Ciudad de México, 24 de febrero (SinEmbargo).– El jefe de los elementos de la Policía Federal que detuvieron hace tres meses a Jacqueline Selene Santana López, estudiante universitaria de 22 años, y Bryan Reyes Rodríguez, músico de 28 años, por el supuesto robo de 500 pesos y un presunto ataque con cuchillos, negó haber visto a sus subordinados el día de los hechos y echó para abajo la versión de que una oficial fue amagada.

Pero, aunque los jóvenes llevan tres meses detenidos y las supuestas pruebas se han desplomado, siguen en un penal federal.

De acuerdo con la declaración rendida el pasado 16 de febrero por Marcos Vicente González Monjaraz, director general de Operación e Infiltración del área de Inteligencia de la Policía Federal –de la cual da cuenta la defensa de los jóvenes–, el mando policial nunca entregó un kit a los agentes Lidia Zárate Herrera, José Montiel González y Luis Alberto Castillo Gordillo para resguardar los cuchillos y el papel moneda, que son la única prueba de los agentes para acreditar el delito.

En entrevista telefónica con SinEmbargo, Jorge Miranda, uno de los abogados defensores de Jacqueline y Bryan, refrendó lo que han sostenido desde que los jóvenes fueron detenidos: que se trató de una fabricación del delito, con un objetivo político de desmovilizar y criminalizar a los jóvenes.

Los jóvenes participaban activamente en las distintas manifestaciones por la desaparición de los 43 normalistas el pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero.

“Jurídica y políticamente se está acreditando que se está fabricando el delito de robo”, dijo el abogado, en referencia a las pruebas que se han desahogado y que muestran contradicciones en las declaraciones de los policías que presentaron a los jóvenes, así como el dictamen pericial que señala que en los cuchillos con los que supuestamente los muchachos asaltaron a la policía, no se encontraron huellas dactilares.

“Se procedió a realizar una minuciosa y exhaustiva búsqueda de huellas latentes en: Dos cuchillos, uno con empuñadura envuelta con cinta de aislar negra con la leyenda ‘Ilko Design Stanlees Steel’ y otro con empuñadura envuelta con cinta canela y un billete de la denominación de $500.00 pesos […] después de haber examinado minuciosamente los objetos antes mencionados, no se observaron, ni revelaron huellas latentes”, dice el informe pericial firmado por los especialistas Julio César May Briseño y Vicente Hernández Piña.

Cuestionado sobre el porqué frente a estas pruebas, los jóvenes siguen encarcelados, Miranda explicó que por una parte se debe a que los tiempos procesales son largos. Pero también, dijo, al hecho de que la defensa ha buscado no sólo demostrar que no cometieron el robo que se les imputa, sino también acreditar que se trató de un delito fabricado por una cuestión política.

El día de ayer, el abogado de la pareja, Sergio Soto, informó que promoverán ante el juez de la causa un incidente de libertad por desvanecimiento de datos, pues ya existe un dictamen pericial de la autoridad que demuestra que los jóvenes no manipularon algún cuchillo.

Además denunció que el billete de 500 pesos desapareció, porque el área de depósitos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal depositó el dinero en una cuenta concentrada de 3 mil 700 pesos a nombre del gobierno capitalino.

Mediante un comunicado de prensa, familiares, activistas y defensa legal de los jóvenes denunciaron las inconsistencias entre uno de los uniformados que afirmó haber recibido el kit para el resguardo de los cuchillos de su superior, Marcos Vicente González Monjaraz, director general de Operación e Infiltración del área de Inteligencia de la Policía Federal, y de éste que lo negó.

“Luis Alberto Castillo Gordillo, refirió que dicho Jefe Monjaraz le dio personalmente el kit de embalaje para el resguardo de los cuchillos que supuestamente portaban Bryan Reyes Rodríguez y Jacqueline Selene Sanata López, lo que demuestra la simulación y la fabricación del delito de robo a los estudiantes”, refirió la defensa en comunicado que da cuenta de las declaraciones de los agentes.

En base a las mismas declaraciones contenidas dentro la causa penal, el director general de Operación e Infiltración declaró ante el juez de la causa que nunca tuvo a la vista a sus subordinados, tal y como afirmaron éstos y mucho menos les entregó un kit de embalaje para el resguardo de los cuchillos.

“En la audiencia de fecha 16 de febrero de 2015, el inspector jefe Marcos Vicente González Monjaraz, refirió que la orden para que los elementos de inteligencia se encontraran en las inmediaciones de la Delegación Venustiano Carranza el día 15 de noviembre de 2014, fue precisamente el Licenciado Irving Cejudo Martínez, Director General Adjunto de la Dirección General de Operaciones e Infiltración, y lo más importante, el citado Inspector Jefe Monjaraz, declaró ante el C. Juez de la causa, que nunca tuvo a la vista a los elementos  Lidia Zárate Herrera, José Montiel González y Luis Alberto Castillo Gordillo”.

EL INFIERNO DE JAQUELINE Y BRYAN

El 15 de noviembre de 2014 comenzó para Jacqueline y Bryan un inesperado proceso jurídico, por un hecho que ellos, sus familiares y abogados defensores, consideran una “fabricación” del delito, con el que se habría tratado de encubrir un supuesto intento de secuestro por parte de los policías federales.

“Es prácticamente un infierno”, resumió la madre de Jacqueline, María de la Luz López Pérez. “Porque ella no merece estar ahí”, afirmó en una entrevista realizada por SinEmbargo en enero de este año.

Jacqueline estudia el noveno semestre de la licenciatura en Economía en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es una alumna de excelencia, cuyas calificaciones no bajan de un promedio de 9.2. Su buen desempeño incluso le mereció una beca para irse a Colombia de intercambio académico. Regresó el pasado junio, con una nota en sus estudios de 9.3.

“Es una niña dedicada a estudiar”, relató su madre.

Pero Jacqueline es también una chica a la que le gusta ayudar a los demás, que apoya a la gente y es solidaria con las causas sociales. Apoyó el movimiento estudiantil #YoSoy132 y antes de su detención había participado en las protestas y acciones de apoyo con las familias de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

Ese activismo social es lo que su madre, sus abogados y ella misma han sopesado como la explicación posible ante una detención que se habría hecho ilegal y arbitrariamente, y un proceso jurídico plagado de inconsistencias, según han denunciado los defensores de los jóvenes.

En el caso de Bryan, se suma el hecho de que él fue uno de los detenidos del 1 de diciembre de 2012, durante las protestas por la toma de posesión del Presidente Enrique Peña Nieto. Fue sentenciado a dos años y medio de prisión, pero salió libre bajo caución en diciembre de 2013.

La intención de la detención del 15 de noviembre, consideran, sería criminalizarlos por su activismo, como le ocurrió a al menos una veintena de personas en el Distrito Federal el año pasado, quienes fueron detenidas arbitrariamente al término de las manifestaciones por los normalistas de Ayotzinapa. Todos fueron finalmente liberados, la mayoría absueltos al no poderse probar las acusaciones que se les hacían.

Pero en el caso de Jacqueline y Bryan, su novio, la situación ha sido distinta.

Para empezar porque la pareja no fue detenida en un contexto de movilización, sino cuando salían de casa de Bryan, en la Delegación Venustiano Carranza, rumbo al mercado de La Merced.

Además, quienes los detuvieron no fueron policías auxiliares, sino policías federales vestidos de civil, integrantes de la Coordinación de Operaciones Encubiertas, de la Dirección de Inteligencia de la Policía Federal.

De acuerdo con lo que Jacqueline ha declarado, personas vestidas de civil los detuvieron entre la avenida Francisco del Paso y Troncoso y la avenida Fray Servando, en la colonia Jardín Balbuena de la Delegación Venustiano Carranza.

Según la joven, cuatro mujeres –ninguna con uniforme de policía– le cerraron el paso para detenerla, mientras que unos ocho sujetos, también vestidos como civiles, hacían lo mismo con Bryan.

Él gritó pidiendo auxilio creyendo que los estaban secuestrando. Cuando Jacqueline intentó acercarse a su novio para ayudarle, uno de los hombres que lo retenían la jaló del cabello y le gritó: “¡Quítate perra, que a ti también te va a tocar!”.

Bryan fue subido a la fuerza a un automóvil color blanco modelo Chevy; ella, a un taxi del Distrito Federal, con sus distintivos colores guinda y dorado. A ambos, los encañonaron con armas de fuego, según ha relatado.

Y así, sin identificarse como policías ni mostrarles una orden de aprehensión ni viajar en vehículos oficiales, los agentes los retuvieron, de acuerdo con la versión de Jacqueline. De ahí que ella, su familia y abogados sostengan que se trató de un intento de desaparición forzada.

Si la supuesta operación de desaparición se frustró fue porque un policía preventivo capitalino interceptó a los vehículos en los que los jóvenes eran trasladados. Los policías federales se identificaron y pudieron continuar su camino; pero luego otro agente policial detuvo el taxi donde llevaban a Jacqueline. Nuevamente, los policías federales tuvieron que dar explicaciones sobre quiénes eran.

Identificados, a los policías no les quedó más remedio que justificar la  retención de los jóvenes y remitirlos a la Agencia del Ministerio Público de la Delegación Venustiano Carranza.

Pero al llegar ahí los policías Luis Alberto Castillo Gordillo y José Montiel González ofrecieron una versión totalmente distinta de lo ocurrido, según la cual los dos jóvenes, sendos cuchillos en mano, asaltaron a la policía federal Lidia Zárate Herrera. Los tres agentes están adscritos a la Coordinación de Operaciones Encubiertas, en la División de Inteligencia de la Policía Federal.

Según los policías-testigos, los muchachos robaron a Zárate Herrera 500 pesos.

Los testimonios de Zárate Herrera, Castillo Gordillo y Montiel González, los cuchillos y los 500 pesos son los únicos elementos que sostienen la acusación contra Jacqueline y Bryan, de acuerdo con uno de sus abogados defensores, Jorge Miranda.

La denunciante, Lidia Zárate, confesó que no se percató que sus compañeros hayan hecho alguna revisión a los estudiantes luego de que fuera asaltada, y tampoco ella hizo una revisión personal a los estudiantes, menos se percató quién puso a disposición del fiscal los cuchillos, y el billete de 500 pesos, sin embargo, al llegar a la mesa del Ministerio Público, ya estaban el billete y los cuchillos.

Y la declaración de Luis Alberto Castillo contrasta:

“Procedemos a detener a BRYAN REYES RODRIGUEZ y JAQUELIN SANTANA LO PEZ, a los cuales después de asegurarlos con la fuerza necesaria y hacerles una revisión le encontramos a BRYAN REYES RODRIGUEZ en su mano derecha un cuchillo con mango envuelto con cinta de aislar color negro con la leyenda “Ilko desing stainless Steel” y en la bolsa delantera del lado izquierdo de su pantalón un billete de $500.00 ( quinientos pesos 00/100 m.n.) y a JAQUELINE SANTANA LOPEZ, le encontramos en su ‘mano derecha un cuchillo con el mango envuelto de cinta canela”.

La de Montiel González también afirma que sí fueron cateados los jóvenes:

“Procedemos a detener a BRYAN REYES RODRIGUEZ y JAQUELIN SANTANA LOPEZ, a los cuales después de asegurarlos con la fuerza necesaria y hacerles una revisión le encontramos a BRYAN REYES RODRIGUEZ en su mano derecha un cuchillo con mango envuelto con cinta de aislar color negro con la leyenda”Ilko desing stainless Steel” y en la bolsa delantera del lado izquierdo de su pantalón u~ billete de $500.00 ( quinientos pesos 00/100 m.n.) y a JAQUELlNE SANTANA LOPEZ, le encontramos en su mano derecha un cuchillo con el mango envuelto de cinta canela”.