Ciudad de México, 20 de diciembre (SinEmbargo).- Fue el año en que México entró al tobogán. Los estimados de crecimiento se desplomaron hasta quedar muy por debajo del 3.4% estimado por el gobierno federal. Ahora, algunos creen que 2013 cerrará con crecimiento menor al 1 por ciento.

En las últimas tres décadas, la economía mexicana había crecido a una tasa anual promedio de 2.4%. Pero el PIB de este año quedará al menos un punto por debajo.

A pesar de que el Presidente Enrique Peña Nieto promovió tres reformas relacionadas directamente con la economía: la de Telecomunicaciones, la Hacendaria y la Energética, la opinión generalizada es que el país tuvo un desarrollo mediocre, el pero desde la devaluación de finales de 1994.

Hacienda tuvo que ajustar cuatro veces a la baja el crecimiento de Producto Interno Bruto (PIB). Su primer ajuste pasó de 3.9 a 3.5%, de 3.5 a 1.8% en la segunda ocasión y de 1.8 a 1.7% luego de los efectos meteorológicos de Ingrid y Manuel que ocasionaron daños en 21 estados del país en septiembre pasado.

El 21 de noviembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) volvió a modificar a la baja su pronóstico de crecimiento de 1.7 a 1.3%, ello, luego de que el Instituto de Estadística y Geografía (INEGI) diera a conocer que en el tercer trimestre el PIB creció 1.3 por ciento.

Fernando Aportela, subsecretario de Hacienda, explicó en conferencia de prensa que esta nueva reducción en las expectativas de crecimiento se debió a que se registró una menor actividad económica mundial durante los primeros nueve meses del año, además de una serie de factores transitorios.

Aún así, destacó que, con cifras desestacionalizadas, a nivel trimestral la economía mexicana ha mostrado una recuperación, pues mientras en el segundo tercio de este año hubo una reducción de 0.5%; en el tercero ya se registró un repunte de 0.84 por ciento.

“De esta manera, se revierte la tendencia de desaceleración observada durante el año”, aseguró.

No obstante, meses antes, el titular de la SHCP, Luis Videgaray Caso, había reconocido que la “la economía mexicana no está creciendo a la altura de su potencial, pero sobre todo de lo que tiene que crecer… Venimos de años de crecimiento bajo, francamente mediocre y las cifras que conocemos de cómo está desempeñándose este año 2013 también están por debajo de lo que México necesita crecer… Vamos a tener otro año más de crecimiento claramente insatisfactorio”.

Según previsiones de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), México será este año el segundo país de la región con el crecimiento más bajo, que en promedio será de 2.6%.

LAS REFORMAS

Ninguna de las tres reformas impulsadas por el gobierno federal relacionadas con la economía estuvo libre de críticas: a la de Telecomunicaciones se le criticó duramente por favorecer nuevamente a los llamados actores dominantes y por otro lado, quedaron pendientes las leyes secundarias.

Organizaciones de la sociedad civil reprocharon al Congreso su falta de seriedad para cumplir con este mandato constitucional, pero principalmente, por dejar en el limbo jurídico varias de las normas que harían efectiva la Reforma Constitucional en Telecomunicaciones, aprobada en marzo de este año y que entró en vigor hace seis meses.

“Me parece poco serio que se hayan impuesto ellos mismos un plazo y que ellos mismos decidan que fue corto y que no lo cumplan. Sí había tiempo, tenían que haber puesto un cronograma, tenían que haber liberado la iniciativa del Pacto por México con tiempo, pero decidieron negociar todo al mismo tiempo –las reformas Energética y Política- y la de telecom se quedó como huerfanita”, aseguró en entrevista para SinEmbargo, Irene Levy, presidenta del Observatorio de Telecomunicaciones de México (Observatel).

Los integrantes del Pacto por México se habían comprometido a presentar las iniciativas de reforma a diversas leyes secundarias en materia de Telecomunicaciones, mientras que la mayoría de los diputados y senadores se quedaron sentados en espera de las propuestas.

La iniciativa oficial, nunca se presentó. Los legisladores responsabilizaron a la Presidencia de la República por la omisión.

El Diputado Juan Pablo Adame, de Acción Nacional (PAN), manifestó extrañeza en torno a la incongruencia entre el discurso del gobierno federal y los hechos, “por un lado, se reconoce que se trata de una reforma muy importante, pero por otro se incumple el plazo para aprobar estos cambios legales”.

La Hacendaria fue otra de las reformas económicas de Peña que despertó la crítica generalizada al aumentar impuestos y crear otros nuevos, como en el caso de alimentos para mascotas, que desde 2014 tendrán un Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 16%.

También destaca el impuesto de un peso al litro de refresco, a la comida chatarra y el IVA de 16% al chicle, el transporte terrestre foráneo, el pago de Impuesto Sobre la Renta (ISR) pasar de 30 a 32% para quienes ganen más de 750 mil pesos al año.

Quienes tengan ingresos de más de 1 millón de pesos tendrán que pagar 34% de ISR y para quienes ganen más de 3 millones, el impuesto será de 35%.

También se impuso un gravamen de 10% a las ganancias en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Las ganancias por la explotación minera deberán pagar el 7.5% por ingresos.

Otro de los puntos criticados fue la homologación del IVA en las fronteras, a 16%, que detonó movimientos ciudadanos en oposición a la medida.

Los cambios en el ISR para la industria manufacturera del país y en la deducibilidad de las prestaciones salariales detuvieron 2 mil 700 millones de dólares (mdd) de Inversión Extranjera Directa (IED) en todo el país, según alertaron industriales.

La reforma impulsada principalmente por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), le pegó prácticamente a todos los sectores de la industria de la transformación, debido al cambio de panorama para invertir en el país, dijo Emilio Cadena, CEO de Prodensa.

De acuerdo con el industrial originario de Nuevo León, son 2 mil 700 millones de dólares a nivel nacional y 700 millones de dólares en esa entidad, los que se encuentran detenidos por la nueva Ley de Ingresos de la Federación.

“Definitivamente habrá inversiones que sí se queden al final de toda esta discusión, pero habrá muchas que decidan no llegar a México”, dijo el empresario.

Federico Serrano, presidente de la empresa manufacturera Index Tijuana, indicó que en Baja California, son alrededor de 210 millones de dólares los que están detenidos en la zona de Tijuana, Mexicali y Ensenada.

Estas inversiones estaban proyectadas para llegar a la entidad entre finales de 2013 y principios de 2014.

“Las empresas necesitan certidumbre jurídica y fiscal, porque no vienen a invertir por un año, vienen a invertir por cinco años o más”, dijo el industrial.

LA ENERGÉTICA

La Reforma Energética fue aprobada en lo general y en lo particular en el Senado de la República el 11 de diciembre, luego de más de 18 horas de debate continuo y tras presentarse 200 reservas a 24 artículos del dictamen.

Con esta reforma se aprobaron cambios a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución para abrir el sector a la inversión privada.

La mayoría de los senadores aprobó cambios al artículo 4° transitorio, y definió el esquema de contratación que se turnará a los particulares para explorar y explotar el sector petrolero, que es amplio y en cuatro modalidades: de servicios, de utilidad compartida, de producción compartida, de licencia y/o la combinación de algunos de ellos.

También agrega la frase: “Entre otras [modalidades]“, con lo que se entiende que Petróleos Mexicanos (Pemex) podrá extender estos modelos de contratos con la iniciativa privada nacional y extranjera.

La Reforma Energética es la enmienda constitucional más importante en lo que va del sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto, le da dos años de vida como paraestatales a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a Comisión Federal de Electricidad (CFE), antes de que termine ese plazo, ambas deberán ser transformadas en empresas productivas del Estado.

El Artículo 27 Constitucional modificado por los senadores del Partido de la Revolución Institucional (PRI) y Partido Acción Nacional (PAN) convierte a la Comisión Federal de Electricidad en distribuidor de energía eléctrica y le permite celebrar contratos con empresas particulares.

“Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezca las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica”, se lee en el párrafo sexto.

En materia petrolera refrenda la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos en el subsuelo. No dice nada de ellos una vez que estén fuera. Además establece la diferencia entre asignación de proyectos a Pemex y contratos a empresas privadas.

“Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, propiedad de la Nación, es inalienable e imprescindible y no se otorgarán concesiones. Con el propósito de obtener ingresos que contribuyan al desarrollo de lago plazo de la Nación, ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción mediante a asignaciones de empresas productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares, en los términos de la Ley Reglamentaria”.

Uno de los cambios más relevantes es que se agregó en el Artículo 28 que la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía serán órganos reguladores coordinados. Además, nombra oficialmente Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo al fondo soberano que será administrado por el Banco de México para administrar los recursos derivados de las asignaciones y contratos en materia petrolera.

En el artículo cuarto transitorio se modifica la palabra podrán por deberán ser, en lo referente a las modalidades de contratación, las cuales “deberán ser: entre otras, de servicios, de utilidad o producción compartida, o de licencia, para llevar a cabo, por cuenta de la Nación las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, incluyendo las que puedan realizar las empresas productivas del Estado con particulares”.

Es decir, en la modificación constitucional se rechazan las concesiones, pero en los transitorios se explica que se otorgarán contratos, de servicios, de utilidad, de producción compartida o licencias, y que estas cuatro podrán realizarse forma individual o combinadas.

Otras de las modificaciones importantes se realizó en al artículo décimo cuarto transitorio, en donde se establece la creación de un Fondo Mexicano para el Petróleo que cambia de nombre, pero que también cambia de destinos.

Su nombre oficial será Fondo Mexicano para la Estabilización y el Desarrollo. Se explica que será un fideicomiso en el que el Banco de México fungirá como fiduciario. Éste será encargado de recibir, administrar y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y contratos de los excedentes petroleros, con excepción de los impuestos.

En el adéndum se incluyó que los ingresos se distribuirán para:

1. Realizar los pagos establecidos en dichas asignaciones y contratos.

2. Realizar las transferencias a los Fondos de Estabilización de los Ingresos Petroleros y de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas. Una vez que el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros , o su equivalente, haya alcanzado su límite máximo, los recursos asignados al Fondo se destinará al ahorro de largo plazo mencionado en el numeral 5. Dentro de los ciento veinte días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

Con la reforma, queda establecido que los cinco comisionados del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) ya no tendrán cabida en el Consejo de Administración de Pemex.

A la letra dice: “El Consejo de Administración [de Pemex] se conforme de la siguiente manera: cinco consejeros del Gobierno Federal, incluyendo al Secretario del Ramo en materia de Energía quien lo presidirá y tendrá voto de calidad, y cinco consejeros independientes”.

Asimismo, señala que los directores de los órganos de gobierno “serán nombrados y removidos libremente por el Titular del Ejecutivo Federal, o en su caso, removidos por el Consejo de Administración”.