En México el desarrollo institucional no ha alcanzado el grado de perfección deseado por muchos. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro.

Repensando algunas circunstancias por efectos de la pandemia, pienso que los que profesan un genuino aprecio por la Constitución democrática tienen a bien respetar el sentido profundo de las instituciones que la hacen posible. Reconocer esto es como subrayar con hilo negro lo que se da por sentado y por elemental, pero no es así.

Entre el sentido abstracto de las normas supremas –libertad, igualdad, derechos humanos, seguridad, salud, por ejemplo– y la realidad social donde se han de plasmar están, precisamente, las instituciones, que entre más sólidas y fuertes tenderán a corregir el error y la debilidad humanas, particularmente de quienes las encabezan, por elección popular o nombramiento.

En México el desarrollo institucional no ha alcanzado el grado de perfección deseado por muchos, independientemente del lugar que ocupan en el ambiente político y económico de los intereses contrapuestos y el conflicto connatural, que es la materia básica donde se ha de mover el arte de la política.

Cuando arribemos a un nivel superior tendremos un sistema de reglas sociales que regularán el comportamiento social, abriendo puertas a la solución de necesidad y otorgando seguridad y certidumbre del rumbo o tendencia que han de llevar a la satisfacción de los derechos, en lo concreto y de manera tangible. Involucra esto a sociedad y gobierno; por eso, al tratar el tema, Dieter Nohlen no emplea las palabras “regulación autoritaria”, sino el concepto “autoritativo”, por disponer obligaciones hacia arriba –el poder– y hacia abajo –en la sociedad–, en un ejercicio de corresponsabilidad que le da sentido profundo al derecho mismo. Vean eso como telón de fondo.

Ahora piensen en la facultad de nuestro Congreso de la Unión para dictar leyes sobre salubridad en todo el vasto territorio de la república, en el papel que ha de jugar el Consejo de Salubridad General que depende del Presidente, sin la intervención de ninguna secretaría de estado, que dictará disposiciones generales “obligatorias en todo el país”. Además, no pierda de vista que esa autoridad sanitaria tiene el carácter de ejecutiva y que sus ordenanzas deben ser obedecidas por todas las autoridades administrativas del país, llámense gobernadores, jefaturas de gobierno, rectorados, ayuntamientos y presidentes municipales.

En esta materia los límites, para ser eficaces y efectivos, son más que estrechos y precisos, y por razones tan obvias que no necesitan de grandes demostraciones. Entre los constitucionalistas mexicanos destaca Felipe Tena Ramírez por haber expuesto este tema bajo la denominación de “dictadura sanitaria”, quizás un término que no gusta y asusta, pero que pretende ser didáctico en lo político: frente a una pandemia o epidemia, o alarma previsible de este género, ha de haber una sola línea, una sola voz, apoyándose en la construcción ilustrada de los estados bajo divisas sólo soportables en la ciencia, en las políticas comparadas que han dado resultados buenos y no jugar con el tema. Si alguien dentro del Estado se quiere pasar de listo con protagonismos, que funcione la ilustración que orienta, y no aquí la divisa de que no ha pasado nada, que el capricho se impuso.

¿Sueños? En parte. Empiezo por los que están abajo en la pirámide: no hay una cultura cívica que prodigue con alto nivel la propia protección y contribuya así a resolver la emergencia con los aparatos estatales de salud, independientemente de su buena o precaria condición. Luego están los estratos intermedios en la sociedad, a los que les urge retirar medidas que afectan sus intereses, que siempre serán secundarios frente a la protección de las vidas en riesgo. Y al final, en la cumbre, los que no tienen excusa alguna: el funcionariado de todos los niveles que se ha de apegar a la ley y a las facultades expresas y limitadas que esta concede.

Todos pueden tener razones, pero la razón aquí es institucional por el riesgo en que se pone a toda la población, y en el caso que me ocupa, una contingencia del tamaño que no se había presentado en un siglo.

Todos estamos a prueba. En la sociedad no hay la disciplina cívica que se reclama como indispensable y que podemos envidiar a otras sociedades como la japonesa. Entre los grandes grupos de interés económico parece que lo primero son las ganancias y el “a qué hora” se aperturan los negocios y las industrias, y que de lo demás se ocupe la beneficencia si la seguridad no alcanza.

Por último, los que están en el gobierno. Han hecho su esfuerzo, no quiero negarlo, pero nos han quedado a deber: hay discursos contrarios y contradictorios, no han alentado una visión de futuro por doloroso que sea, no hay una palabra oficial unívoca en lo posible, los plazos están mal explicados al igual que el calado de las medidas que se recomiendan, y no se ha contribuido a sofocar, poner un “hasta aquí”, sin violar derechos, a todo tipo de versiones que corren por todos lados. En este terreno, exhibir al más alto nivel amuletos y cosas por el estilo es irresponsable. Las medidas esenciales son expuestas con dudas y virajes sin fin, y las estadísticas y plazos mueven a escepticismo, por decirlo con amabilidad. La ciencia ha sido despreciada miserablemente, y en medio de todo se ha dado pábulo a disputas insultantes y estériles.

En fin, la institucionalidad se ha negligido y eso es una calamidad de efectos previsibles. Unas cosas las dispone a su arbitrio la autoridad competente, la única que existe en la Constitución y no predica con el ejemplo. Los gobernadores, inexplicable e ilegalmente, son delegatarios de facultades indelegables, y hacen en parte lo que les viene en gana, favoreciendo siempre a los sectores de privilegio; y los alcaldes y ayuntamientos inventan cada cosa, como si su actuación no concitara responsabilidades, incluso penales.

Encontramos una rijosidad y práctica dictada por la politiquería y el protagonismo. Los partidos hacen su parte, lucrando con la adversa circunstancia para adquirir y conservar clientelas electorales. Estamos en presencia no en un juego de poderes y equilibrios en lo posible en este tema, sino en una dispersión de poderes a la que llamo “poliarquía”, que puede resultar, a la postre, más letal que la pandemia misma.

Todo por no entender el papel de las instituciones, las obligaciones públicas, aquellas a las que algunos quieren ver quemadas en el infierno.

Un clásico político del siglo XX nos mostró, justo al inicio de la Postguerra, que todavía hay quien dice que la política es cuestión de hombres, cuando en realidad se trata de una cuestión de instituciones. Pero qué difícil que se entienda, cuando el mismo presidente ya se dispone a hacer una gira de más de mil kilómetros, seguramente con concentraciones humanas y todo lo que ya sabemos. Así, cómo.