El Presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia del 26 de abril de 2021.

“Hoy López Obrador se quiere llevar la función electoral al Poder Judicial y garantizar así su hegemonía, encarnada en la prórroga de Arturo Zaldívar al frente de ese Poder Judicial”. Foto: Daniel Augusto, Cuartoscuro

El muchas veces citado pero escasamente leído Alexis de Tocqueville nos dejó esta lección: “La época más peligrosa para un mal Gobierno es cuando comienza a reformarse”. La tengo por válida y agrego que ese peligro trasciende finalmente a toda la sociedad. El que encabeza López Obrador ya se despeña por ese abismo, encerrado como está en la soberbia, la ignorancia y el sentido doctrinal de su desempeño.

El Presidente está enfermo de hybris, incurablemente enfermo de desmesura, pero no sólo: también como suele sucederle a líderes de su tipo, malempezó a ejercer la Presidencia, se enajenó a grado tal que se ve a sí mismo como el demiurgo de la historia, lo único que le impulsa.

Eso no es admisible ni para los pueblos que un filósofo catalogó “sin historia”, mucho menos en el nuestro, que si bien es de lamentar no haya bienlogrado un sistema democrático consolidado y avanzado, en diversos momentos ha sabido torear con esos hombres fuertes que han pretendido concentrar todos los poderes posibles, y cuando se ufanan de ser casi emperadores, se han tropezado con su propio manto. Es la historia de Santa Ana, Díaz, Obregón, Calles, Salinas, y apunto que al mismo Juárez, en su grandeza, lo salvó una muerte oportuna.

Con López Obrador, la película correrá igual hasta el último rollo. No habrá más allá. Es cierto: estamos en un momento de bifurcación y si algo ha aprendido nuestro país ha sido superar crisis políticas profundas hacia momentos más esclarecidos.

A López Obrador le estorban las autonomías, a México no. Él tiene en la mira como propósito reformador –destructivo– al INE, organismo garante como ninguno otro en nuestro devenir de elecciones que sirvieron para liquidar, luego de una gran marcha, al viejo partido de Estado que fue el PRI porque si ese árbitro electoral hubiera existido como aparato simétrico al poder y sus designios, difícilmente habríamos derrotado al ogro filantrópico y todo su aparato.

Desde el momento en que las elecciones dejaron de ser dúctil plastilina en manos del autoritarismo y despotismo presidencial, hemos respirado el aire fresco de la precaria democracia que tenemos. El INE es de las instituciones exitosas que se han creado en el país, producto de luchas profundas, que es reformable, cierto, pero no candidato a desaparecer, como lo propone la visión y los caprichos de López Obrador, o de un politicastro del tipo de Félix Salgado Macedonio, quien gangsterilmente dijo: “Esta será la última elección que organice el INE”.

La malhadada propuesta carece de una óptica constitucional, propiciatoria para una posible consolidación democrática profunda, que debe suceder a la dictadura que se pretende imponer desde el poder presidencial, para concentrar todo en manos de un presidente vengativo, que piensa que estamos sujetos a sus antojos y en desconocimiento de las más excelentes historias de nuestra Nación.

Dice López Obrador que el INE –y de paso el resto de los organismos de su tipo– no es “verdaderamente autónomo”, y no ofrece más prueba que aducir facciosamente un llamado a que veamos “lo que nos hicieron”, entendiendo por esto que le defenestraron en dos instancias, la administrativa y la jurisdiccional, a dos de sus alfiles beneficiados con sendos dedazos para los estados de Guerrero y Michoacán. En respuesta, al Presidente sólo se le ocurre, de pie, en una mañanera donde es rey, querer trasladar la función electoral del Estado al Poder Judicial.

Se desentiende de las lecciones que nos dejó la histórica polémica entre dos grandes liberales, José María Iglesias e Ignacio Vallarta; de la dominación política de todos los procesos electorales por el poder, luego de la Revolución mexicana; de los años significativos de 1988, 1997, 2000 y 2018, y el papel que la ausencia o presencia de un árbitro electoral nos ha deparado.

Por eso el INE está convertido en un órgano constitucional autónomo, que juega para llegar a elecciones creíbles y generadoras de confianza. Desviarse de esta senda es desembocar en una visión cíclica que pretende regresar al poder mismo lo que ya ganó la ciudadanía, aun en el desamparo actual que se preconiza en el endeble y corrompido sistema de partidos que llega maltrecho a los actuales comicios.

Es hora de defender con todo las autonomías como órganos que surgen en la inmediatez de la Constitución, superando la vieja visión tripartita de la división de poderes y sin la mediación del Ejecutivo en su fórmula presidencialista prototípica que hemos padecido aquí.

La autonomía va más allá porque está llamada a cumplir obligaciones para el Estado, fundado en el derecho y la obligada legitimidad popular, producto de elecciones garantizadas en el profundo sentido que ha tenido la creación y despliegue de la autonomía electoral, perfectible y de ninguna manera moldeable en su diseño institucional por el poder que pretende devorarlo todo, porque se asume representante del “pueblo bueno”, el “único real”, encarnado en el carisma tozudo de un dictador en ciernes.

Hoy López Obrador se quiere llevar la función electoral al Poder Judicial y garantizar así su hegemonía, encarnada en la prórroga de Arturo Zaldívar al frente de ese Poder Judicial. Hay que decirlo: puede tener éxitos momentáneos, producto de la fuerza y contrarios al derecho y la razón, pero serán derrotados a su tiempo, como suele sucederle a los malos gobiernos cuando creen reformarse para llevarnos al pasado.

30 abril