Ciudad de México, 1 de agosto (SinEmbargo).- El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Sinaloa, Jesús Enrique Hernández Chávez, anunció que se dará marcha atrás a la aprobación de las reformas del 51 Bis de la Ley Orgánica que limitan el trabajo de reporteros en materia de seguridad en el estado.

Sin embargo, anunció que la derogación se dará regresando de vacaciones, hasta el 21 de agosto en sesión extraordinaria.

Durante una conferencia de prensa, el también diputado priista reveló que ha recibido llamadas de España, Nueva York y Argentina por la aprobación de esta ley. “Debo decirles que ni en mis mejores momentos estelares como político he recibido tantas llamadas de cuatro o cinco países por esto [reformas], pero vamos a darle respuesta y pronto, no puede prevalecer en ninguna ley algo que atente contra la transparencia, lo cual es un compromiso de esta legislatura”.

En su intervención, la Diputada perredista, Imelda Castro, dijo que “es de sabios reconocer”, en referencia  al hecho de que no pusieron atención suficiente al aprobar la ley.

El jueves 31 de julio, el Congreso de Sinaloa aprobó la reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, que establece que los medios de comunicación no podrán tomar fotos ni videos en sitios de delitos, y sólo podrán tener acceso a información de investigaciones por medio de comunicados de la Procuraduría.

Ayer, periodistas advirtieron que la ley corresponde más a una dictadura que a una democracia.

ARTÍCULO 19 SE PRONUNCIA AL RESPECTO

La organización Artículo 19 advirtió que las reformas a la ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa ponen en riesgo el ejercicio efectivo de los derechos humanos de acceso a la información y de libertad de expresión.

En un posicionamiento público difundido este día, señaló que las modificaciones realizadas contravienen los acuerdos internacionales.

Recordó que la iniciativa por la que “se reforman, adicionan y derogan disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia; y de la Ley de Seguridad Pública, ambas del Estado de Sinaloa”, fue presentada por el Gobernador del Estado el 16 de julio de 2014, dentro el marco de la implementación de la reforma constitucional en materia de “Seguridad y Justicia”.

Indicó que al respecto, diversas asociaciones de periodistas del Estado de Sinaloa alertaron sobre las posibles violaciones al ejercicio periodístico que se pueden ocasionar con la reforma; sin embargo el Congreso del Estado no atendió las mismas y aprobó la iniciativa.

“La ley únicamente servirá para seguir alentando la impunidad, falta de rendición de cuentas y opacidad por parte de las autoridades encargadas de procurar justicia. Es una medida desproporcionada y digna de un País autoritario. La inseguridad jamás se abatirá limitando la información a la prensa y a la sociedad, que eso quede claro”, afirmó Darío Ramírez, Director de Artículo 19, de acuerdo al comunicado.

Indicó que especial preocupación se tiene respecto el artículo primero por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado Sinaloa, especialmente en cuanto al artículo 51 bis que establece:

“Los medios de comunicación tendrán acceso a la información de las investigaciones a través de boletines de prensa que emita la unidad de acceso a la información pública, siempre que cumplan con los requisitos marcados por las leyes de transparencia.”

Martha Tamayo Morales, dirigente estatal del PRI, llamó a sus legisladores a corregir los errores cometidos en la reciente aprobación de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

En un comunicado de prensa, explicó que el PRI refrenda su irrestricto respeto a la libertad de expresión y a los derechos humanos, consagrados en la Constitución. Espera, prosiguió, que los Diputados en el Congreso del Estado corrijan a la brevedad los errores cometidos con la reforma.

Detalló que en los documentos básicos, estatutos y declaración de principios del partido, se garantiza claramente el respeto a los derechos humanos, el acceso a la información y desde luego a la libertad expresión, observancia que obliga a tomarse en cuenta.

En esa dirección, puntualiza, el comité directivo estatal del PRI confía plenamente que el Poder Legislativo analice y modifique el dictamen de la reforma a Ley Orgánica de la PGJES.

Particularmente el que se refiere al Artículo 51 Bis, que ha sido señalada reiteradamente desde su aprobación, concluyó.