Desde la saxofonista María Elena Ríos, que sigue sin ver a su agresor condenado por el ataque de ácido en su contra, hasta “Los Porkys” en Veracruz, la lista de decisiones de jueces y tribunales ha entorpecido la justicia en varios casos, lo que ha desatado la indignación y furia popular.

Ciudad de México, 3 de marzo (SinEmbargo).– Esta semana, un caso que involucró a un Juez y al Poder Judicial –en este caso, específicamente del Estado de México– generó no solamente indignación entre la sociedad sino una serie de cuestionamientos sobre el presente de este brazo del Estado, que se encuentra en el foco de la atención debido a este tipo de sentencias que benefician ya sea a abusadores de menores,  feminicidas e incluso narcotraficantes, quienes son absueltos por tecnicismos y artificios legales, dejando a las víctimas sin justicia y a la sociedad con más dudas que certezas sobre su capacidad para acudir ante estas autoridades.

El último caso es el de Manuel Alejandro Martínez Vitela, Juez del Tribunal Superior de Justicia mexiquense, quien absolvió y dio libertad a un hombre acusado de violar a una niña, su sobrina, de cuatro años en Naucalpan. La menor de edad fue agredida sexualmente en febrero de 2022 al interior de una casa, ubicada en la Zona Esmeralda del municipio de Atizapán de Zaragoza. El caso se viralizó en redes sociales, luego de que se difundiera un video de la audiencia, donde el Juez establece que no hay pruebas que comprueben el abuso por parte de Alejandro “N” contra la menor.

“Desde luego le creí en el tema del tocamiento, su hija jamás mencionó el lugar, el día”, argumentó el Juez Juan Manuel ante los reclamos la madre de la víctima, en las salas de juicio oral de Barrientos. El caso generó una movilización el martes pasado, cuando vecinos, familiares y otras personas se solidarizaron con la víctima y cerraron durante unas 5 horas el Periférico Norte en la Ciudad de México.

Pero este no es el único caso que ha provocado polémica e indignación entre la sociedad. A continuación, una serie de casos que destacaron por decisiones judiciales que causaron molestia entre la ciudadanía:

EL CASO ROXANA RUIZ

En mayo de 2023, la joven Roxana Ruiz fue sentenciada a seis años y dos meses de prisión tras ser declarada culpable por uso excesivo de legítima defensa tras asesinar al hombre que la violó en 2021. La Jueza Mónica Osorio Palomino determinó que Roxana asesinó “con exceso” a Sinaí —agresor de la joven—, pues aseguró que con un golpe en la cabeza era suficiente para dejarlo inconsciente; sin embargo, afirmó que ella lo golpeó en distintas ocasiones e inclusó lo cercenó para intentar abandonar el cuerpo.

Roxana ya había pasado 9 meses en prisión, pero en febrero de 2022 había seguido su proceso en libertad, hasta que fue condenada. El caso causó indignación y unos días después, fue absuelta del delito de homicidio. La Fiscalía se desistió de la acción penal y pidió la revisión del caso. La resolución fue dada por la Jueza Mónica Palomino, la misma que la había declarado culpable del uso excesivo de legítima defensa.

“Me dieron una sentencia condenatoria por el simple hecho de defenderme, de defender mi vida. Es una sentencia injusta, es una sentencia que nada tiene que ver con la perspectiva de género, no tomaron en cuenta nada”, había dicho Roxana en una entrevista con las periodistas Daniela Barragán y Perla Velázquez en el programa Café y Noticias que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

EL CASO ABRIL PÉREZ

Abril Pérez Sagaón fue asesinada en noviembre de 2019 mientras se dirigía al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Desde entonces y hasta ahora, su exesposo, identificado como Juan Carlos García Sánchez, a quien se le señala de haber planeado el crimen y de haber ejercido violencia en contra de ella durante el tiempo que duró su relación de pareja, se encuentra prófugo.

En junio de 2022, durante una audiencia realizada en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, ante un Juez de Control, Rodolfo Daniel “N” declaró que el exdirectivo de Amazon México lo contrató y le pagó 180 mil pesos para cometer el feminicidio en contra de su expareja, y aceptó haberle disparado a la mujer.

Uno de los episodios que se dio a conocer, y que habría sido el detonante para que Abril decidiera separarse de su entonces pareja ocurrió en enero de 2019. Pérez Sagaón denunció a su todavía esposo por intento de homicidio, por lo que este fue detenido y después liberado.

A inicios de noviembre de 2019, las autoridades reclasificaron la causa de intento de feminicidio a lesiones y violencia familiar, lo que a su vez provocó que el viernes 29 de noviembre de ese mismo año, el Poder Judicial de la Ciudad de México ordenara la suspensión de los dos jueces de Control señalados como responsables de liberar a Juan Carlos García, aunque después fueron reincorporados a sus labores.

En mayo de 2023, el Tribunal de Enjuiciamiento del Reclusorio Oriente dictó una sentencia de 52 años y 6 meses de prisión a Rodolfo Daniel Banderas y Juan Carlos Rodríguez por el delito de feminicidio de Abril Pérez Sagaón. Sin embargo, el autor intelectual sigue prófugo.

EL CASO MARÍA ELENA RÍOS

Uno de los casos que más indignación ha causado en México en los recientes años es el ataque con ácido del que fue víctima la saxofonista María Elena Ríos en 2019, y que incluso ha impulsado una serie de legislaciones locales y federal para castigar con más dureza este tipo de agresiones químicas. Pero su caso sigue sin resolverse y los responsables siguen sin enfrentar la justicia.

En enero de 2023, Juan Antonio Vera Carrizal, uno de los señalados por el ataque, recibió prisión domiciliaria luego de una “audiencia maquillada” y un “acuerdo pactado”, según la denuncia de la activista. Sin embargo, en marzo de ese mismo año, le revocaron la medida y fue de nueva cuenta enviado al penal de San Francisco Tanivet en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca.

La mujer denunció en septiembre que sufrió un atentado contra su vida el pasado 15 de septiembre en un traslado que realizaba de la Ciudad de México a Oaxaca. Juan Antonio Vera, hijo de Vera Carrizal y también involucrado en el ataque, sigue prófugo.

El proceso contra los presuntos responsables del ataque en su contra ha sido un camino muy largo. Los avances en su caso habían sido pocos y muy lentos, debido a que, aseguró Ríos, su agresor tiene vínculos en el Gobierno estatal encabezado por Alejandro Murat, quien dejó el cargo en 2022.

EL CASO DE “LOS PORKYS”

Otro de los casos emblemáticos por la falta de justicia y que provocó el enojo generalizado de la sociedad mexicana es el de los cuatro jóvenes conocidos como “Los Porkys”, quienes abusaron y violaron a Dafne, una menor de 17 años, en Veracruz. De los cuatro acusados, sólo dos fueron encarcelados con penas mínimas, uno más fue exonerado, mientras que otro, de nombre Jorge “N”, nunca ha sido detenido y sigue prófugo a casi 9 años del caso.

Enrique Capitaine Marín y Diego Cruz Alonso, presos desde 2016 por el delito de pederastia y abuso sexual, fueron condenados a cinco años de prisión y en octubre de 2022 abandonaron el penal de la Toma en Amatlán de los Reyes, Veracruz, cumpliendo esa sentencia.

Por el caso fue destituido Anuar González Hemadi, Juez federal que en 2019 concedió un amparo a Diego Cruz Alonso porque dijo que sólo “tocó los senos de la víctima, le metió las manos debajo de la falda y le introdujo sus dedos por debajo del calzón, y se los introdujo en la vagina”, pero en ese acto no observó ninguna intención lasciva, ni deseo de cópula.

El Consejo de la Judicatura Federal determinó que el Juez actuó con “corrupción, actuar en contra de las constancias y errores inexcusables en el caso de pederastia”. “Los Porkys”, pertenecientes a familias adineradas, salieron de fiesta y, de acuerdo con las acusaciones, Diego introdujo a la joven a la fuerza hacia el interior de un automóvil marca Mercedes Benz color negro, con placas de circulación YKR-53-08 del estado de Veracruz, el cual era conducido por otro de los inculpados. Además, el calvario de la adolescente continuó en el condominio donde uno de los agresores vivía.

EL CASO ABIGAIL HAY

Abigail Hay Urrutia era una joven de 30 años que murió en la cárcel municipal de Salina Cruz en agosto de 2022, mientras estaba  bajo custodia policial. Sin embargo, desde el primer momento su familia descartó que así fuera y acusó que se trataba de un feminicidio.

En noviembre, Kleiver “N”, su expareja, fue detenido por este caso. Además, fueron detenidos en su momento el exjuez cívico calificador municipal, Joel López Vázquez, y un comandante de la Policía Municipal de Salina Cruz, quienes se encuentran recluidos en el penal de San Francisco Tanivet. Al respecto, la autoridad municipal y el juzgado cívico calificador habían señalado que la joven fue detenida supuestamente por agredir a su pareja, en la vía pública y después de tres horas fue hallada sin vida. El caso sin embargo se confirmó como feminicidio ante la presión social y la publicación de un video que descartó el suicidio de la joven.

EL CASO MONTSERRAT BENDIMES

Jorge “N” y Diana “N”, padres de Marlon “N”, presunto feminicida de Montserrat Bendimes y quienes son señalados por actuar en complicidad con su hijo en el delito perpetrado el pasado 17 de abril del 2021, fueron liberados en abril de 2023 gracias a un amparo concedido por un Juez federal. Sin embargo, fueron reaprehendidos unas horas después en la entrada de los penales de Coatzacoalcos y Tuxpan, de los que recién habían logrado salir.

Para el Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, la determinación del Juez federal de liberar a Jorge “N” y Diana “N” fue un acto de corrupción. Mientras que Marlon “N”, el presunto feminicida, sí fue vinculado a proceso en junio de 2022, tras permanecer durante un año y dos meses en fuga.

EL FEMINICIDIO DE ARIADNA FERNANDA

Ariadna Fernanda López, una joven de 27 años, madre de un pequeño de cinco años, fue reportada como desaparecida en octubre de 2022, después de acudir a un restaurante en la colonia Condesa, pero hallada sin vida el 3 de noviembre de ese mismo año en la carretera conocida como La Pera-Cuautla, en Tepoztlán, Morelos.

Después se reveló que fue asesinada en un departamento de la Ciudad de México, pero su cuerpo fue trasladado a Morelos en una camioneta. El Fiscal de aquella entidad, Uriel Carmona, defendió en aquel momento la versión de que la mujer había muerto ahogada, versión que contradecía la de feminicidio que investigó la Fiscalía capitalina. El conflicto escaló entre ambas autoridades, pero se confirmó luego que sí había sido asesinada.

Por este caso, su pareja sentimental y una de sus amigas fueron detenidos e imputados. Carmona, por su parte, fue vinculado a proceso en septiembre de 2023 por el delito de encubrimiento por favorecimiento, un segundo cargo que se le imputa por el feminicidio de Ariadna Fernanda, luego de haber sido desaforado.

OTROS CASOS RELACIONADOS CON EL PODER JUDICIAL

Además de estos casos que obtuvieron notoriedad sobre todo gracias a la respuesta de la sociedad, que se indignó ya sea en redes sociales o en las calles, también se incluyen otros relacionados con el Poder Judicial y que mostraron los huecos del sistema. Es el caso del famoso narcotraficante Rafael Caro Quintero, “El Narco de Narcos”, liberado en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

En agosto de 2013, un Tribunal federal en Guadalajara absolvió y ordenó su libertad inmediata, luego de determinar que fue juzgado de manera incorrecta sobre el asesinato del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena, 28 años después de haber sido capturado. Inmediatamente se dio a la fuga y cuando las autoridades buscaron recapturarlo no había rastro de él. En julio de 2022 fue capturado en la sierra de Sinaloa.

También se encuentra en esos límites el caso de Andrés Roemer, escritor y exdiplomático mexicano acusado de abuso sexual por decenas de mujeres, quien huyó en mayo de 2021 a Israel, país con el que no hay acuerdos de extradición. El hombre fue apresado en octubre de 2023 por las autoridades israelíes, pero desde enero de 2024 se encuentra en arresto domiciliario, sin fecha para ser repatriado a México.

BUSCAN REFORMAR AL PJF

A mediados de febrero, Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), presentó los cuatro objetivos de la reforma al Poder Judicial de la Federación propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, que pretende dotarlo de “legitimidad, eficiencia, austeridad y transparencia”.

La reforma plantea que en 2025 se realice una elección extraordinaria para renovar a ministros, ministras, magistrados, magistradas, jueces y juezas del Poder Judicial, y quienes ocupan actualmente algún cargo pueden participar en el proceso de elección.

Asimismo, Alcalde Luján detalló que en el caso de las y los mil 633 magistrados de Circuito, y jueces y juezas de Distrito, se elegirán en cada uno de los 32 circuitos judiciales en las elecciones ordinarias, a partir de seis candidaturas paritarias por cargo.

Finalmente, la Secretaria de Gobernación explicó que las nuevas reglas procesales consisten en una justicia expedita, es decir, que se establezca un plazo máximo de seis meses para la resolución de asuntos fiscales, y de un año para asuntos penales; en la prohibición de otorgar suspensiones contra leyes con efectos generales en amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad; en la justicia local consistirá en que los poderes judiciales de los estados deberán establecer reglas para la elección directa de sus magistrados, magistradas, jueces y juezas; y en que los fideicomisos del PJF se reintegren al Fondo de Pensiones para el Bienestar.