México, 28 nov (EFE).- Dos indígenas mexicanos considerados presos de conciencia por grupos de derechos humanos fueron liberados hoy después de casi tres años de encarcelamiento, horas después de que la Suprema Corte del país ordenara su excarcelación, informó una organización no gubernamental.
“El día de hoy, la suprema Corte decidió otorgarles el amparo liso y llano a Pascual Agustín Cruz y José Ramón A. Gómez, y afortunadamente ya están en libertad. Finalmente se hizo justicia”, dijo a Efe Araceli Olivos, abogada del área de defensa del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)
Explicó que la Corte determinó que había “insuficiencia probatoria” respecto al delito de robo que se les imputaba a los indígenas, que se encuentras “pasando unos momentos con sus familias”.
Olivos señaló que mañana habrá una conferencia de prensa a las 10.00 hora local (16.00 GMT) en Ciudad de México, y después regresarán a Atla, en el central estado de Puebla, “con sus familias, amigos y gente que los apoyó, a tener un poco de tranquilidad después de estos casi tres años de injusta prisión”.
La Suprema Corte de México ordenó hoy la liberación de los dos hombres, que ya habían cumplido dos años y diez meses en prisión, según informaron a Efe fuentes de esta instancia judicial.
La decisión estuvo motivada por las “irregularidades” que se produjeron durante el proceso, tales como la falta de traductores de su lengua nativa, el náhuatl, y la “falta de pruebas”.
En un comunicado, Amnistía Internacional (AI) celebró la decisión del alto tribunal, y recordó que los indígenas son defensores del acceso al agua en su localidad, lo que “fue motivo de disputas durante décadas” y originó la “injusta detención y procesamiento” en “represalia por su legítimo trabajo”.
El caso se remonta al 13 de enero de 2010, cuando fueron detenidos y acusados de robo con violencia de un vehículo.
Ambos tenían cargos de responsabilidad en su comunidad y se encontraban trabajando en un programa de universalización del agua potable, que chocaba frontalmente con los intereses de un grupo “caciquil” dedicado a la venta del agua.
AI y el Centro Prodh denunciaron que durante el proceso judicial los acusados no tuvieron acceso a un abogado que hablara su lengua o un intérprete que estuviera familiarizado con su cultura, a pesar de que la Constitución les otorga ese derecho.
AI instó a las autoridades judiciales a que revisen otros casos de miembros de comunidades indígenas que están actualmente detenidos y se aseguren de que su proceso ha sido conducido de acuerdo con sus derechos y que, de no ser así, se tomen las medidas necesarias. EFE
