipal de Huitzuco y de dos agentes de la policía federal en la desaparición de los estudiantes normalistas  fortalece una línea de investigación señalada por el GIEI hace 10 meses”, lo que significa que la investigación de la PGR no se ha realizado con la debida diligencia, “orientada a la determinación de la verdad y al acceso a la justicia”.

“La importante información dada a conocer por la CNDH muestra que la investigación debe seguir avanzando y para ello es prudente que el Estado mexicano tome en  cuenta, con seriedad, las aportaciones y recomendaciones del GIEI”, destacó Perseo Quiroz, director Ejecutivo de Amnistía Internacional.