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Ricardo Ravelo

03/02/2023 - 12:04 am

Caso García Luna: ¿Y el dinero?

Cabe preguntarse: ¿dónde está todo ese dinero? ¿Lo tiene García Luna en sus cuentas personales? ¿Está invertido en negocios? O Está guardado en paraísos fiscales? ¿En qué paraísos fiscales? ¿Mónaco? ¿Islas Caimán? ¿Panamá? Nadie lo sabe hasta ahora.

García Luna es juzgado actualmente en EU por presuntamente tener nexos con el narcotráfico durante su etapa como Secretario de Seguridad mexicano. Foto: Saúl López, Cuartoscuro

En el juicio contra Genaro García Luna en Nueva York los testigos presentados han hecho declaraciones estruendosas sobre las millonarias sumas que, según ellos, entregaron al exfuncionario mexicano para favorecer las operaciones de narcotráfico del Cártel de Sinaloa.

Se habla de maletas repletas de dólares; algunos testigos, como Sergio Villarreal Barragán, entre otros, sostuvieron que a García Luna le daban un millón de dólares y que en un lapso de tres años le habrían entregado más de 50 millones de dólares.

A cambio, el policía protegido por el entonces Presidente Felipe Calderón facilitaba las operaciones de trasiego de drogas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), la terminal aérea favorita de los capos de Sinaloa por donde traficaban drogas, armas y dinero con la complicidad de agentes aduanales, funcionarios de la Administración General de Aduanas, agentes federales, policías de Interpol y hasta funcionarios de la embajada de Estados Unidos en México.

También se favorecía al Cártel de Sinaloa –particularmente a la célula Beltrán Leyva –con información privilegiada sobre cateos, operativos, extradiciones y decomisos de droga. Esto último le costaba a Arturo Beltrán Leyva medio millón de dólares mensuales que, de acuerdo con los testigos, le entregaban a funcionarios de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), entonces encabezada por Marisela Morales –excónsul de México en Milán, Italia– quien fue acusada de fabricar expedientes incriminatorios contra funcionarios públicos con testimonios falsos. Nunca fue investigada.

Hasta ahora lo más sobresaliente del juicio contra García Luna ha sido los señalamientos respecto a los millones de dólares que recibió, pero aún faltan las evidencias. Cabe preguntarse: ¿dónde está todo ese dinero? ¿Lo tiene García Luna en sus cuentas personales? ¿Está invertido en negocios? O Está guardado en paraísos fiscales? ¿En qué paraísos fiscales? ¿Mónaco? ¿Islas Caimán? ¿Panamá? Nadie lo sabe hasta ahora.

La única evidencia hasta ahora son los 700 millones de dólares que el Gobierno mexicano tratará de recuperar mediante un litigio en Miami; ese dinero, se asegura, es producto de contratos millonarios que obtuvo García Luna a través de unas 39 empresas y que tienen que ver con el tema de la seguridad pública.

Otro dato que causó impacto en el juicio es el secuestro de García Luna por parte de sicarios al servicio de Arturo Beltrán Leyva, “El Barbas” en 2009 en una carretera de Tepoztlán, Morelos. Varios testigos dijeron que lo llevaron a la guarida del capo sinaloense y que éste le preguntó si iba a cumplir los acuerdos que habían cerrado. Al parecer, García Luna estaba favoreciendo los intereses de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, de Ismael “El Mayo” Zambada, pero no los de la célula Beltrán Leyva.

Aquel “levantón” fue publicado en la revista Proceso por este reportero. Los pormenores están contenidos en una carta que agentes federales entregaron a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. El hecho ha sido ratificado en el juicio contra García Luna y varios testigos han confirmado que aquello fue un hecho real. Es la única evidencia que ratifica que García Luna sí tuvo tratos con los Beltrán Leyva.

EL ENTRAMADO CRIMINAL

Los cómplices de Genaro García Luna en el andamiaje de protección que construyeron en el sexenio de Felipe Calderón para brindar protección al Cártel de Sinaloa cayeron en prisión, pero no se les acusó de narcotráfico, lavado de dinero y ligas con el Cártel de Sinaloa, por el contrario, se les acusa de haber incurrido en prácticas de tortura.

Es el caso, por ejemplo, de Luis Cárdenas Palominos, exmando de la Policía Federal, detenido en el Estado de México en 2021 tras varios meses de persecución.

A pesar de que como funcionario público fue acusado de proteger los intereses del Cártel de Sinaloa –particularmente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México– al exfuncionario federal se le encarceló bajo la acusación de haber ordenado la tortura de los hermanos Vallarta, implicados en el caso de Florance Cassez, quien fue encarcelada, primero, y liberada, después, tras acreditarse que nada tenía que ver en la organización criminal “Los Zodiacos”.

La misma suerte corrió Facundo Rosas, otro de los hombres de confianza que trabajó cerca de García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Rosas fue Secretario de Seguridad en Puebla. El pasado 27 de enero fue detenido por atropellar y matar a una mujer en calles de la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México.

Director de la extinta Policía Federal en el sexenio de Felipe Calderón, Facundo Rosas formó parte del estrecho equipo de García Luna del que también formaba parte Ramón Eduardo Pequeño, exjefe de la División de Inteligencia de la Policía Federal por el delito de tortura en agravio de Mario Vallarta, hermano de Israel Vallarta, todos ellos implicados en el caso Florence Cassez.

Ramón Pequeño se había incorporado como asesor de la Secretaría de  Seguridad Pública al inicio del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, precisamente en la Secretaría de Seguridad Pública encabezada por Alfonso Durazo Montaño, actual Gobernador de Sonora. Hasta ahora, el exfuncionario sigue prófugo de la justicia.

Sin embargo, en Estados Unidos otro hombre de confianza de García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública –Iván Reyes Arzate –se declaró culpable en octubre de 2021 de haber colaborado con el narcotráfico, en particular con el Cártel de Sinaloa, y aceptó que como funcionario público simulaba llevar a cabo un combate frontal contra el crimen organizado.

Con base en esta autoinculpación –un recurso bastante socorrido por los criminales para obtener reducciones de penas– un Juez federal de Estados Unidos condenó a 10 años de cárcel al excomandante de la Policía Federal, quien en el mundo policiaco y del hampa es conocido como “La Reina”.

Lo que quedó al descubierto en su juicio es que al mismo tiempo que brindaba protección al crimen organizado Reyes Arzate recibía condecoraciones dentro y fuera de México –entre otras agencias, de la DEA– por su labor policiaca aparentemente honesta.

Reyes Arzate fue hombre de confianza de Genero García Luna, procesado y pendiente de juicio por corrupción y crimen organizado en Estados Unidos, donde permanece recluido desde diciembre de 2019, cuando fue detenido en Texas bajo cargos diversos, entre otros, brindarle protección al Cártel de Sinaloa.

En el juicio de Reyes Arzate salió a flote parte de la corrupción y los sobornos que recibió del cártel sinaloense a cambio de protección e información. Por ejemplo, se corroboró que el exfuncionario recibió en una ocasión tres millones de dólares a cambio de informar sobre las investigaciones conjuntas estadunidenses y mexicanas a un grupo llamado Seguimiento 39, ligado al Cártel de Sinaloa.

No sólo eso: En octubre de 2021 Reyes Arzate reconoció haber recibido un soborno de 290 mil dólares. Esta confesión abrió la puerta para que los fiscales del caso le abrieran la puerta y se acogiera al programa de testigos protegidos, lo que le valió reducir su condena a sólo diez años de prisión, de los cuales ya compurgó dos en Estados Unidos.

El juicio contra Genero García Luna se ha pospuesto en tres ocasiones por diversas causas. La última suspensión ocurrió debido al ruido que realizaban los periodistas en la sala del tribunal. Ahora la audiencia para determinar su futuro se programó para el mes de octubre de este año. Entre los testigos de cargo que rendirán testimonio en contra de García Luna, además de Reyes Arzate, está Vicente Zambada Niebla, quien ha dicho que en varias ocasiones sobornó con sumas millonarias al policía consentido de Felipe Calderón.

Bajo la acusación de enriquecimiento ilícito, derivada del hallazgo de inversiones por más de 27 millones de pesos en bienes inmuebles, en noviembre de 2021 el Gobierno mexicano solicitó formalmente la extradición de Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón.

Esta decisión desató  polémica, pues se aseguró que detrás de este proceso podrían existir oscuras negociaciones para liberar al exfuncionario, quien fue detenido en 2019 en Dallas, Texas, por varios delitos, entre otros, conspiración para traficar cocaína, declaraciones falsas a autoridades judiciales federales, cohecho, coparticipación en diversos delitos contra la salud y haber brindado protección al Cártel de Sinaloa.

A lo largo de un año, García Luna solicitó a las autoridades de Estados Unidos su liberación bajo fianza. En la primera ofreció el pago de un millón de dólares y en el segundo intento dobló la suma, pero la petición le fue negada: La razón, según argumentaron las autoridades estadunidenses, fue que el exfuncionario mexicano tiene muchas relaciones políticas y en el crimen organizado que lo podían ayudar a evadir la acción de la justicia.

Después de la experiencia por el caso del General Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto –quien fue detenido en Estados Unidos por tráfico de drogas, lavado de dinero y protección al Cártel H-2 y, un mes después, liberado y devuelto a México– el procedimiento que intentó el Gobierno mexicano con García Luna fue blanco de muchas sospechas.

El Canciller Marcelo Ebrard explicó que el objetivo de la extradición es procesar y juzgar a García Luna en México. No se pudo. El delito por el que se le persigue es el de enriquecimiento ilícito y en Estados Unidos lo investigan por fomentar el tráfico de drogas y brindar protección al Cártel de Sinaloa. En realidad, los cargos del expediente estadunidense son más graves. En México, el delito de enriquecimiento ilícito es de los pocos donde se revierte la carga de la prueba: es el acusado quien debe demostrar el origen lícito de su patrimonio. Por ese delito fue acusado Raúl Salinas de Gortari, uno de los políticos más corruptos, y fue liberado. Hasta ahora y pese a las evidencias que han salido a flote en Nueva York a García Luna no se le ha acusado de delitos por delincuencia organizada.

Preso en Estados Unidos por servir a los intereses del Cártel de Sinaloa; acusado de brindar protección a Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo” –quien compurga una cadena perpetua en Estados Unidos por delincuencia organizada–, Genaro García Luna empezó a ser cuestionado en los primeros dos años del Gobierno de Felipe Calderón por sus nexos con el narcotráfico, en particular, con el Cártel de Sinaloa, el más poderoso del mundo, de acuerdo con la DEA.

García Luna ha sido señalado de ser el “policía del panismo”, pues ocupó cargos importantes desde el Gobierno de Vicente Fox –fue titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI)– y con Felipe Calderón ocupó el cargo de Secretario de Seguridad Pública.

De acuerdo con el periodista Jesús Lemus, autor del libro El Licenciado (editorial Harper Collins 2020), García Luna ya servía a los intereses del narcotráfico, y en particular del Cártel de Sinaloa, desde el Gobierno de Vicente Fox.

Dentro del Cártel que entonces dirigía Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, el funcionario era conocido como “El Licenciado”. Después de que Felipe Calderón fue calificado como Presidente electo, luego de ganar las polémicas elecciones de 2006, miembros del Cártel de Sinaloa, entre ellos Ismael “El Mayo” Zambada, Arturo Beltrán Leyva y Sergio Villarreal Barragán, “El Grande” maquinaron el plan de comprar la Secretaría de Seguridad Pública para que García Luna fuera su protector.

La ejecución del plan, según afirma Jesús Lemus, fue Villarreal Barragán, quien acudió a una fiesta de bautizo organizada por el entonces senador panista Guillermo Anaya Llamas –compadre de Felipe Calderón– en la ciudad de Torreón, Coahuila.

“El Grande” le pidió el favor a Anaya Llamas, a quien conocía desde tiempo atrás porque una hermana del político coahuilense estuvo casada con un hermano del narcotraficante actualmente preso en Estados Unidos.

De acuerdo con el libro El Licenciado, Anaya Llamas le pidió a “El Grande” que acudiera a la fiesta y que ahí le presentaría al Presidente electo. Así ocurrió. En ese encuentro, Villarreal Barragán hizo la propuesta a Calderón y éste aceptó. De acuerdo con Lemus, el pago por la Secretaría de Seguridad Pública fue multimillonario y de esa forma el Cártel de Sinaloa se consolidó como el grupo criminal más poderoso del mundo.

HISTORIA CRIMINAL

A continuación se relatan las acusaciones que en su momento le fueron hechas a García Luna y a varios de sus colaboradores más cercanos que lo acompañaron desde que fue director de la Agencia Federal de Investigación (AFI), en el Gobierno de Vicente Fox, y posteriormente como Secretario de Seguridad Pública, en la administración de Felipe Calderón. Tales acusaciones  salieron a flote en el sexenio de Fox, donde García Luna fue un estratega policiaco. Ocupó la titularidad de la Agencia Federal de Investigaciones, una copia bastante degradada del FBI. Nadie imaginaba entonces que el funcionario federal ya tenía nexos criminales, de acuerdo con los expedientes consultados.

Y es que varios de sus colaboradores cercanos en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) fueron acusados de corrupción y de tener ligas con el narco desde el año 2008; sin embargo, García Luna nunca destituyó a ninguno de ellos, por el contrario, los cobijó y los mantuvo en sus respectivos cargos.

Por ejemplo, Mario Velarde Martínez, quien durante el Gobierno de Vicente Fox fungió como secretario particular de García Luna  en la AFI tuvo tratos con el Cártel de los hermanos Beltrán Leyva. De acuerdo con las investigaciones de la extinta Procuraduría General de la República, este personaje era parte de la red de funcionarios que colaboraba con el crimen organizado.

En aquel momento, Velarde era el quinto hombre cercano al entonces secretario de Seguridad Pública que era investigado por la PGR. Entonces estaba adscrito a la División Antidrogas de la Policía Federal en la SSP.

En la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/241/2008, integrada durante la llamada “Operación Limpieza” –que permitió la captura de altos funcionarios de la SSP y de la PGR por servir al crimen organizado, en particular al Cártel de Sinaloa –Alberto Pérez Guerrero, identificado como testigo protegido con el nombre de “Felipe”, pormenorizó las complicidades de exfuncionarios policiacos con el narco:

Según “Felipe”, Velarde Martínez y Ricardo Gutiérrez –exdirector de la Interpol México y quien fue arraigado durante el Gobierno de Calderón por sus presuntos nexos con el narco– tenían en común su amistad y presuntos negocios de venta de información con José Antonio Cueto, señalado en ese tiempo como responsable de reclutar e infiltrar a funcionarios para brindarle información a los hermanos Beltrán Leyva sobre operativos, órdenes de aprehensión, investigaciones y extradiciones.

Narra el testigo “Felipe”:

“A principios del año 2007, el licenciado Mario Arturo Velarde Martínez se desempeñaba como director de área y es amigo cercano de Cueto, de la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol. Me pidió información sobre dos asuntos de los cuales no recuerdo en las oficinas de Interpol, en los que tenía conocimiento Cueto, por los cuales me dio Velarde Martínez la cantidad de cuatro mil dólares, de los cuales dos mil entregué a Cueto”.

El mismo día de esta declaración ministerial, realizada en la Embajada de México en Estados Unidos, la Drug Enforcement Administration (DEA) entregó a la PGR una fotografía del cercano colaborador de García Luna, quien ya formaba parte de las investigaciones y de los expedientes oficiales.

La imagen fue presentada al testigo protegido “Felipe”, quien lo identificó de entre cinco fotografías de otros funcionarios que ya estaban siendo investigados tanto en México como en Estados Unidos por servir al crimen organizado.

El testigo “Felipe” identificó el rostro de Velarde Martínez. El testigo protegido tenía información sensible: había sido agente de la PGR y su último cargo fue haber sido comisionado de la Interpol en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Por ello, conocía a los colaboradores cercanos a García Luna ligados al narcotráfico, entre otros, a Ricardo Gutiérrez, director de Interpol-México; Ricardo de la Guardia, exdirector de Despliegue Regional e Interpol; Miguel Colorado, excoordinador de Servicios Técnicos de la SIEDO –hoy SEIDO –y al capitán Fernando Rivera, exdirector adjunto de Servicios Técnicos de SIEDO.

Otros fueron arraigados, pues ya se tenía datos y evidencias de sus ligas con el Cártel de Sinaloa y, en particular, con la célula de los hermanos Beltrán Leyva. Sus nombres: Francisco Navarro, jefe de Operaciones Especiales de la SSP; Enrique Bayardo del Villar, inspector adscrito a la Sección de Operaciones de la PFP –éste fue ejecutado durante su etapa como testigo colaborador cuando tomaba café en un Starbucks ubicado en la colonia Del Valle de la Ciudad de México–; Gerardo Garay Cadena, entonces jefe de la Policía Federal Preventiva; y Ricardo Gutiérrez Vargas, director de Interpol-México.

Mario Velarde negó los cargos y los nexos que le imputaron con el narcotráfico, pero no fue suficiente: un testigo protegido de la DEA y de la PGR  reveló que servía a los intereses del Cártel de Sinaloa.

El testigo lo describió tal cual es físicamente.  Dijo: “Mario Velarde Martínez es de tez blanca, cabello negro corto y ondulado, mide un metro con 65 centímetros de estatura, tiene entre 38 y 40 años de edad, es de ojos color negro, nariz regular, con frente un poco pronunciada”.

Y añadió: “Tiene un tic nervioso de estarse jalando los pellejos de los dedos pulgares y que casi siempre tiene curitas en los dedos por ello y que cuando lo conoció el declarante era el secretario particular del entonces titular de la Agencia Federal de Investigación, pero después se fue como director de Enlace Externo en Interpol y más tarde quedó bajo las órdenes de la licenciada Maribel Cervantes, en la Policía Federal”.

Otro de los colaboradores de García Luna –Ricardo Gutiérrez– fue indiciado porque dos testigos protegidos lo acusaron de proteger los movimientos de Rey Zambada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El testigo también dijo que le vendía información a los Beltrán Leyva.

De acuerdo con el testigo y las investigaciones que entonces realizó la PGR, el exmilitar Roberto García –quien estaba adscrito a la Coordinación Técnica de la SIEDO– fue comprado por el Cártel de Sinaloa, pero cuando lo detuvieron pidió acogerse al programa de testigos protegidos y fue identificado con el nombre de “David”.

En aquella ocasión, el testigo relató que 11 años atrás “El Rey Zambada” –hermano de Ismael Zambada García– era conocido como “El licenciado Óscar” para tratar con comandantes y funcionarios federales. Conocía a José Antonio Cueto desde los tiempos de la Fiscalía Antidrogas (FEADS).

Dijo el testigo: “Cueto conoció a todos los comandantes de la Policía Judicial Antidrogas, esos comandantes le presentaron al licenciado ‘Oscar’ –o sea Rey Zambada – y añadió al testigo ‘David’.

“Óscar o el licenciado Óscar cuando utilizaba el Aeropuerto para viajar le hablaba a Cueto y él llamaba a Ricardo Gutiérrez, que era titular de Interpol México para que no pasara por ningún filtro de revisión; en específico, se trataba de gente que venía de Colombia, aunque no sé los nombres, pero se venían a ver con Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo” Guzmán.

Por otra parte, el testigo “Felipe” –cuyo verdadero nombre es Alberto Pérez Guerrero– relató que el director de Interpol tenía problemas económicos y por eso vendían información al crimen organizado e incluso le llegó a pedir un préstamo de 300 mil pesos a Cueto, enlace de los Beltrán Leyva.

Según “Felipe”, un abogado de narcotraficantes que tiene su despacho en Guadalajara, de apellido Valenzuela o Valencia, le pagó dos asesorías que le brindó Cueto para elaborar unos amparos. Primero pagó 30 mil pesos y en otra ocasión le dio de cuatro a seis mil dólares.

Relató: “Al pretender entregarle ese dinero (a Cueto) me pidió que le entregara dos mil dólares a Ricardo Gutiérrez Vargas, director General de Interpol, lo que realicé directamente en su oficina ubicada en Torre Pedregal sobre Periférico Sur, enfrente del hotel Camino Real por el Pedregal y al recibir este dinero Gutiérrez Vargas me dijo que gracias, este ya sabía que esto era de parte de José Antonio Cueto; oficinas donde el remitente prestaba sus servicios.

Esta entrega de dinero a Gutiérrez se repitió en una segunda ocasión sin saber qué cantidad, ya que era un sobre que Cueto me entregó y me dijo que se lo diera al director de Interpol refiriéndome que era dinero”.

“Felipe” también expuso en aquel testimonio que entre abril y mayo de 2007 Gutiérrez le dio un sobre cerrado con información que le pidió llevar al domicilio de Cueto en Valle Escondido, Atizapán, y así lo hizo.

Estos excolaboradores de García Luna fueron procesados por sus nexos con el crimen organizado. Cuando estaban en funciones fueron protegidos por García Luna. Todos ellos tenían nexos con “Rey” Zambada, quien ahora es uno de los testigos clave en el juicio que enfrentará el exsecretario de Seguridad Pública en Nueva York.

Cabe aclarar que todos los señalamientos incriminatorios en contra de los exfuncionarios –tanto los que operaban con García Luna como los que despachaban en la extinta PGR– formaron parte del expediente conocido como “Operación Limpieza”. La mayoría de ellos, sin embargo, fueron exonerados aparentemente por falta de pruebas; otros fueron encarcelados y recobraron su libertad. Ahora los testigos protegidos que hicieron las acusaciones testificarán en contra de García Luna. Es el caso de “Rey” Zambada y otros que dicen conocer detalles sobre la forma en que el exsecretario de Seguridad Pública brindó protección al crimen organizado, en particular, el Cártel de Sinaloa.

Ricardo Ravelo
Ricardo Ravelo Galó es periodista desde hace 30 años y se ha especializado en temas relacionados con el crimen organizado y la seguridad nacional. Fue premio nacional de periodismo en 2008 por sus reportajes sobre narcotráfico en el semanario Proceso, donde cubrió la fuente policiaca durante quince años. En 2013 recibió el premio Rodolfo Walsh durante la Semana Negra de Guijón, España, por su libro de no ficción Narcomex. Es autor, entre otros libros, de Los Narcoabogados, Osiel: vida y tragedia de un capo, Los Zetas: la franquicia criminal y En manos del narco.
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