El empeño presidencial por echar abajo la Reforma Educativa de 2013 se está concretando en una reforma constitucional, con la complicidad de los partidos que originalmente la impulsaron, a excepción de Acción Nacional. A pesar del atorón del martes en el Senado, cuando se quedó a un voto de la mayoría calificada necesaria para su aprobación en lo particular, por lo que tuvo que ser devuelta a la Cámara de Diputados, la reforma pasará, gracias a que, una vez más, los partidos que supuestamente deberían ejercer como oposición han condescendido con la mayoría presidencial para permitirle que modele la Constitución a su medida. Misterios del congénito presidencialismo mexicano.

El texto finalmente negociado por el PRI, Movimiento Ciudadano y el PRD con la mayoría de Morena es sustancialmente mejor que el originalmente enviado por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados, gracias a que incorporó partes importantes de la iniciativa elaborada por un grupo de académicos especialistas agrupados en la Red Educación Derechos, quienes propusieron una redacción para salvar aspectos relevantes del cambio institucional de hace seis años, a la vez que se eliminaban sus contenidos más problemáticos, sobre todo los efectos negativos de la evaluación, tema que impidió la identificación de los profesores con el nuevo modelo de carrera profesional. Sin embargo, la versión final ahora detenida por una falla disciplinaria de los senadores de Morena presenta un riesgo de retroceso a la situación previa a 2013, cuando el SNTE y su versión radicalizada, la CNTE, determinaban patrimonialmente todo el proceso de ingreso, movilidad y promoción del magisterio.

El nuevo artículo tercero, atorado temporalmente en su proceso legislativo, tiene una redacción abigarrada y prolija, pues aborda una cantidad ingente de temas e incluso enlista, de manera absurda, una serie de asignaturas que deberán ser impartidas en el sistema educativo nacional, como si los currículos educativos no tuvieran un carácter dinámico. Lo más ridículo de la lista de materias que se incluirán en la Constitución es que en ella no están las dos sustanciales para el aprendizaje: la lengua y las matemáticas.

El tono doctrinario del texto refleja el talante del actual Gobierno, tan dado a la grandilocuencia retórica. Pero más allá de la redacción farragosa, el problema es que abre un resquicio para el retorno al sistema de control corporativo que tanto daño ha hecho al sistema educativo y que convirtió a los maestros en clientelas cautivas del SNTE y la CNTE. Ambas facciones sindicales han usado ese control para el provecho político de sus dirigencias y para apropiarse de tajadas sustantivas del presupuesto educativo, mientras el derecho a la educación ha sido para ellas siempre secundario.

La Reforma no solo abroga la Ley del Servicio Profesional Docente y la del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, sino que elimina del texto constitucional el término “concurso” del mecanismo de ingreso y promoción de los maestros, para sustituirlo por el más ambiguo de “procesos” que, se dice “serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales, y considerarán el conocimiento, las aptitudes y la experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos”. Sin embargo, tanto en el cuerpo del artículo tercero como en los transitorios del decreto se establece que las relaciones laborales se regirán por el apartado B del artículo 123 constitucional, con lo que queda la posibilidad de que los sindicatos dispongan del 50 por ciento de las plazas vacantes y de nueva creación, lo que significaría la vuelta, al menos parcialmente, al control sindical del sistema de incentivos de los maestros.

Un nuevo Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros sustituirá al Servicio Profesional Docente, por lo que dependerá de la nueva legislación secundaria, la cual podrá aprobar en solitario la coalición mayoritaria, si se incluye nuevamente al SNTE en los procesos de ingreso y promoción y si se establecen criterios escalafonarios que sustituyan al mérito. De ser así, estaríamos ante la restauración del control corporativo sobre el personal docente, con lo que volvería a ser la disciplina gremial y política, y no los conocimientos y aptitudes, lo que determinaría el ascenso de los profesores, si no es que abriría la puerta para el retorno del mercado de plazas que tanto corrompió al sistema educativo, por más que lo quiera negar el Presidente López Obrador.

También dependerá de la legislación secundaria y de la integración de sus órganos si el nuevo órgano que sustituirá al Instituto Nacional de Evaluación de la Educación significa un avance o un retroceso respecto a la Reforma de 2013. De acuerdo con el texto constitucional en curso de aprobación, el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, encabezado por un organismo público descentralizado, tendrá amplias facultades de diagnóstico de todo el sistema educativo, lo que de entrada suena bien, pero de los detalles de su diseño dependerá si resulta eficaz para contar con un sistema educativo realmente transparente y en constante evolución.

Con el retraso en la aprobación de la Reforma quedan vigentes, por ahora, el texto constitucional de 2013 y sus leyes secundarias. Habrá que ver si las autoridades educativas cumplen con la ley a la hora de convocar los concursos de ingreso en puerta y llevan a cabo las evaluaciones mandatadas mientras no se concreten los cambios o si ilegalmente aplican el memorando presidencial que les ordena dejar de cumplir con sus obligaciones constitucionales. Ese es el verdadero brete que ha abierto el sainete del martes, una marca negativa en el historial de Ricardo Monreal como líder de la mayoría en el Senado.

Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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