A menos que la sociedad civil nacional, la academia y los medios de comunicación reaccionen a la brevedad, los partidos políticos harán -como suelen hacerlo- un batidillo con el naciente Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y con la transformación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Fiscalía Autónoma.

Ambos procesos van de la mano y en ambos procesos hay francas intenciones de poner un fiscal anticorrupción y fiscal general a modo y alejar a la sociedad civil de las verdaderas discusiones de cómo construir un sistema anticorrupción y de procuración de justicia autónomo.

Vamos por partes. Hace unas semanas, bajo intensa crítica, Enrique Peña Nieto designó como Procurador al Senador Raúl Cervantes (priista de cepa). El pleno del Senado – es decir, todos los partidos- aprobó la designación sin el menor contratiempo y discusión, a pesar de que existían fundadas dudas sobre la idoneidad de la designación de Cervantes como Procurador. La más aguda crítica sería su cercanía al PRI y al Presidente de la República.

Lo cierto es que el Senado decidió no funcionar como contrapeso democrático y asumió un papel de oficialía de partes. Cuando se le cuestionó, por ejemplo, a Ricardo Anaya sobre porqué el PAN no se opuso, su respuesta fue más que inocua. Lo que apunta a que su nombramiento se calculó desde las más altas élites de la partidocracia mexicana.

Raúl Cervantes no debería ser Procurador. Su filiación partidista levanta demasiadas dudas. Ahora bien, también resulta prácticamente imposible apelar al sentido ético y lograr que Cervantes renuncie. Sin embargo, más allá de su labor como Procurador, la atención tiene que centrarse sobre quién comanda la conformación de la Fiscalía. Obviamente la intención es tener a Cervantes en la caja de bateo para lograr que él sea el próximo (y primer) Fiscal autónomo y cuidar por casi una década las espaldas a la hoy clase política, especialmente al Peña y amigos.

El diseño de la fiscalía autónoma no debe de estar en las manos del hoy Procurador. No tiene porqué ser el diseñador y ejecutor del diseño de una institución de estado tan relevante para el estado de derecho y el combate a la impunidad en nuestro país. El diseño de la fiscalía que queremos debería estar en manos de académicos y expertos en derecho penal que logren una institución con las características necesarias para los serios problemas que afrenta el país. Cervantes no será ese motor de fuerza. La discusión debería ser en el pleno legislativo con una amplia participación de la sociedad civil.

Hace unas semanas el Senado lanzó la convocatoria para ocupar el puesto de Fiscal Anticorrupción, pieza fundamental del nuevo SNA. Treinta y dos personas se inscribieron al proceso de selección. Al revisar los perfiles de algunas personas candidatas se puede concluir que la convocatoria no atrajo a los mejores perfiles. Los perfiles más sonados son: Ximena Puente, Presidenta del INAI quien ha sido criticada porque su candidatura debilita al órgano autónomo, Manuel Hallivis, Presidente del tribunal federal de justicia fiscal y administrativa cuya autonomía estaría en duda, Miguel Sarre, catedrático del ITAM, experto en derechos humanos, cuya autonomía es incuestionable. Sin duda el mejor candidato en la lista. Sería cuestionable la idoneidad de los hoy candidatos al puesto.

Después de un arrastre bárbaro para lograr la llamada “ley 3 de 3”, la sociedad civil deberá retomar fuerzas bajo un mismo objetivo para lograr parar el intento de hacer una simulación de un proceso deliberativo tanto para la fiscalía autónoma como para el fiscal anticorrupción. Hoy la presión de la sociedad civil está dividida. Una corriente busca conciliar con el nuevo Procurador y trabajar con él, mientras la otra cuestiona seriamente los motivos de su nombramiento. Y, al mismo tiempo, poco ruido y atención en la depuración de las 32 personas candidatas.

En otros procesos de designaciones en el Senado, el diseño del proceso ha sido óptimo pero la voluntad política de las fracciones parlamentarias ha estado ausente. Las negociaciones fuera de lo público en muchos casos son las decisiones finales, amén del proceso deliberativo público. Esta es nuestra historia en la gran mayoría de los casos.

Es ahí el gran reto de sociedad civil: ¿Cómo lograr la suficiente presión para que los procesos y nombramientos sean transparentes, fundados y motivados y que sean decisiones de Estado y no con tintes de gobierno o partidistas?

La impunidad y la corrupción en el país demandan acciones mucho más enérgicas por parte de la sociedad civil y verdadera voluntad política de los partidos políticos para poner los cimientos de un verdadero estado de derecho. Cuando vemos (según Sinembargo) que Son siete ex gobernadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y uno del Partido Acción Nacional (PAN), los que enfrentan distintos tipos de acusaciones. Sólo uno está en la cárcel, Guillermo Padrés Elías, ex mandatario de Sonora; otro más está prófugo, Javier Duarte de Ochoa, Gobernador con licencia de Veracruz, y el resto libres. Los ocho tienen en común que aumentaron las deudas de sus estados. La suma de todos los incrementos arroja que son 186 mil 535.7 millones de pesos, cantidad superior al recorte al gasto que hizo para 2017 el Gobierno federal.

Y por el otro lado, son esos mismos partidos los que están a cargo de cambiar el marco normativo para combatir la impunidad y erradicar la corrupción. Podría parecer un mal chiste, pero al final es la realidad con la que tenemos que lidiar. Pero solo que quede claro que le estamos pidiendo al mismo sistema de partidos (que no hace prácticamente nada para combatir la corrupción) que se erija como el gran orquestador del cambio. La avaricia política de las fuerzas políticas se podrá mover siempre y cuando la presión social y mediática sea con una fuerza tenaz. Mientras se encuentre dividida y con una tibia voz, la aplanadora partidista pasará sobre todos y pondrá dos fiscales a modo. Estamos advertidos.

Darío Ramírez

https://www.sinembargo.mx/author/ramirez

Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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