El pasado viernes un Tribunal federal absolvió y dictó libertad para tres militares presos por el caso Tlatlaya, quienes eran los últimos detenidos por la presunta ejecución extraoficial de civiles en junio de 2014 en una bodega de ese municipio. La PGR informó que la decisión se dio debido a la “falta de elementos para procesar” a los tres presuntos responsables. Dijo que el Ministerio Público no puede impugnar el fallo, pero sí aportar nuevas pruebas.
Ciudad de México, 16 de mayo (SinEmbargo).- Clara Gómez González, la mujer testigo del caso Tlatlaya y madre de una las jóvenes asesinadas, dijo temer por su seguridad y por su vida luego de que tres militares fueron absueltos y liberados el pasado viernes, quienes habían sido encarcelados por los delitos de homicidio y alteración de los hechos.
Clara Gómez, en entrevista con Radio Fórmula, dijo tener “un poco de temor de que estén libres los militares”, ante la posibilidad de que puedan tomar represalias en su contra, incluso pese a que cuenta con medidas cautelares ordenadas por al Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
El pasado viernes, se dio a conocer que un Tribunal federal absolvió y dictó libertad para tres militares presos por el caso Tlatlaya, quienes eran los últimos detenidos por la presunta ejecución extraoficial de civiles en junio de 2014 en una bodega de ese municipio.
El magistrado titular del Sexto Tribunal Unitario Penal de Toluca, Adalid Ambriz Landa, determinó que no hay pruebas para juzgar a los inculpados por los delitos por los que fueron apresados. Con este fallo los oficiales Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides recuperaron su libertad.
Por su parte, la PGR informó que la decisión del Tribunal fue debido a la “falta de elementos para procesar” a los tres presuntos responsables. Dijo que aunque el Ministerio Público no puede impugnar el fallo, el Magistrado estableció que el auto de libertad fue dictado “sin perjuicio de que el Fiscal de la Federación aporte pruebas legalmente suficientes para reunir los requisitos legales para la emisión de un auto de formal prisión por este delito o uno diverso en torno al homicidio de referencia”.
Este día, Clara Gómez reiteró que ella fue testigo de que las personas que perdieron la vida en Tlatlaya se rindieron ante la llegada del Ejército, sin embargo, fueron ejecutados. “Yo lo que vi fue eso, que los estuvieron ejecutando. La mayoría se había rendido”, dijo.
Sostuvo que al ser detenida también fue víctima de tortura, y recordó que fue obligada a firmar una confesión que no conoció tanto en la procuraduría del Estado de México, como el Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República (PGR).
Por su parte, el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Mario Patrón, sostuvo que “estamos frente a un caso totalmente pendiente, Tlatlaya ha sido como justicia a medias”. Destacó que el caso a regresado de “nueva cuenta a la arena de la PGR”.
Alertó que “si estos hechos quedan en la impunidad se abre la posibilidad para que ocurran otros más”.
