Veracruz, el Distrito Federal, Chihuahua, Coahuila y Oaxaca son las entidades de la República Mexicana en donde se presentó el mayor número de agresiones en contra de la prensa (periodistas y medios) durante 2011, de acuerdo con el informe “Silencio Forzado. El Estado, cómplice de la violencia contra periodistas en México” presentado esta mañana por la organización internacional Article 19.
“En 2011 las cifras volvieron a elevarse. Durante el año pasado se presentaron 172 agresiones relacionadas con el ejercicio de la libertad de prensa, entre las cuales se encuentran nueve asesinatos contra periodistas, dos asesinatos de trabajadores de medios, dos desapariciones de comunicadores y ocho agresiones con armas de fuego o explosivos contra instalaciones de medios, sólo para hablar de los casos de mayor impacto”, dice Article 19.
“Entre las entidades que presentaron el mayor número de periodistas y medios agredidos se encuentran Veracruz (con 29 agresiones), Distrito Federal (21), Chihuahua (15), Coahuila (15) y Oaxaca (11). El caso de Veracruz merece detenerse en él no sólo porque las agresiones se hayan incrementado 200% respecto del año anterior, sino porque la violencia contra la libertad de expresión se presentó en todas sus facetas”, agrega.
El territorio veracruzano fue escenario de asesinatos y desapariciones de periodistas, agrega, “de ataques violentos contra medios de comunicación, abusos de las autoridades contra reporteros en coberturas y aun de acciones penales emprendidas por el propio gobierno estatal contra la libertad de expresión. El caso presentó tales peculiaridades que permitió a Article 19 advertir una alta incidencia e incorporar a sus categorías de análisis un fenómeno que si bien, puede no ser nuevo, se presentó de manera masiva en la entidad durante el pasado año: el desplazamiento forzado y la reubicación de informadores en otras entidades, ante el riesgo para su vida y seguridad”.
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INTRODUCCIÓN
México vive una inédita crisis de seguridad pública, que tiene su origen en el crecimiento y expansión de los grupos de la delincuencia organizada, las pugnas cada vez más violentas entre ellos y el rol central que han asumido la policía federal y las fuerzas armadas en la estrategia para enfrentarlos y frenarlos, apoyando y aun desplazando y sustituyendo a los cuerpos policiacos locales.
La dificultad para restablecer las condiciones de seguridad en varias zonas del territorio nacional ha obligado al Gobierno Federal a iniciar operativos coordinados entre Marina, Ejército y Policía Federal, que han implicado el despliegue de unos 49 mil 650 efectivos militares, según datos de la Secretaría de la Defensa Nacional actualizados hasta 2010.
En ese contexto se ha registrado un notable incremento en el número de desplazados —al menos un cuarto de millón desde 2006, según un informe del Centro Internacional de Monitoreo de Desplazados (IDMC, por sus siglas en inglés) — y de violaciones a los derechos humanos. A decir de organizaciones como Human Rights Watch, hablamos de decenas de casos de tortura, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad , de las cuales (cifra reconocida por el Estado mexicano) un total de 6,065 se habrían traducido en quejas en contra de personal militar.
Fenómeno agravado por los problemas de inseguridad que actualmente afectan al país, ARTICLE 19 ha advertido también un incremento preocupante de la violencia contra periodistas y trabajadores de medios.
En los últimos años, el patrón de la violencia contra la prensa ha cambiado sus características. Si en algún momento se habló de comunidades totalmente silenciadas, dado el efecto de las amenazas sobre las empresas periodísticas que se impusieron la autocensura como principal medida de supervivencia, en algunas etapas de esta historia los propios medios le mostraron a los criminales el valor que tienen los espacios periodísticos. Fue entonces que ellos también quisieron entrar y tener voz.
Así transitamos al escenario de los periodistas rehenes, a una nueva época en que garantizar la seguridad de las instalaciones y la integridad de la plantilla laboral pasa por difundir los mensajes que los delincuentes desean transmitir. Todo, ante la ineficacia del Estado para prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones al derecho a la libertad de expresión, lo cual ha motivado el incremento y perpetuado estas violaciones.
El presente informe tiene como fin hacer un recuento de las agresiones contra periodistas y medios de comunicación durante 2011, pero también se propone ser una memoria más amplia de años recientes (especialmente de 2009 a 2011) y ofrecer una lectura de cómo las represalias que tradicionalmente se dirigían contra quien desafiaba a la figura presidencial o cuestionaba la actuación de los encargados de la función pública, se transformaron y escalaron en magnitud y frecuencia, merced al control que las autoridades —las legalmente instituidas y las de facto—, ejercen sobre la información en varias regiones.
De 2009 a 2010, el número total de agresiones presentó una caída que pudo haber sido atribuida ingenuamente a que el problema había venido a la baja o empezaba a resolverse. Sin embargo, el fenómeno no mostró una tendencia sostenida a la baja. En realidad, el alto nivel de violencia empleada por el narcotráfico favoreció durante una época el avance de la autocensura, los vacíos de información en relación con los hechos noticiosos cotidianos, pero particularmente en lo que se refiere a los incidentes que involucran a medios y periodistas.
Aun así, en 2011 las cifras volvieron a elevarse. Durante el año pasado se presentaron 172 agresiones relacionadas con el ejercicio de la libertad de prensa, entre las cuales se encuentran nueve asesinatos contra periodistas, dos asesinatos de trabajadores de medios, dos desapariciones de comunicadores y ocho agresiones con armas de fuego o explosivos contra instalaciones de medios, sólo para hablar de los casos de mayor impacto.
Entre las entidades que presentaron el mayor número de periodistas y medios agredidos se encuentran Veracruz (con 29 agresiones), Distrito Federal (21), Chihuahua (15), Coahuila (15) y Oaxaca (11). El caso de Veracruz merece detenerse en él no sólo porque las agresiones se hayan incrementado 200% respecto del año anterior, sino porque la violencia contra la libertad de expresión se presentó en todas sus facetas.
El territorio veracruzano fue escenario de asesinatos y desapariciones de periodistas; de ataques violentos contra medios de comunicación, abusos de las autoridades contra reporteros en coberturas y aun de acciones penales emprendidas por el propio gobierno estatal contra la libertad de expresión. El caso presentó tales peculiaridades que permitió a ARTICLE 19 advertir una alta incidencia e incorporar a sus categorías de análisis un fenómeno que si bien, puede no ser nuevo, se presentó de manera masiva en la entidad durante el pasado año: el desplazamiento forzado y la reubicación de informadores en otras entidades, ante el riesgo para su vida y seguridad.
Por otro lado, el efecto intimidatorio contra la prensa nacional comenzó a extenderse fuera del país y alcanzar a reporteros que realizaron coberturas en México durante los pasados meses. Agresores sin rostro, pero con evidente interés en frenar la investigación de asuntos en los que la impunidad parece tener su origen en la complicidad de las autoridades —especialmente en el estado de Chihuahua —, enviaron mensajes de amenaza a redacciones de medios en el exterior, los cuales se vieron obligados a replegarse.
El papel de los gobiernos estatales y federal no ha sido el esperado en una crisis como la actual. Abundan los ejemplos sobre la creación de instancias inútiles que carecen de capacidades reales para atender el problema y proteger a quienes ejercen la libertad de expresión desde los medios de comunicación, pero que se presentan como acciones relevantes, para esconder la inoperancia del Estado.
En el mejor de los casos, se ha protegido inadecuadamente a los periodistas en riesgo. En el peor de ellos, son los propios funcionarios encargados de las investigaciones y la procuración de justicia quienes encabezan acciones contra el libre ejercicio periodístico, en muchas ocasiones envileciendo a las víctimas, desestimando la posibilidad de que hayan sido atacadas en razón de su trabajo o acusándolas de delincuentes sin haber iniciado siquiera las indagatorias.
Este informe revisa también el papel de las autoridades en la profundización del problema, particularmente en tres casos paradigmáticos:
La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) que en seis años de existencia ha tenido dos nombres diferentes, cuatro titulares distintos , ha ejercitado acción penal en sólo 27 casos de agresiones a periodistas y conseguido una sola sentencia condenatoria. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), cuyos registros de periodistas asesinados y desaparecidos en razón de su ejercicio, así como de atentados cometidos en contra de instalaciones de medios de comunicación, carecen de criterios claros en su integración, amén de un mínimo de recomendaciones emitidas respecto de casos no resueltos de comunicadores asesinados y desaparecidos, y un presupuesto millonario que no corresponde a sus resultados.
Un mecanismo interinstitucional de protección a periodistas que, con un presupuesto inicial de 25 millones de pesos, supuestamente destinado a ejecutar medidas de protección para comunicadores en riesgo, reporta haber ejercido un porcentaje de menos de 4% en medidas cautelares, logro que se encuentra lejos de parecerse a una política pública en materia de prevención o una estrategia orientada a la erradicación de las agresiones contra los informadores y las informadoras.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Es claro que existe un grave problema de violencia contra las personas que ejercen el periodismo que se ha dejado crecer, mientras se simula combatirlo. A esto se suma la falta de transparencia y claridad en la información alrededor de las capacidades institucionales, los recursos presupuestarios y humanos y las acciones realizadas por las instituciones encargadas de prevenir las agresiones contra periodistas y medios de comunicación.
La transparencia es una herramienta clave para la protección de los derechos de los y las periodistas. Aquí hemos intentado aproximarnos al fenómeno y señalar las responsabilidades de quienes debían haberse encargado de atenderlo hace tiempo. Nuevamente hacemos un llamado al gobierno en sus distintos niveles y órdenes a asumir acciones concretas en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y garantizar el ejercicio de la libertad de expresión.
1 )
Una vez que la reforma constitucional para facultar a las autoridades federales a investigar y juzgar los delitos cometidos contra periodistas en uso de su derecho a la libertad de expresión ha sido aprobado por las cámaras de Diputados y Senadores, las legislaturas de los estados deben aprobar sin demora la propuesta para que ésta entre en vigor. Por su parte, el Congreso debe redactar y aprobar reformas a la legislación secundaria que para armonizarla con la reforma constitucional.
2 )
Es necesario fortalecer a la Fiscalía Especial con un marco jurídico adecuado, otorgándole autonomía, facultades, además de recursos materiales y humanos propios, de manera que pueda ejercer su mandato de investigar. Del mismo modo, debe exigirse a la dependencia cumplir con sus obligaciones de investigar y de transparencia, haciendo públicos sus indicadores de gestión, resultados y actuación.
3 )
Crear de manera urgente un verdadero Mecanismo de Protección para Periodistas, que no signifique la mera formalización de la coordinación entre autoridades para cumplir un mandato que ya tienen vigente. Debe prever una participación efectiva de representantes de la sociedad civil y a los beneficiarios, no como meros espectadores. Hablamos de una instancia con recursos suficientes y personal especializado, capaz de responder a criterios de urgencia y necesidad en la implementación de medidas de protección para comunicadores y comunicadoras en riesgo. Además deben, por supuesto, establecerse mecanismos para poder evaluar el impacto de las acciones.
Debe decirse con toda claridad que ni la exigencia de una Fiscalía o un Mecanismo a nivel federal eximen de responsabilidad a las procuradurías locales en la investigación y esclarecimiento de casos que son de su conocimiento ni a los gobiernos estatales en su obligación de garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.
4 )
En congruencia con criterios internacionales que recomiendan que la protección a la reputación debe sea garantizada sólo a través de sanciones civiles, es necesario que 14 entidades del país deroguen los llamados delitos contra el honor en las figuras de difamación, injurias y calumnia de sus códigos penales u otras leyes, en tanto que inhiben y limitan la libertad de expresión.
5 )
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos debe mostrar una mayor congruencia en la integración de sus expedientes, trabajar en el seguimiento y cumplimiento de medidas cautelares, así como constatar periódicamente el estado que guardan los casos. La emisión de las recomendaciones debe ser su instrumento más contundente para señalar públicamente la responsabilidad del Estado, ya por acción en las violaciones a derechos humanos, por negligencia u omisiones de la autoridad para prevenir, proteger e investigar casos graves como los asesinatos y desapariciones de periodistas que continúan impunes. Es vital la existencia de un Programa de Agravios a Periodistas que efectivamente proteja la integridad y seguridad de periodistas y comunicadores a fin de mitigar la violencia y las agresiones en su contra, que los resultados muestren verdadera eficiencia del uso de los recursos públicos.
6 )
Los gobiernos federal y locales deben trabajar en la capacitación de sus elementos en labores de seguridad a fin de garantizar un trato respetuoso y dar facilidades a los periodistas y a los medios, lo cual incluye capacitar a elementos para ofrecer información o en su caso remitir a los periodistas con la persona responsable de hacerlo. Para ello es necesario el diseño de protocolos de actuación y el establecimiento de responsabilidades claras en la línea de mando.
7 )
Asimismo, tanto el Congreso de la Unión como los congresos locales deben abstenerse de aprobar reformas que criminalicen o limiten la libertad de expresión, así como cualquier medida que violente el derecho al secreto profesional de los y las periodistas.
8 )
En la actual coyuntura recomendamos a funcionarios de distintos órdenes de gobierno, partidos, candidatos y medios públicos a adoptar los principios expresados por los relatores para la libertad de expresión en la Declaración sobre Medios de Comunicación y Elecciones85 .
9 )
Finalmente, es necesario que los medios adopten protocolos de seguridad, inviertan en la capacitación a su personal y establezcan criterios editoriales claros en la cobertura de información delicada sobre violencia y seguridad pública, poniendo énfasis en el respeto a los derechos de víctimas y personas imputadas de delito.
