Ciudad de México, 22 de abril (SinEmbargo).– El Senador del Partido Revolucionario Institucional, Carlos Romero Deschamps, y líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) fue captado por el diario Reforma cuando ojeaba un catalogo de yates mientras en el Cámara Alta se llevaba a cabo la discusión de la Reforma Anticorrupción.
El reporte del medio recuerda que Romero Deschamp posee un yate, en el cual fue visto llegando a Isla Mujeres, Quintana Roo, en septiembre pasado. “El Indomable”, como ha sido nombrado el vehículo, ha sido valuado en más de 1.5 millones de dólares.
Esta tarde, Romero Deschamps se encuentra entro las 10 temas más mencionados en las redes sociales. La imagen ha sido ampliamente difundida junto a mensajes que cuestionan las “prioridades” del líder petrolero.
El día de ayer, el Senado aprobó con 98 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones, cambios a 14 artículos de la Constitución para crear el Sistema Nacional Anticorrupción.
El Congreso de la Unión tendrá un año como plazo para crear la legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). El reloj empezará su marcha una vez que la mayoría de las legislaturas estatales hayan dado su aval a la reforma constitucional y el Presidente Enrique Peña Nieto la publique en elDiario Oficial de la Federación.
Eso significa que le corresponderá a los diputados electos el próximo 7 de junio y que integrarán la próxima Legislatura, generar las reglas que den viabilidad a la reforma constitucional con el propósito de poner fin a la impunidad en México.
La creación del Sistema Nacional Anticorrupción entraña responsabilidades para el Congreso de la Unión. Deberá expedir dos leyes generales: la relativa al Sistema Nacional Anticorrupción, y la relativa a las responsabilidades administrativas de servidores públicos, así como a las conductas de particulares que se encuentren vinculados con faltas administrativas graves.
Además de la legislación secundaria, deberán reformarse diversas leyes federales, los ordenamientos constitucionales y legales de las entidades federativas, y posteriormente el reglamento de los entes públicos, todo para que en el mediano plazo se puedan diseñar y ejecutar políticas públicas que hagan frente a las conductas de corrupción.
