Realizada la detención, cuando los migrantes ingresan a las estaciones migratorias no reciben ninguna información sobre su condición o su proceso y sólo se les ofrece ser deportados sin importar sus condiciones de seguridad; no tienen derecho a un abogado, son criminalizados, no tienen derecho ni a una llamada telefónica y tampoco hay traducción al inglés, francés ni a lenguas indígenas para los casos de algunas personas centroamericanas.

Ciudad de México, 2 de agosto (SinEmbargo).- El Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración (INM) presentó su informe sobre la situación de las personas migrantes detenidas en México y aseguró que en los resultados no hay nada nuevo, pues se encontró que persisten las mismas condiciones de hacinamiento, maltrato y aislamiento que se han denunciado desde hace 15 años.

En el documento “Personas en detención migratoria en México”, se detalla que la política migratoria mexicana inicia una serie de violaciones constantes de los derechos humanos de las y los migrantes al contemplar la detención por “motivos de seguridad pública” de toda persona que no tenga documentos que acrediten su estancia legal en el país.

Insistieron en que hay un error eufemístico de parte del INM, que no reconoce que realiza detenciones e insiste en llamar a estos actos “resguardo de personas migrantes”.
Diego Lorente Pérez de Eulate, miembro del Consejo, explicó que en los últimos años se detectó un incremento en los operativos de detención ya no solamente en carreteras sino también en zonas urbanas. Además, estos ya no son ejecutados solo por agentes del INM, sino que también participan otras fuerzas del Estado en sus tres órdenes.

“Esta política migratoria lastima cientos de vidas humanas. Requiere de esfuerzos desde distintos niveles. Se requiere trabajar en que las personas migrantes construyan su propia agenda política […] el problema es estructural y tenemos que abordar el replanteamiento de la política migratoria que está diseñada para irregularizar, invisibilizar y criminalizar a los migrantes porque así lo requiere el sistema económico que exige mano de obra indocumentada”, comentó Miguel Ángel Paz, integrante de Voces Mesoamericanas.

“La detención no es moral ni legal y debe ser, si acaso, la excepción. Estos sitios de resguardo se mejoran con un cambio de paradigma y mentalidad”, señaló Patricia Zamudio, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).

Integrantes del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración (INM). Foto: Daniela Barragán, SinEmbargo

Realizada la detención, cuando los migrantes ingresan a las estaciones migratorias no reciben ninguna información sobre su condición o su proceso y sólo se les ofrece ser deportados sin importar sus condiciones de seguridad; no tienen derecho a un abogado, son criminalizados, no tienen derecho ni a una llamada telefónica y tampoco hay traducción al inglés, francés ni a lenguas indígenas para los casos de algunas personas centroamericanas.

Uno de los temas que más preocupó al Consejo son las condiciones de salud de las personas detenidas, que al llegar se enferman por contagio y por las mismas condiciones precarias del lugar.

En el seguimiento se detecto que las principales enfermedades que se padecen adentro son gripe, tos, dolor de garganta, de cabeza, hipertensión, diabetes, diarrea, vomitó y dolores de dientes.

Y se encontraron otro tipo de padecimientos: la mayoría de las personas presentaron algún nivel de ansiedad y de depresión, más del 30 por ciento en un nivel crítico.

También se detectaron afectaciones como problemas de interacción, tendencia a la irritabilidad, aislamiento o agresividad, “el inicio o agudización de los síntomas se relacionan con la experiencia vivida durante el operativo de control, la violencia en su país o en Mexico, y las propias condiciones de la detención”, puede leerse en el informe, sin embargo, el 94 por ciento de los entrevistados declararon no haber recibido atención psicológica.

El problema parte desde que en una estación hay un solo doctor para atender a 900 personas.

LA VIDA ADENTRO

El informe aborda otras problemáticas a las que los migrantes son sometidos. Dentro de las estaciones se les restringen las visitas y se limitan solo a familiares directos, discriminando vínculos como uniones libres o parejas homosexuales. Las visitas son en lugares poco dignos y sin algún horario fijo; también se castiga a las personas prohibiendo la visita.

Por parte de los agentes del INM hay violencia física o en forma de insultos y amenazas de muerte; hay negación de alimentos, de productos de higiene o atención médica.La discriminación surge por las preferencias sexuales o por el origen de los migrantes.

Hay un uso sistemático de celdas de castigo o “cuartos de tratamiento especial” que adentro son llamados “pozo” o “calabozo” y son espacios con condiciones indignas.

En ocasiones son las personas de la comunidad LGBTTTI o con alguna enfermedad mental las que son encerradas ahí como forma de “protección”.

En el caso de mujeres migrantes, solo 1 de cada 4 tuvo una revisó inicial por una persona de su mismo sexo; sucede lo mismo con las áreas asignadas a mujeres, que son vigiladas por hombres, lo que ha provocad varios episodios de acoso sexual por parte de guardias hacia las mujeres.

Hay insuficiencia de toallas sanitarias y los mecanismos de identificación de violencia asexual, son débiles.

Tampoco se les realizaron estudios para detectar enfermedades como VIH o para saber si están embarazadas y recibir atención y tratamiento.