Se debe regular para la paz. Foto: Cuartoscuro.

Ayer fue un día que será efeméride. La Suprema Corte de Justicia de la Nación integró jurisprudencia con cinco sentencias de amparo donde su primera sala sostiene que el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad permite que las personas mayores de edad decidan –sin interferencia alguna– qué tipo de actividades lúdicas desean realizar y protege todas las acciones necesarias para materializar esa elección y que, aunque ese derecho no es absoluto, por lo que el Estado puede regular el consumo de ciertas sustancias, las afectaciones que provoca la mariguana no justifican una prohibición absoluta a su consumo.

Tres años después de que el 4 de noviembre de 2015 fuera emitida la primera sentencia en este sentido, la que se le concedió al grupo autodenominado SMART, finalmente, con los amparos concedidos ayer queda firme la inconstitucionalidad de los artículos de la ley general de salud en los que se sostiene la prohibición absoluta del cultivo y la posesión del cannabis para uso personal. Se trata de una contribución mexicana al cambio de paradigma en política de drogas, un camino que comenzó a abrirse con la estrategia liberalizadora de los Países Bajos hace cuatro décadas, que continuó por la vía de la regulación del uso medicinal en California y, sucesivamente, en otros estados de la Unión Americana, seguido después de la regulación para uso personal en Colorado y el estado de Washington, para alcanzar un hito con las regulaciones nacionales de Uruguay, hace unos años, y de Canadá, hace unas semanas.

Después de casi un siglo de persecución, que ha generado una violencia absurda y ha llevado a prisión a miles de consumidores en el mundo, quienes además suelen ser acosados y extorsionados, finalmente en América se ha comenzado a derrumbar el despropósito prohibicionista, mientras que en Europa la liberalización también ha sido constante, aunque más discreta. Para la sociedad mexicana lo ocurrido ayer es un hito, pues demuestra lo errado de la estrategia de combate frontal al tráfico, impuesta cíclicamente por los Estados Unidos al menos desde que Nixon le declaró la guerra al narcotráfico en 1971. La Corte ha dejado al descubierto la injusticia que han sufrido los consumidores de cannabis que han visto violados sus derechos y violentadas sus personas por un delito sin violencia ni víctimas. Queda claro también que la prohibición ha sido una aberración desde la perspectiva de la salud, pues ha causado mucho más daño que el que pretendía evitar.

Lo ocurrido en la SCJN ayer es producto de una lucha constante de activistas, académicos, cabilderos y políticos que desde hace dos décadas hemos insistido con evidencias en lo contraproducente e injusto de la prohibición de la mariguana. Desde los esfuerzos pioneros de la Asociación Mexicana de Estudios sobre la Cannabis, o de aquella notable plataforma electoral de Democracia Social, en 2000, donde incluimos la necesidad de echar abajo la prohibición, cuando el tema era absolutamente tabú –al grado de que hubo que comenzar por despenalizar el debate, como le gustaba decir a Patricia Mercado en su campaña de 2006–, gradualmente se fueron sumando voces a una discusión que había estado vetada por décadas de consenso prohibicionista.

La jurisprudencia de la Corte es un triunfo del Colectivo por una Política Integral Hacia las Drogas, el entrañable CUPIHD, que creamos en 2008, de Elsa Conde, que como diputada presentó las primeras iniciativas para la regulación, de México Unido contra la Delincuencia y la aguerrida Lisa Sánchez, de Víctor Hugo Círigo, René Arce, Fernando Belaunzarán, Vidal Llerenas, Martha Tagle y Mario Delgado, que como legisladores promovieron iniciativas para regular la mariguana, de Aram Barra y los colectivos que encabezó, de ReverdeSer, de Estudiantes por una Política Sensata de Drogas, de intelectuales como Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda, que dedicaron esfuerzos a combatir al prohibicionismo, de científicos como Herminia Pasantes, la neurobióloga que se ha dedicado a destruir las patrañas pseudocientíficas que la pretendían sustentar, de médicos como Gady Zabicky, empeñado en desarrollar estrategias terapéuticas para las adicciones sin prejuicios moralinos, o Humberto Brocca, prmotor de la prevención de consumos peligrosos, del Programa de Política de Drogas del CIDE, con Alejandro Madrazo, Catalina Pérez Correa y Laura Atuesta en la vanguardia académica y en la promoción de una política basada en la evidencia y no en los mitos, de Claudia Rodón y su tarea pedagógica.

Es un triunfo de activistas como Leopoldo Rivera o Julio Zenil, que desde su posición de consumidores han reclamado sus derechos y del trabajo constante de Sarah Aguilar o Zara Snapp, que construyeron estrategia tras estrategia de comunicación para impulsar la causa. Sin duda, sin el trabajo jurídico de Luisa Conesa y del litigio encabezado por Andrés Aguinaco, no hubiera sido posible este paso. Por supuesto, Armando Santa Cruz, Paco Torres Landa, Pablo Girault, Josefina Ricaño, Miguel Mancera y los demás que buscaron ampararse para impulsar la jurisprudencia, fueron claves en esta historia.

Pero la jurisprudencia de la Corte es tan solo un paso. Si bien ahora ningún juez federal podrá negar el amparo a quienes se les niegue la autorización para sembrar y transportar para el consumo personal, se trata de un trámite engorroso y oneroso que no puede considerarse permanente. Ahora el Congreso tiene la obligación legal de cambiar la legislación inconstitucional, antes de que la Suprema haga una declaratoria general de inconstitucionalidad. El cambio legal debe crear un marco regulatorio que garantice los derechos amparados por la justicia federal, pero con normas que reduzcan los riesgos del consumo tanto para los usuarios como para su entorno, evite que los menores tengan acceso a la sustancia, cosa que la prohibición no logra, y que existan formas de suministro diferentes al autocultivo, pero sin que se cree un mercado competitivo con incentivos para expandir la demanda sin restricciones.

Esta legislatura debe ya comenzar por la mariguana, pero también debe abrir el debate sobre cómo terminar con la prohibición del resto de las drogas, con regulaciones diferenciadas de acuerdo con sus diferentes grados de peligrosidad. El paso dado por la Corte debe ser el primero de una larga serie de cambios institucionales que nos conduzcan a una política de drogas sensata, basada en la evidencia, que reduzca riesgos y le quite el negocio a los delincuentes. La salud de la sociedad mexicana lo requiere con urgencia: se debe regular para la paz.