México, 25 Nov (Notimex).- Los priistas tomaron la ofensiva y exigieron a perredistas, petistas, morenos y de Movimiento Ciudadano no lucrar con el dolor de 43 familias y no solapar a sus propios líderes “morales”.

Les dijeron de manera contundente: “Ustedes se los llevaron vivos, ahora ustedes tienen que regresárnoslos también vivos, pues hoy Morena, (Andrés Manuel) López Obrador, (José Luis) Abarca, Lázaro Masón y Ángel Heladio Aguirre son los responsables”.

Durante la sesión de la Cámara de Diputados de este martes hubo una discusión sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero.

Al fijar la postura del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el legislador Leobardo Alcalá recordó que el gobierno “es de ustedes y bajo su tutela estaba la seguridad y la justicia… ¿Por qué ustedes no les preguntan a sus amigos para que les digan dónde están los muchachos?”

Alcalá Padilla fue el último en hablar en el debate de la llamada agenda política, durante el cual los priistas escucharon molestos pero sin contestar, los ataques de la oposición respecto de la desaparición de 43 normalistas en el municipio de Iguala.

Al terminar las expresiones de sus homólogos, Alcalá exigió desde tribuna que “no vengan con discursos incendiarios, provocadores e inadmisibles; no confundan a la población y, sobre todo, no se confundan ustedes mismos: todos queremos justicia, sí, pero la justicia se defiende con la razón y no incitando a las masas a delinquir”.

Es imperdonable que inviten a la gente a la agresión, a mentir cuando saben quiénes son los culpables, a proteger a delincuentes y asesinos, expuso el priista.

También criticó la falta de memoria “de algunos de ustedes y de Andrés Manuel López Obrador. Ahora resulta que tienen amnesia y no se acuerdan que ustedes postularon a los delincuentes, a Abarca y a Aguirre”.

Alcalá Padilla recordó que fue el alcalde José Luis Abarca Velázquez quien ordenó a la Policía Municipal detener “a toda costa” a los normalistas de Ayotzinapa y solicitar, para ello, el apoyo a agentes de seguridad del municipio de Cocula.

La operación fue encabezada por Francisco Salgado Valladares, entonces jefe de la Policía de Iguala y quien de acuerdo con la Procuraduría general de la República (PGR), recibía cada mes 600 mil pesos de manos del narcotráfico.

Detalló además que los estudiantes fueron brutalmente atacados con armas de fuego por policías de Iguala, dando como resultado 25 heridos, seis muertos y la detención de 43 jóvenes, que posteriormente fueron entregados a integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos.

En su discurso dirigido sobre todo a los diputados del Partido de la Revolución Democrática, Alcalá Padilla refirió que en 2011 Abarca se postuló como candidato del PRD a la presidencia municipal de Iguala.

Abarca velázquez recibió el apoyo de la dirigencia nacional perredista y de cuadros locales, así como del propio Lázaro Masón con la venia de López Obrador y de Ángel Heladio Aguirre Rivero, entonces candidato a gobernador.

“Todos queremos justicia, pero ésta se defiende con la razón, no incitando a las masas a delinquir”, insistió el legislador por el estado de Jalisco.

En síntesis mencionó que “el gran levantón de Iguala lo hizo un cuerpo policiaco en funciones y bajo las órdenes de un presidente municipal del PRD, donde otro perredista era gobernador”.

Una vez hecho este señalamiento, el priista instó a generar consensos entre las fracciones parlamentarias, a tener un Congreso de la Unión que genere propuestas permanentemente y, sobre todo, que garantice la paz en el país.

Es necesario debatir, recalcó Leobardo Alcalá, pero ajustado a los temas y no a ocurrencias pues “no se puede secuestrar creyéndose dueño de la verdad”.

A su vez el pevemista Rubén Acosta Montoya pidió civilidad y al diálogo a los integrantes del Congreso y a los grupos que se aprovechan de las circunstancias que vive el país y que, a través de la violencia, contribuyen al desorden y a la tensión.

Consideró que la magnitud de los problemas que enfrenta el país exige la unión y la coordinación de todos los actores que integran al Estado, pues esa situación no es responsabilidad exclusiva del Ejecutivo federal, como se ha manejado.

El diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) señaló que una sociedad dividida es débil y vulnerable ante cualquier problemática que amenace la paz social y el Estado de derecho.

“Una sociedad unida, que actúa en correspondencia a los valores de la democracia y que respeta tanto las leyes como a las instituciones, reduce significativamente la posibilidad de ser penetrada por el vicio y la corrupción”, enfatizó Acosta Montoya.

Sobre el tema también se expresó María Sanjuana Cerda, quien reconoció que el momento que atraviesa el país es difícil, derivado de la crisis de la representatividad política y que se manifiesta en las calles; sin embargo, de ninguna manera se justifica la violencia que atenta contra la paz y el orden social.

La diputada de Nueva Alianza expuso que México no requiere héroes ni víctimas, sino responsabilidad y altura de miras para resolver esta situación de emergencia nacional.

Asimismo pidió reconocer que el actual modelo de representatividad política está agotado, pues se edificó sobre la base de la corrupción política y la impunidad, lo que ofende y agrede a toda la sociedad.

De ahí que sea obligación de los legisladores rechazar cualquier intento de romper con la institucionalidad democrática y poner en riesgo la seguridad de quienes han manifestado su inconformidad.

Cerda Franco hizo un llamado urgente a construir un nuevo pacto social que oriente el rol del Estado para brindar seguridad y bienestar a las y los mexicanos.

En su turno el diputado panista Juan Pablo Adame Alemán urgió a las fracciones en la Cámara de Diputados a aprobar, antes de que termine 2014, la iniciativa para crear el Sistema Nacional Anticorrupción que promueve el PAN, pues “seguimos enredados en un Estado donde domina la ineficiencia”.

Meses atrás México estaba en una etapa reformista y transformadora, construida desde el Congreso; sin embargo, actualmente “es un país donde la inseguridad, el miedo y la indignación social han salido a relucir en las protestas de las calles, donde se demandan cambios en economía, seguridad y corrupción”.

En consecuencia, se pronunció por dar a esta y a las futuras generaciones la esperanza de que México puede ser mejor, donde sus derechos humanos y políticos serán siempre respetados.

“No hay otra oportunidad, la clase política de nuestro país necesita afrontar la crisis con sensibilidad y responsabilidad”, expresó el diputado federal del Partido de Acción Nacional (PAN).

El coordinador de la bancada perredista, Miguel Alonso Raya, consideró a su vez que México vive una profunda crisis social, política y de los derechos humanos.

Así lo expresa el malestar ciudadano acumulado por décadas, resultado del hartazgo por la presencia del crimen organizado, su involucramiento en la política y su penetración en las instituciones, hasta corromperlas.

Esa inconformidad social es resultado también del modelo privatizador que ha incrementado la pobreza en el campo y la ciudad, profundizado las desigualdades, deteriorado el bienestar de la gente y cancelado la esperanza de una vida mejor, sobre todo para los más jóvenes. Vivimos “una crisis de Estado”, aseveró.

El perredista insistió que ante ella, la solución no es la regresión autoritaria, sino la construcción de un Estado democrático, social y de derecho.

Para ello insistió en que la PGR debe dar respuesta pronta, veraz y creíble a las demandas sobre los 43 jóvenes desaparecidos, así como que se avale la creación de una Comisión de la Verdad y que las fuerzas armadas abandonen las tareas de seguridad pública.

En el mismo sentido se expresó Ricardo Monreal Ávila, quien aseguró que México vive “una crisis sistémica” y que hay un duelo causado por el dolor de los 43 normalistas, lo que a su vez detonó un “ya basta”.

Asimismo refirió que hay “un malestar social acumulado durante más de una década de desapariciones forzadas, ejecuciones masivas, fosas clandestinas, desplazamientos colectivos y descomposición nacional”.

Para rescatar al país, el legislador del partido Movimiento Ciudadano manifestó que se requieren transformaciones profundas.

Entre ellas mencionó la conformación de un Constituyente encargado de elaborar una nueva Constitución, que promueva un régimen político parlamentario o semiparlamentario, además de que reconozca y amplíe los derechos humanos de última generación.

Planteó también integrar un capítulo especial anticorrupción, que se reconozca el poder ciudadano y la democracia participativa directa, así como que sea restituida la explotación exclusiva de la Nación sobre los recursos del subsuelo.

Propuso igualmente que mediante iniciativa ciudadana se establezca el reconocimiento constitucional de la revocación de mandato y la instauración de un sistema nacional anticorrupción ciudadanizado y autónomo.

En la misma sesión Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo, afirmó que la política dio un giro trascendental a partir del 26 de septiembre, al levantarse voces contra el silencio acumulado e impuesto por estructuras de gobiernos federal, estatales y municipales.

“¿Qué se necesita para atender a las mujeres y hombres en este país que claman justicia?”, preguntó, para luego recordar que la crisis del sistema político por la protesta contra la desaparición de 43 alumnos tiene repercusión internacional.

Asimismo dijo que es necesario determinar la responsabilidad del jefe de Gobierno y del secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, por la violación de los derechos de manifestación, expresión y reunión pacífica de miles de mexicanos que fueron objeto de un violento desalojo del Zócalo capitalino, el jueves 20 de noviembre.