México amanece sin Fiscal General –una figura clave del Sistema Nacional Anticorrupción- y sin Procurador General de la República. Mientras, se mantiene como el país más corrupto de América Latina, según el indicador Latinobarómetro. Raúl Cervantes Andrade decidió renunciar a la Procuraduría General de la República después de un año de gestión durante el cual, cinco Gobernadores de su partido, el PRI, emprendieron la huida, mientras que se iniciaron averiguaciones en contra de miembros del Gabinete federal.

Su trayectoria fue marcada por la opacidad tanto de su fortuna como de su desempeño, así como un embrollo político por esa aspiración suya que no pudo cumplir de convertirse en Fiscal General. En los 12 meses en la PGR, ganó casi dos millones y medio de pesos; pero en su declaración patrimonial dejó claro que no deseaba hacer públicos sus bienes como tampoco sus posibles conflictos de intereses. Él, quien en su semblanza en el Senado escribió que era miembro del Consejo de Administración de varias empresas que ha asesorado.

Ciudad de México, 17 de octubre (SinEmbargo).– Hace un año, pese a todo, Raúl Cervantes Andrade tenía más que ganar que perder. Frente a sí estaba la oportunidad para despejar la nube de desconfianza que cubría a la Procuraduría General de la República después de la endeble “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero.

Pero un año después, prefirió dimitir. Y esos 12 meses, en los que fue Procurador, bastaron para dejar una trayectoria en la que se impuso la opacidad tanto de su gestión como de su fortuna, así como un embrollo político por esa aspiración suya de convertirse en Fiscal General que desembocó en un Sistema Nacional Anticorrupción incompleto, sin el pilar fundamental.

Hoy, México, que en días recientes apareció hundido en el Índice de Transparencia Internacional como el más corrupto de América Latina, amanece sin Fiscal porque los partidos políticos no aceptaron a Cervantes Andrade; pero también sin Procurador.

En las manos de quien ayer renunció cayó la crisis detonada por la corrupción de los ex Gobernadores y otras figuras de alto cargo de su partido, el Revolucionario Institucional (PRI). Y él, como fumarolas, los dejó escapar.

Durante cuatro años, varias Organizaciones no Gubernamentales pugnaron por la construcción de un Sistema Nacional Anticorrupción, un edificio legal que tenía como pilares a siete instituciones –entre ellas la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República- destinado a combatir una lacra que le cuesta a México casi el 10 por ciento del Producto Interno Bruto, según el Consejo Coordinador Empresarial.

Cervantes Andrade, Doctor en Derecho por la Universidad Panamericana –la misma donde estudió Enrique Peña Nieto– y quien fungió como abogado nacional del PRI con cinco de sus dirigentes, fue propuesto para el principal cargo de la Procuraduría por el Presidente de la República. El 26 de octubre, el pleno del Senado ratificó su nombramiento, así como su licencia para dejar la curul en esa cámara, con 81 votos a favor, tres en contra y una abstención.

Llegó para sustituir a Arely Gómez, quien siempre mostró un perfil más técnico que político. Gómez se fue a la Secretaría de la Función Pública, un cargo que permaneció vacante desde que Virgilio Andrade Martínez lo dejara el 18 de julio de 2016. El encargo que había tenido Andrade Martínez fue investigar si el Presidente y el entonces Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, habían incurrido en conflicto de intereses al adquirir mansiones con un crédito otorgado por el Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa Cantú, contratista millonario del Gobierno. Su resolución, muy cuestionada, fue que no hubo práctica anómala.

En el movimiento de fichas, a Andrade Cervantes le tocó el trabajo más arduo: la PGR, el eje por el que han pasado todos los conflictos de justicia ocurridos desde que en diciembre de 2012 arrancó el peñanietismo. Las tragedias de Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanhuato y Nochixtlán se encuentran en gruesos expedientes en esta instancia. La fuga del ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte –ya detenido- también es una carpeta ahí. Los presuntos sobornos a Emilio Lozoya Austin, ex Director de Petróleos Mexicanos por la empresa brasileña Oderbrecht, integran una averiguación previa. El socavón de diez metros que se abrió en el paso exprés de Morelos y que implicó a Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes, también.

De la posición ya había caído Jesús Murillo Karam, al presentar una “verdad histórica” endeble sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, un episodio que convirtió a la PGR en una de las instituciones con menor credibilidad, según todas las encuestas de percepción, en casi un sepulcro político, mientras que el grito de “Nos faltan 43” reventaba en las calles.

Ahí llegó Raúl Cervantes, el hombre que había sido diputado en dos ocasiones y hasta el día de su nombramiento fue Senador. El que había contendido para integrarse como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero que tuvo que declinar luego de que ciudadanos recabaran firmas para evitar que personas ligadas a partidos políticos ocuparan una silla en la Corte.

Y, como en otros nombramientos, en la propuesta del Presidente no pesó que Cervantes Andrade fuera primo de Humberto Castillejos, ex asesor jurídico de la Presidencia y quien también asesoró al ex Procurador Eduardo Medina Mora, quien desde 2014 es Ministro de la SCJN. Tampoco su lazo parental con Alfredo Castillo Cervantes, quien fue comisionado para la paz en Michoacán después de haber ocupado varios cargos, y ahora es Director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

Raúl Cervantes en una imagen de julio de 2012, cuando fungía como defensor jurídico de la campaña de Enrique Peña Nieto. En esa ocasión asistió a la PGR para presentar una demanda contra las imputaciones del PAN y PRD sobre un presunto lavado de dinero utilizado en esa campaña presidencial del PRI. Foto: Cuartoscuro

¿QUÉ GANÓ CERVANTES ANDRADE?

En su año de gestión, el ex Procurador asentó en su declaración patrimonial que no estaba de acuerdo en hacer públicos sus bienes patrimoniales ni sus posibles conflictos de intereses. La publicidad de la declaración patrimonial era una de las propuestas para cimentar al Sistema Nacional Anticorrupción, pero el Presidente Enrique Peña Nieto vetó la Ley respectiva.

Después de una campaña de difusión de meses, organizaciones de la sociedad civil recabaron 634 mil firmas para que la bautizada “Ley 3de3” fuera aprobada. Pero no pasó. La madrugada del 15 de junio de 2016, la discusión en el Senado se centró en si las tres declaraciones debían ser públicas. Luego, el PRI y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) colocaron en el dictamen aprobado la acotación de que las declaraciones patrimonial y de intereses debían ser públicas sólo cuando no afectaran “la vida privada”.

Y al final, sólo se le hizo una adenda al artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y no sólo quedó a voluntad de los funcionarios si publican o no sus fortunas, la de impuestos quedó fuera.

De modo que, en este escenario, Raúl Cervantes puede irse sin decirle a los ciudadanos si su fortuna creció o se achicó mientras fue servidor público. El Portal de Obligaciones y Transparencia informa que el Procurador mexicano tiene al mes como salario bruto, 205 mil 122 pesos. Así que este año, Cervantes Andrade percibió dos millones 461 mil 464 pesos.

En cuanto a sus posibles conflictos de interés, por la semblanza que aceptó publicar en la página institucional del Senado de la República, es posible saber que fue abogado de empresas en los sectores de autotransporte, aviación, telecomunicaciones, energía, satélites, ferrocarriles y medio ambiente. Él mismo lo dice en dicho documento. En algunas empresas de esos sectores es miembro del Consejo de Administración.

El 18 de julio, el Presidente promulgó el marco normativo del SNA. La Secretaría de la Función Pública (SFP) y la PGR adquirieron mayores atribuciones para desmantelar redes de cómplices y castigar el peculado, el abuso de autoridad, los llamados “moches” y la colusión de intereses, entre otros delitos de daño a la Nación.

Si bien estaba llamado a esclarecer escándalos de corrupción, él mismo protagonizó uno. Una investigación periodística de Claudio González Caraza, de Mexicanos contra la Corrupción reveló que adueñaba un auto Ferrari 458 Coupé de 8 cilindros, modelo 2011, que fue facturado en 3 millones 890 mil 932 pesos en Morelos, entidad donde no se paga el impuesto de la tenencia.

Juan Silva Meza, entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Ricardo Anaya, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; Raúl Cervantes Andrade, Senador del PRI en funciones, y Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, en el Primer Informe de Gobierno de EPN. Foto: Cuartoscuro

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Cuando asumió como Procurador tenía 53 años de edad y el peso de la acusación de su ex esposa, Angélica Fuentes Téllez quien en un programa de radio había declarado: “Duré un año de casada. Me divorcié porque me golpeó. Por ahí alguien me dijo un día: “Te pegó”. Y le dije: “No, no me pegó, me golpeó”. Los golpes se quedan marcados en el físico” –reveló la empresaria de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Pero nada parecía perturbarlo con gravedad.

Aquel día de su nombramiento, en el Senado, Cervantes Ahumada escuchó de la Senadora por el Partido de la Revolución Democrática, Angélica de la Peña: “¿El nombramiento suyo es como Procurador General de la República o ya camina usted hacia ser el nuevo Fiscal General de la República?”

No negó su pretensión. “Sí, vengo, y lo dice ese comunicado, y se los digo abiertamente, y lo he verbalizado todo el tiempo: en breve generar una ley que tenga la potencia, la credibilidad y funcionalidad de lo que necesita México para ejercer la acción penal, y que el transitorio habilitaría que fuera yo Procurador que pasaría a la Fiscalía”.

Luego, quien duraría sólo un año en el cargo, señaló la urgencia de aprobar las leyes faltantes para convertir a la PGR en la Fiscalía General, así como el artículo transitorio que lo convertiría a él en titular de la Fiscalía.

Pero pronto, lo bautizaron “Fiscal carnal” por su cercanía con el Presidente. Y ya no pudo deshacerse del epíteto. El PRD, PAN y el mismo PRI votaron en contra del pase automático para que el Procurador se convirtiera en Fiscal general y permaneciera nueve años más en el cargo.

El tiempo corría en contra. El Sistema Nacional Anticorrupción, cuyas leyes había promulgado un año antes el Jefe del Ejecutivo, debía estar listo el 19 de julio. Y su avance se entrampaba por el pendiente del Fiscal. No iba a ser Cervantes Andrade, pero entonces, ¿quién? La fecha llegó y el sistema tuvo que nacer sin fiscal.

El cáncer avanzó, se reprodujo y sus metástasis brotaron en los tres niveles de Gobierno; pero también en los empresarios y los ciudadanos. En 2016, a la pregunta si respecto a hace un sexenio, el país era menos, más o igual de corrupto, las respuestas de más pasaron de 36 a 50 por ciento entre diciembre y marzo, según la encuesta GEA-ISA. Por su parte, la segunda edición del estudio México: Anatomía de la Corrupción, presentado en octubre 2016 por el Instituto Mexicano de la Competitividad y la organización Mexicanos contra la Corrupción, indicó que la mexicana era en su conjunto una sociedad que estaba dispuesta a incurrir en corrupción “si de ella obtiene un beneficio personal”.

En octubre de este año, México se convirtió en el país más corrupto de América Latina según encuestas ordenadas por Transparencia Internacional.

El diseño del SNA tomó cuatro años. En un proceso sin precedentes, Gobierno y organizaciones civiles debatieron para agrupar y alinear a siete instancias gubernamentales en el combate a la corrupción bajo una sola política. Pero se entramparon en el nombramiento del Fiscal.

La figura es tan fuerte que está dotada de facultades para no sólo ir en contra de personajes; sino para desarticular redes. ¿Quién y cuándo se decidirá? No hay fecha para ello. El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, dijo ayer en el Foro “Impulsando a México”, organizado por el diario El Financiero que la dimisión de Cervantes Andrade dificultará que el Senado nombre Fiscal General. Planteó que quizá, “el tema se tenga que dejar hasta pasada la elección de 2018”.

“Creo que la definición de un Fiscal o un Procurador idóneo, con credenciales para desempeñar esa responsabilidad no puede estar secuestrada por la efervescencia política. Creo que difícilmente estaríamos en condiciones, creo yo que el Senado, a quien le corresponde el nombramiento, no tendrá condiciones para definir a un Fiscal y a lo mejor tendríamos que esperar a que ocurra la elección de julio del próximo año para que entonces se decante un poco la efervescencia”, dijo Peña Nieto.

Será entonces, quizá, cuando se pueda ver a los ojos al monstruo de la corrupción. Por lo pronto, México amanece sin Procurador ni Fiscal que procure justicia.

Octubre de 2016. Entre abrazos, Raúl Cervantes se despide de su coordinador Emilio Gamboa Patrón tras solicitar licencia para para poder ser candidato a Procurador General de la República. Foto: Cuartoscuro