Entre estas 17 leyes reprobadas, 16 fueron reformadas de 2007 a la fecha. Foto: Fundar.

Entre estas 17 leyes reprobadas, 16 fueron reformadas de 2007 a la fecha. Foto: Fundar.

Ciudad de México, 4 de mayo (SinEmbargo).– El 50 por ciento de las leyes estatales están reprobadas y tienen grandes rezagos en materia de transparencia a pesar de que han sido reformadas en los últimos años, de acuerdo con los resultados de 2015 del Índice del Derecho de Acceso a la Información en México (IDAIM) que realiza la organización Fundar.

Este lunes 4 de mayo se promulga la Ley General de Transparencia (LGT). Las entidades federativas y la federación tienen hasta un año a partir de la entrada en vigor para homologar sus leyes, es decir hasta mayo de 2016. Por ello, Fundar mencionó que el mayor reto de esta Ley en Transparencia está en las entidades federativas.

“Para lograr que esta reforma permee hasta los estados se tienen que reformar las 33 leyes de transparencia con base en los criterios de la Ley General de Transparencia y asegurar su adecuada implementación”, informó Fundar al tiempo que presentó los resultados del IDAIM.

De acuerdo con los resultados del Índice, la mitad de las leyes estatales siguen reprobadas, aunque lo que es más preocupante para Fundar es que entre estas 17 leyes reprobadas, 16 fueron reformadas de 2007 a la fecha y no lograron mejorar las condiciones de la transparencia.

Dijo que en el caso de las mejores leyes que fueron aprobadas están la del Distrito Federal y la de Coahuila, esta última, la mejor evaluada. En contraparte, se informó que los peores evaluados fueron Hidalgo, Baja California Sur, Yucatán, Querétaro y Campeche.

La lista de las entidades que fueron reprobadas está complementada por Guanajuato, Tamaulipas, Sinaloa, Estado de México, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco, Sonora, Aguascalientes, San Luis Potosí, Baja California y Michoacán.

Según el IDAIM 2015, a la fecha sólo nueve leyes estatales cumplen con la reforma constitucional en materia de transparencia del 2007. “Esta tendencia de los congresos locales en no cumplir con los plazos y los estándares es un obstáculo a la garantía del derecho de acceso a la información pública en el país”, refirió.

De cara a las reformas que se darán en los estados, el Índice del Derecho de Acceso a la Información en México propuso reconocer el Derecho de acceso a la información como un derecho humano, “el cual sigue pendiente en 24 leyes y es base para una interpretación de la ley más garantista del Derecho de Acceso a la Información”.

Asimismo pidió garantizar la generación de información al establecer como obligación documentar todo acto que derive de las facultades, responsabilidades o funciones de los individuos obligados.

También exigió establecer sanciones cuando esto no suceda y facultar al órgano garante para que resuelva la generación de información cuando corresponda con la obligación del sujeto obligado. Estas medidas son fundamentales para asegurar que las autoridades documenten sus acciones y puedan dar cuenta de ellas con fundamentos legales.

Asimismo exhortó a mejorar el diseño institucional, lo cual, dijo, implica un cambio para la administración estatal. Fundar refirió que la mitad de estados no contemplan la figura del comité de información el cual funge como filtro para evitar reservas de información mal fundadas o declaratorias de inexistencia cuando no sea el caso.

En cuanto al proceso de designación de comisionados, pidió mejorarlo  para garantizar la autonomía plena de los órganos garantes estatales. “De acuerdo al IDAIM, los procesos actuales no garantizan la transparencia ni la inclusión de la participación de la sociedad”.

Precisó que 17 leyes contemplan una convocatoria abierta, 4 cuentan con un instrumento técnico de evaluación de los candidatos y permiten la participación ciudadana, y sólo 2 establecen que las entrevistas en el congreso serán de carácter público.