Ciudad de México, 16 de marzo (SinEmbargo).– El camino de la transparencia en México está forjándose y los encargados de ejercerla no ayudan a cimentarla, pues en sus respuestas parecen desincentivar a la ciudadanía que busca respuestas serias de parte de las instituciones gubernamentales, consideró el experto Ernesto Villanueva Villanueva, al referirse a una solicitud de información realizada por SinEmbargo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) sobre los contratos realizados con Grupo Higa durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), de la cual se obtuvo respuesta sobre “Shiga S”, una compañía que ni siquiera existe.
Para Villanueva Villanueva, quien es integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), esta práctica, basada en una supuesta errata, puede ser legal, pero de ninguna manera se justifica ante la necesidad abrir más espacios a la rendición de cuentas y la claridad que demandan los ciudadanos. “Con un error se pretende desincentivar que la sociedad busque datos y encuentre, a satisfacción, la respuesta a sus dudas”.
Grupo Higa es propiedad del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, que guarda estrecha relación con funcionarios y gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Presidente Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con la investigación realizada por el equipo de reporteros de Aristegui Noticias, Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera Hurtado, y los hijos de cada uno, vivían en una casa ubicada en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. La casa valuada en 86 millones de pesos, es propiedad de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, que pertenece a Grupo Higa.
Este hecho provocó un escándalo que dañó la credibilidad del gobierno peñista y sacó al debate público los conflictos de interés del actual gobierno con la empresa de Hinojosa Cantú, a la que días antes había otorgado la licitación del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro y que horas después canceló para, de acuerdo con la versión oficial, dar más claridad al proceso.
En el documento de respuesta a la solicitud de información de este diario digital, emitido por la Subsecretaría de Transporte y dirigido al Licenciado Juan Carlos Acevedo Lomas, se lee Higa, aunque en la segunda cuartilla, en una captura de pantalla, la Dirección de Informática y Capacitación muestra una ventana que dice: “El nombre Shiga S no existe”.
En el mismo documento, se muestra otra captura de pantalla de un buscador del Sistema Institucional de Autotransporte Federal, en el que la búsqueda sí se realizó por Higa sin tener existencia de contratos.
La respuesta de la solicitud, después de la búsqueda de información en la que no se hallaron registros del permisionario Higa… ni Shiga, cierra el documento con “saludos cordiales” de Tanya Pantoja Villegas, quien de acuerdo con el Directorio de Servidores Públicos del Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) es personal de confianza que ocupa el cargo de Directora de Verificaciones y Sanciones.
Para el experto en transparencia y rendición de cuentas Ernesto Villanueva un hecho como este se traduce en una estrategia de opacidad para desanimar a los solicitantes de información, además de ser una muestra de la “gran imaginación” que tienen las autoridades mexicanas para entregar información.
“La solicitud fue clara y no deja espacio a la duda, no es confusa […] y debe tener una respuesta de enseñar la cantidad de contratos que hubo o que no hubo”, expuso el académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
El especialista concluye en que “la ley ofrece eso, de hacer como que entendieron algo distinto y obligar al solicitante a poner otra vez una solicitud de información, o bien a un recurso de revisión para prolongar el tiempo que el usuario tiene para solicitar información. Te dicen que te la van a dar, pero no que será dos meses después, pidiendo disculpas por haberse equivocado”.
INFORMACIÓN DE HIGA, PÚBLICA HASTA 2025
De acuerdo con información publicada ayer por el diario Reforma, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) otorgó un contrato a Concretos y Obra Civil del Pacífico, filial de Grupo Higa, por un monto de mil 332 millones de pesos, para ampliar de dos a cuatro carriles en un tramo de la autopista Guadalajara-Colima. Sin embargo, el contrato fue considerado como “reservado” hasta el año 2025.
Dicho contrato fue celebrado en junio de 2013, por el entonces Director de Banobras, Alfredo del Mazo Maza, primo de Peña Nieto, a través del área fiduciaria, y adjudicó el contrato de mil 332 millones de pesos, IVA incluido, a Concretos y Obra Civil del Pacífico. El medio capitalino consultó a Banobras, que señaló que la información es reservada “por ser propia de operaciones de un fideicomiso, a lo cual se denomina secreto fiduciario”.
El 3 de junio de 2013, Banobras informó al comité técnico del fideicomiso sobre la decisión de contratar a Higa, misma que no fue objetada. El comité, explica Reforma, está integrado por dos representantes de ese banco, como fideicomisario por el crédito mencionado; uno de la SCT, y otro de Banobras, sin voto, como fiduciario y titular de la concesión.
La misma información indica que la ampliación de la autopista tiene que estar terminada el 20 de junio de 2015. Aunque refiere que los ingenieros y arquitectos encargados de la ampliación del tramo carretero de Guadalajara a Colima reconocieron que la obra no estará lista para junio de 2015, sino hasta 2017.
