Ciudad de México, 21 de agosto (SinEmbargo).- Organizaciones civiles que promovieron la demanda para frenar la siembra de maíz transgénico en México, agrupadas en la Colectividad del Maíz, acusaron que la decisión de un Juzgado de Distrito en Materia Civil, de revocar la suspensión de la siembra de maíz genéticamente modificado, estuvo basada en informes de Gobierno sesgados a favor de Monsanto.
Uno de los argumentos principales del Juez Décimo Segundo, Francisco Peñaloza Heras, para desechar la suspensión privilegió un informe técnico, solicitado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), el cual negó que la siembra de transgénicos representara un riesgo para la biodiversidad. Mientras que otros estudios oficiales, concluyen lo contrario.
“Se le pidieron a la Profepa y ésta dijo que no tenía evidencia de que hubiera contaminación de maíces. En cambio, desecharon un estudio que nosotros presentamos en el juicio hecho por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (Inecc)”, dijo René Sánchez Galindo, abogado de la Colectividad, en entrevista con SinEmbargo.
El informe del Inecc abarca datos recopilados del 2004 al 2012, fue publicado en diciembre del 2014 y presentado en el juicio por parte de la Colectividad del Maíz en abril de este año, explicó Sánchez Galindo.
“Es un estudio oficial, conseguido a través de acceso a la información lo convertimos en testimonio, éste habla de 89 casos de transgénicos que están ilegalmente encontrados en maíces nativos, en seis estados del país”, continuó.
Rodrigo Ojeda de Koning, abogado de Monsanto, reconoció que este estudio demuestra la existencia de maíz transgénico en México, “pero no prueba los posibles daños sobre la biodiversidad. Yo te puedo decir que en Colombia todos consumen maíz genéticamente modificado, y no veo que nadie diga nada de la modificación a las arepas. Hay que demostrar que si las pruebas que se presentan prueban lo dicho”.
El encargado del despacho jurídico de la corporación agroquímica sostuvo que la resolución del juez estuvo basada en la ley, ya que no se encontró que la siembra de maíz genéticamente modificada representara algún riesgo a la biodiversidad de maíces orgánicos. En México hay 64 especies, de las cuales 59 son nativas.
Los miembros de la Colectividad del Maíz se enteraron en la madrugada de este miércoles de la resolución, y horas después, a las nueve de la mañana apelaron la decisión.
“La buena noticia es que aún se mantiene suspendida la siembra de maíz transgénico, la mala es que la resolución abrió algunos aspectos que ya se habían quedado resueltos anteriormente”, explicó René Sánchez Galindo.
De acuerdo con Galindo, la demanda que impide la siembra de maíz genéticamente modificado, se basa en la petición de tres declaraciones judiciales.
La primera es que se reconozca que ha habido presencia de maíz transgénico en México; la segunda, que se declare que eso daña los derechos de los mexicanos a mantener la biodiversidad de los maíces mexicanos; y tercero, que se manifieste que a mayor siembra de maíz transgénico mayor será la violación contra este derecho a la biodiversidad. El abogado explicó que la petición de estas tres declaraciones sigue intacta.
Estudios han demostrado que el maíz genéticamente modificado no puede coexistir con el maíz orgánico, sin que se inicie un proceso de polinización en las parcelas que homogenizan los sembradíos, de tal suerte que se pierda la presencia de especies de maíz nativas.
En ese sentido es que la organización pidió que se aplicara una medida precautoria que impidiera la siembra de maíz transgénico, mientras se llevaba el juicio.
“El mejor ejemplo sería un juicio a alguien que puede ser fusilado. Se pide que se suspenda el fusilamiento mientras se lleva el juicio, de lo contrario ya qué sentido tendría que se llevara a acabo”, dijo René Sánchez.
Denuncian, asimismo, que Monsanto pone en duda los numerosos trabajos científicos que alertan de los riesgos a la biodiversidad. Recientemente financió un estudio con investigadores nacionales que aseveraba que sí existe posibilidad de coexistencia entre maíces.
Otro aspecto en el que el Juez Peñaloza se basó para tomar sus decisión -según el grupo civil- fue el argumento de que la medida precautoria al maíz representaba una violación a la ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.
“El Juez dice, si yo lo que hago es emitir una sentencia que dice que no se aplique la ley, entonces, estoy yendo en contra del orden público y del derecho en México”, dijo Ojeda.
Sin embargo, las organizaciones civiles han expuesto en numerosas ocasiones que la suspensión de la siembra de maíz transgénico no es una petición para que no se aplique dicha ley, sino al contrario, una exigencia de que se apliquen las restricciones que la misma incluye, para evitar riesgos a la biodiversidad.
La apelación a la resolución del Juez, abriría un nuevo capítulo de la lucha que han sostenido las organizaciones civiles que integraron una demanda hace dos años contra el maíz transgénico.
La aceptación de la apelación estaría por definirse en los próximos tres días. Mientras tanto la suspensión provisional de los permisos de maíz transgénico se mantiene, y las organizaciones esperan que sea en la siguiente instancia que se conceda una suspensión definitiva.
“Seguramente irá al Segundo Tribunal Unitario, porque de los tres tribunales es el único que no ha actuado como tribunal de amparo, los otros dos ya. Entonces, ya no pueden ser tribunal de apelación”, predijo Galindo.
