De acuerdo con la primera Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas del INEGI, el costo promedio de la corrupción por empresa durante 2016 fue de 12 mil 243 pesos. En el caso de las empresas medianas, el monto llegó a 84 mil 806 pesos y en las compañías industriales fue de 15 mil 766 pesos.  Seis de cada 10 empresas establecidas en México piensa que la corrupción agiliza trámites.  En Quintana Roo, Colima y San Luis Potosí se concentran los costos más elevados de estos actos delictivos en materia regulatoria.

De acuerdo con el Banco de México, el Banco Mundial y la revista especializada Forbes, la corrupción en el país representa cerca del 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado la sitúa en 10 por ciento del PIB.

Ciudad de México, 3 de julio (SinEmbargo).– La corrupción en materia regulatoria en México costó mil 600 millones de pesos a las empresas durante 2016, reveló la primera Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

De acuerdo con el reporte, el costo promedio de la corrupción por empresa fue de 12 mil 243 pesos. En el caso de las empresas medianas, el monto llegó a 84 mil 806 pesos y en las compañías industriales fue de 15 mil 766 pesos.

En Quintana Roo, Colima y San Luis Potosí se concentran los costos más elevados de estos actos delictivos en materia regulatoria.

En el caso de Quintana Roo, el costo promedio fue de 146 mil 771 pesos por compañía por actos de corrupción.

En el 64.6 por ciento de las unidades económicas de México se considera que los actos de corrupción se producen para agilizar trámites, mientras que en el 39.4 por ciento se señala que dichos actos se generan para evitar multas o sanciones y en 30.7 por ciento se originan por la obtención de licencias o permisos, indicó el INEGI.

La Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas tiene el propósito de estudiar la percepción de las empresas sobre la experiencia de realizar trámites y solicitar servicios públicos, así como sobre actos de corrupción al realizarlos.

Según el estudio, para el 20.2 por ciento de las unidades económicas —es decir, las entidades productoras de bienes y servicios, ya sea establecimientos, hogares o personas físicas— las normas, trámites, solicitudes e inspecciones para los establecimientos son un obstáculo para el logro de sus objetivos de negocios.

En total, durante 2016 se realizaron 76.5 millones de trámites, pagos o solicitudes de servicios ante autoridades municipales, estatales o federales. Es decir, un promedio anual de 19.5 trámites por unidad económica.

En promedio, en cada unidad económica del sector privado se gastó 48 mil 871 pesos por cargas administrativas, y en el 50.9 por ciento de ellas se consideró que las cargas administrativas de 2016 fueron igual o más pesadas que las del año anterior.

En cuanto a la percepción sobre los servicios públicos básicos y de infraestructura, el 75.6 por ciento refirió que las calles y avenidas de su municipio o delegación están en mal estado, y el 76 por ciento dijo que son inseguras.

De acuerdo con el Banco de México, el Banco Mundial y la revista especializada Forbes, la corrupción en el país representa cerca del 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado la sitúa en 10 por ciento del PIB.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía  reportan que este cáncer alcanzaría 347 mil millones de pesos que equivaldrían a aproximadamente el 2 por ciento del PIB (2013). Esta cifra es similar a la de México ¿Cómo Vamos? que la sitúa en 342 mil millones de pesos al año.

Transparencia Mexicana documentó que en el 2007 una mordida costó a los hogares mexicanos un promedio de 138 pesos mientras que en el 2010 se elevó a cerca de 165 pesos. El costo para acceder o facilitar trámites y servicios públicos fue de alrededor de 27 mil millones de pesos en el 2007 y en 2010 se destinaron más de 32 mil millones de pesos a las mordidas.

Además, los hogares mexicanos en general destinan el 14 por ciento de sus ingresos para pagar actos de corrupción y los hogares que perciben un salario mínimo gastan el 33 por ciento. Es decir, interpretó Transparencia Mexicana, la corrupción representa un impuesto regresivo considerable para los más pobres.

Las pérdidas no solo se van en sobornos, compra de piratería, desvío de recursos o ahuyento de inversión. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) concluyó que también afecta negativamente algunas de las variables del bienestar que no están capturadas en las mediciones del PIB: desarrollo sostenible, salud y seguridad, equidad y otros tipos de capital cívico o social, como es la confianza.