Por Cecile Lachenal

Desde el pasado 18 de febrero, existe confusión y falta de información sobre qué estrategia existe para hacer frente al tema de la violencia contra las mujeres. Primero, la Secretaría de Salud suspendió la convocatoria a concursar por recursos públicos para la operación de centros de atención externa y refugios para las mujeres que deciden alejarse de las situaciones de violencia en las que viven. Frente a la movilización en redes y medios de legisladoras y organizaciones de la sociedad civil, se dio marcha atrás a la medida y se volvió a abrir la convocatoria el 23 de febrero. Luego, el jueves 28 de febrero, el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, planteó que el gobierno entregará apoyos directos a mujeres que requieren los servicios de refugios. Y finalmente, se dijo que la Secretaría de Gobernación será la instancia que gestionará los recursos para los refugios.

Los refugios para mujeres víctimas de violencia son el segundo nivel en el modelo de atención y prevención de la violencia contra las mujeres, establecido por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Este modelo señala las obligaciones y responsabilidades de tres tipos de instancias involucradas:

1) la procuración de justicia y su obligación de recibir las denuncias de las mujeres y de investigar los hechos.

2) la detección de las situaciones de violencia y debida canalización/orientación por parte de las instancias de salud

3) los refugios, que prestan servicios de asesoría jurídica, apoyo psicológico, servicio médico, talleres de empoderamiento y, sobre todo, ofrecen un lugar seguro para las mujeres que valientemente deciden alejarse de sus hogares violentos.

Ante los problemas que tienen la procuración de justicia y el sector salud para atender a las mujeres sin revictimizarlas, para que puedan denunciar a sus agresores y/o para ser atendidas en su salud de los efectos de la violencia, los refugios y centros de atención externa se vuelven el último eslabón de ayuda. Los refugios salvan las vidas de las mujeres, así de sencillo y así de básico. Y hay muchos testimonios que prueban la importancia de estos lugares

Para fortalecer a los refugios en la política de atención a la violencia contra las mujeres, es importante consolidar y mejorar la convocatoria a los recursos públicos. Como ya lo observamos en nuestro Diagnóstico, y la propia Red Nacional de Refugios lo ha estado enfrentando, esta convocatoria tiene varias fallas que podrían ser corregidas para dar mayor certeza del destino y buen uso de los recursos asignados a los refugios.

En primer lugar, es importante recordar que, desde 2011, existe un modelo de refugio que establece los lineamientos bajo los cuales deben funcionar los refugios para asegurar que la atención a las víctimas sea de calidad y basada en los derechos humanos de las mujeres. Esta herramienta es parte de los instrumentos que tiene la facultad de usar el Comité Ad Hoc creado cada año para evaluar las aplicaciones de los refugios a la convocatoria. En segundo lugar, como la RNR lo ha comentado en varias ocasiones, se requiere que la revisión de la documentación que se solicita a los concursantes no sea meramente de orden contable o de gestión, sino que incluya una dimensión de impacto en los derechos de las mujeres. Como ya lo habíamos observado, para la convocatoria de 2017, varios criterios de la convocatoria como la ausencia de adeudos por ejemplo son objeto de interpretaciones estrictas por parte del Comité que tienen por efecto de excluir las OSC de la convocatoria en lugar de fortalecer su colaboración y permitirles recibir recursos para otorgar los servicios de atención a las mujeres víctimas.

Para ello, sería importante establecer criterios o indicadores en términos de derechos humanos para evaluar el trabajo realizado por los refugios y centros de atención externa, y determinar la asignación de los recursos públicos. En tercer lugar, una vez que los convenios de colaboración se hayan firmado, sería importante vigilar que las ministraciones no lleguen tarde a los Centros de Atención Externa y Refugios para no afectar su capacidad operativa y poner de nuevo en riesgo la prevención y atención de la violencia contra las mujeres.

La situación de alerta de violencia de género generalizada al país requiere del fortalecimiento de los mecanismos existentes para prevenir y atender la violencia contra las mujeres, y de la coordinación de los esfuerzos de las instancias públicas, como el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, con los refugios para asegurar que se otorguen los servicios de prevención y atención de la violencia y se reduzcan los riesgos de perder la vida de las mujeres.

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