México, 28 Ene (Notimex).- El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, dijo que jurídicamente aún tiene tareas pendientes el caso de la desaparición de normalistas de Ayotzinapa, entre ellas, varias órdenes de presentación, localización, aprehensión e investigaciones por desahogar.
En conferencia de prensa indicó que la investigación del caso debe continuar, por lo que muy seguramente cada uno de los pasos señalados seguirán dando parte a las indagaciones.
Consideró que el informe que la Procuraduría General de la República (PGR) presentó ayer sobre la forma en que secuestraron y asesinaron a los estudiantes no está terminado jurídicamente.
La víspera el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, aseguró que la investigación sobre la muerte de 43 normalistas de Ayotzinapa sigue abierta.
Indicó que la investigación continuará hasta detener a todos los implicados y aplicarles las penas más altas, tanto a los autores intelectuales como materiales.
Murillo Karam precisó que las indagatorias se han realizado con apego a derecho y respeto irrestricto a los derechos humanos para castigar de manera ejemplar a los responsables, ya que por ningún motivo estos hechos pueden volver a repetirse.
Mientras que en opinión del presidente de la Comisión Permanente, Silvano Aureoles Conejo, la verdad jurídica dada a conocer por la PGR sobre la desaparición y muerte de los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, no implica renunciar a seguir con la investigación del caso.
Se debe insistir en que se haga justicia y se tomen las medidas necesarias para que nunca más vuelva a suceder así y para dar con los responsables.
También en rueda de prensa, el legislador del Partido de la Revolución Democrática consideró que las conclusiones dadas a conocer ayer son un tema “doloroso, que ha lastimado y enlutado al país entero”.
A su vez, el coordinador de la fracción legislativa de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya, señaló que el tema no está cerrado, ya que la Procuraduría General de la República investiga y el Poder Judicial de la Federación juzga.
En conferencia de prensa, consideró que “la solución de fondo no es una sentencia penal, sino la aprobación e instrumentación de un auténtico Sistema Nacional Anticorrupción”.
Recordó que la creación de ese sistema se debe aprobar en la Cámara de Diputados al inicio del periodo ordinario de sesiones que comienza el próximo 1 de febrero.
