Virgilio Andrade, titular de la SFP, dijo que no existen elementos para abrir una averiguación previa en contra del entonces Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, además de que hasta ahora no hay más funcionarios investigados por la evasión del capo el pasado 11 de julio.
Ciudad de México, 2 de febrero (SinEmbargo).– Seis funcionarios supuestamente implicados en la segunda fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán fueron destituidos de su cargo e inhabilitados por 10 años para ejercer cualquier cargo público, dio a conocer este día el Secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade Martínez.
La coordinadora de los penales federales, Celina Oseguera Parra; la directora jurídica del penal de El Altiplano, Leonor García García y el director general de este mismo penal, Valentín Cárdenas Lerma, además de otros tres empleados fueron los funcionarios sancionados.
En conferencia de prensa, el Secretario de la Función Pública aseguró que la dependencia que encabeza actuó en los márgenes que le permite la ley y que las sanciones penales le corresponderán a la Procuraduría General de la República (PGR).
Virgilio Andrade dijo que tras cinco meses no existen elementos para abrir una averiguación previa en contra del entonces Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, además de que hasta ahora no hay más funcionarios investigados por la evasión del capo el pasado 11 de julio.
Celina Oseguera fue inhabilitada debido a que presuntamente no asignó presupuesto para la actualización de sistemas de seguridad internos y participó en una reunión en la que se autorizó que a Guzmán Loera le fuera entregado un televisor.
En esa reunión participó el entonces director general del penal, Valentín Cárdenas, a quien también se le atribuye haber omitido la coordinación con las fuerzas de seguridad de manera pertinente, así como los problemas con la visualización del monitor, entre otros cargos.
Mientras que Leonor García también fue castigada por no avisar de manera oportuna sobre el escape de Guzmán Loera.
El oficial en prevención de la penitenciaría, Esteban Estrada, no atendió las llamadas que se efectuaron desde el Centro de Monitoreo ni activó la alerta general “después de haber hecho verificaciones físicas correspondientes”, detalló el secretario de la Función Pública.
Cargos similares se le atribuyen al supervisor penitenciario Juan Ignacio Cuarenta, quien no activó “de manera inmediata” el protocolo de actuación relacionado con este tipo de casos.
Por último, el supervisor Roberto Cruz también fue señalado por no actuar con “prontitud” para activar el código rojo, así como por “omitir realizar una vigilancia permanente y minuciosa en el área que le correspondía sin dejar a alguien que cubriera su ausencia”.
Las penas impuestas a los seis funcionarios, quienes son procesados por la fuga, son las máximas permitidas en el ámbito administrativo, de acuerdo con la ley federal, especificó Andrade.
– Con información de EFE
