El pasado junio se halló ahorcado -supuestamente resultado de un suicidio- al juez que presidió el primer juicio de este caso, José Ramírez Lluch, horas después de haber anunciado su renuncia como juez administrador del Tribunal de San Juan y un día antes de que tuviera que atender una vista sobre la petición de un nuevo juicio presentada por la defensa de Casellas.

Bajo la presidencia del magistrado fallecido, Casellas fue condenado el pasado febrero a 109 años de prisión por el asesinato de su esposa, Carmen Paredes, tras un juicio en el que se utilizó por primera vez en la historia de Puerto Rico un sistema de cámaras para transmitir en vivo la lectura de la sentencia.

Según la Fiscalía puertorriqueña, fingió haber sido víctima de un secuestro cuando viajaba en su automóvil el 17 de junio de 2012.

La Fiscalía asegura que fingió ese secuestro para tener una cobertura que le permitiera denunciar el robo de una de sus armas, la que luego usaría para matar a su esposa, quien fue hallada muerta en la residencia matrimonial de Guaynabo el 14 de julio de 2012.

Los análisis periciales mostraban que Paredes recibió varios disparos y fue asesinada en un cuarto de la residencia, aunque su cuerpo fue colocado luego en la mesa de la terraza.

Finalmente, un tribunal de apelaciones aceptó esta semana la petición de que se celebre un nuevo juicio bajo el argumento de que el veredicto del jurado no fue unánime, algo que, según el secretario de Justicia, supone un “craso error”.

Por ello, la Oficina de la Procuradora General va a solicitar al tribunal de apelaciones su reconsideración y recurrirá al Tribunal Supremo de Puerto Rico.

“La cláusula de juicio por jurado de la Sexta Enmienda de la Constitución federal no requiere que en los procedimientos criminales estatales -incluyendo a Puerto Rico- los veredictos de culpabilidad se emitan por voto unánime”, recordó hoy Miranda.

“El requisito de unanimidad se aplica únicamente en las cortes federales”, explicó, tras advertir que esta decisión podría provocar una avalancha de recursos por parte de reclusos en circunstancias similares.

Añadió que la sentencia del Tribunal de Apelaciones es contraria a las decisiones vinculantes tanto del Tribunal Supremo federal como del de Puerto Rico, que reconocen que “el derecho a veredicto unánime no es un derecho fundamental oponible a los estados o a Puerto Rico”.

Igualmente asegura que es contraria a la jurisprudencia vinculante del Tribunal Supremo de Puerto Rico, que “una y otra vez ha sostenido la validez constitucional de los veredictos por mayoría en nuestro ordenamiento”.

“El veredicto 9-3 es la norma que sigue vigente en nuestro ordenamiento y el Tribunal de Apelaciones está obligado a aplicarla en este caso”, apostilló en una conferencia de prensa.

Harry Padilla, el abogado defensor de Casellas, mostró hoy su satisfacción por la resolución del Tribunal de Apelaciones y anunció que presentará el próximo lunes una moción solicitando que se celebre una vista de fianza a tenor con esa decisión.

Aunque le fuera concedida, Casellas aún tiene que completar una sentencia federal de 21 meses de cárcel por emitir declaraciones falsas a agentes federales al alegar que fue víctima de un supuesto secuestro.

La procuradora de la Mujer, Wanda Vázquez, también dijo hoy que la decisión del Tribunal Apelativo puede suponer un peligroso precedente, pues muchos convictos por decisiones no unánimes podrían reclamar nuevos juicios.

“Ha sido una decisión que prácticamente lo que ha querido resolver es que la Constitución de Puerto Rico no existe, no tiene ninguna validez. Ha ido por encima de la Constitución de Puerto Rico, que expresamente dice que los veredictos de los jurados deben ser por mayoría”, dijo hoy en una entrevista con NotiUno