La madrugada del 4 de mayo de 2006, tras dos días de tensión en San Salvador Atenco por el enfrentamiento derivado de una reubicación de vendedores, más de mil policías del Gobierno del Estado de México y también federales rompieron un bloqueo de manifestantes sobre la carretera de Texcoco a Atenco, e incursionaron en la cabecera municipal de éste último, allanando viviendas, golpeando, arrestando masivamente a cientos de habitantes, matando a dos jóvenes y violando mujeres. Hoy, los campesinos integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, acusan que la justicia nunca llegó por aquél atropello y alertan que, 10 años después, la construcción del NAICM ha encendido otra vez los focos rojos: el Gobierno federal nos quiere despojar, pero estamos listos para enfrentarlo, dicen.

Foto: Francisco , SinEmbargo

Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra montan guardia en los límites de San Salvador Atenco con los terrenos del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo

Ciudad de México, 4 de mayo (SinEmbargo).– En el bordo de un canal aledaño a la autopista Peñón Texcoco, los campesinos integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) colocaron piedras pintadas con cal para formar un mensaje: “no al aeropuerto”. A unos metros, desde mediados de abril mantienen un plantón para impedir el avance de los trabajos del mega proyecto por el que miles de ellos fueron expropiados hace 15 años y que, con el actual Gobierno federal, ha sido reactivado.

“Desde que vino la expropiación no han quitado el dedo del renglón”, dice Jorge Espinoza, de 69 años y ejidatario de San Miguel Tocuila. “Qué mentira: Nos hacen creer que no vamos a ser afectados en nuestras tierras”, agrega.

La tierra sobre la que mantienen el plantón, recién barbechada para la siembra de maíz, ha sido por generaciones el sustento de los ejidatarios de Tocuila, en el municipio mexiquense de Texcoco. Hace unas semanas, sin embargo, sobre esa misma tierra, trabajadores de una empresa contratada para las obras de la futura carretera Peñón–Ecatepec colocaron montones de arena e iniciaron la expansión del trazo.

“Ellos son los que vinieron a saquear nuestra tierra. ¿Cuándo les dijimos ‘sabe qué, no están en venta nuestras tierras’? Es más, ni siquiera nos consultaron. Ellos pusieron su mugre precio de siete pesos con 20 centavos, ¡pues si no soy limosnero!”, dice Espinoza.

Con esa resistencia, los integrantes de las comunidades de los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco llegan hoy a la conmemoración del décimo aniversario de las incursiones policiacas que, entre el 3 y 4 de mayo de 2006, dejaron más de 200 detenidos, dos jóvenes asesinados, más de 30 mujeres abusadas sexualmente y decenas de casas allanadas.

Década que se cumple cuando no sólo este hecho de violación masiva de derechos humanos se encuentra impune, sino cuando el despojo de tierras que dio origen al movimiento de campesinos reprimidos es ya visible en el terreno aledaño al previsto para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

“Es la misma razón y nuestra postura es: vamos a seguir defendiendo nuestra tierra, y ni modo. [El Presidente Enrique Peña Nieto] dice que habla de derechos humanos, cuando él es el que está provocándonos a hacer esto que estamos haciendo y que para él es una ofensa, y todavía por defender, ¡ahora sí!, nosotros resultamos culpables. Vea: ahí está el material adentro de nuestro límite”, denuncia Espinoza.

Junto a él, el pasado 29 de abril, en el plantón sobre las tierras ejidales estaba también Ignacio del Valle, líder del Frente formado hace ya casi quince años para defender a miles de campesinos de los decretos de expropiación publicados el 22 de octubre de 2001 por el entonces Presidente Vicente Fox Quesada.

Con estos decretos, que expropiaban más de 5 mil 300 hectáreas de cultivo de uso común, la mayoría en Atenco, el Gobierno federal iniciaría desde entonces la construcción del NAICM en esta zona contigua a lo que fuera el antiguo lago de Texcoco.

La ubicación del proyecto, de acuerdo con diversos documentos, había sido decidida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes desde el sexenio de Ernesto Zedillo y se consideraba una añeja ambición impulsada por el grupo político del Estado de México, encabezado por el entonces Gobernador priista Arturo Montiel Rojas.

Pero la oposición de miles de ejidatarios y ciudadanos de las regiones expropiadas, que por meses marcharon armados con machetes, además de resistir golpizas policiacas, logró en un año detener el megaproyecto y, el 14 de agosto de 2002, el mismo Fox publicó un decreto revocando las expropiaciones y argumentando que una de las causas era, precisamente, que “varios ejidos iniciaron un movimiento en el que manifestaron por diversas vías su oposición”.

Cinco años después, sin embargo, y con Enrique Peña Nieto como nuevo Gobernador del Estado de México, diversos actos de resistencia a la reubicación de un grupo de vendedores de flores y simpatizantes del FPDT culminaron con uno de los actos de represión policiaca más brutales de la historia reciente de México.

La madrugada del 4 de mayo de 2006, y después de dos días de tensión en la comunidad por el enfrentamiento derivado de la reubicación de los vendedores, más de mil policías estatales y federales rompieron un bloqueo de manifestantes sobre la carretera que conduce de Texcoco a Atenco e incursionaron en la cabecera municipal de éste último, allanando viviendas, golpeando y arrestando masivamente a cientos de habitantes.

“Es algo que no tenemos que olvidar”, dice Ignacio del Valle, detenido por esos hechos durante más de cuatro años e identificado por Peña Nieto como líder de la resistencia de los días previos, en la que participaron cientos de activistas de otras regiones.

“Perder la memoria yo creo que sería lo más indigno que tuviera nuestra gente. Nuestros pueblos quizá han sido manipulados, como tratados de acallar, pero creo que la respuesta es ésta, justo, la respuesta es ésta: que nos mantenemos en resistencia, en oposición total”, agrega el dirigente, hoy de 60 años.

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Como hace una década, los ejidatarios de Atenco afirman que lucharán por la defensa de sus tierras y ante el amago de despojo del Gobierno federal para construir el NAICM. Fotos: Francisco Cañedo, SinEmbargo

“NOS HAN INVADIDO”

Después de 12 años en los que la obra estuvo cancelada, en septiembre de 2014, el ahora Presidente Enrique Peña Nieto retomó el añejo proyecto de la construcción del NAICM y anunció el inicio de la construcción en terrenos “propiedad del Gobierno federal”.

El diseño arquitectónico del proyecto fue asignado, entre otros, a Fernando Romero Havaux, yerno de Carlos Slim Helú, y se construirá, según datos oficiales, sobre una superficie de 4 mil 430 hectáreas ubicadas sobre otro polígono “federal” de 12 mil 500 hectáreas ubicadas, la mayoría, al oriente del Circuito Exterior Mexiquense.

La incertidumbre con respecto a las implicaciones del mega-proyecto, sin embargo, ha renovado la introducción de Juicios de Amparo por parte de los habitantes de la zona, que en los últimos meses han interpuesto unos ocho recursos buscando aplazar lo que temen puede ser el despojo de sus tierras y, consideran también, la alteración total de su modo de vida.

“Quieren engañar diciendo que estamos nosotros violentando los derechos de sus trabajos de ellos, cuando que sabemos que nuestra comunidad, nunca ni vamos a aceptar el cambio de uso de suelo al dominio pleno”, dice Espinoza.

Mientras es entrevistado, el ejidatario sostiene el documento con el juicio de amparo número 349/2016, recibido apenas el pasado 25 de abril en el Juzgado Noveno de Distrito del Estado de México e interpuesto contra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

El reclamo: la concesión o visto bueno a la construcción de la autopista Peñón-Ecatepec, anunciada en 2015 por la SCT pero que “está sobre nuestras tierras ejidales de uso común sin consentimiento de la Asamblea General de nuestro ejido”.

Si el Gobierno federal del entonces Presidente panista Vicente Fox trató de expropiarlos de un día para otro, explican los entrevistados, el Gobierno actual priísta ha recurrido a la cooptación de los núcleos ejidales. Uno de ellos fue el del propio San Salvador Atenco, dice Del Valle, que el 1 de junio de 2014 aprobó el cambio de uso de suelo de común a dominio pleno, abriendo así la puerta a la venta de las casi dos mil hectáreas susceptibles de ser ocupadas por el proyecto del nuevo aeropuerto.

“Desgraciadamente, mañosamente, lo que ha sucedido en todas las comunidades: con dádivas quieren comprar al presidente ejidal, y muy lógico, ¿qué hace? Vende a su comunidad y se larga; lo clásico de todos los que representan a nuestra Nación”, se queja Espinoza.

La determinación de qué ocurre con las tierras, sin embargo, explican, no corresponde sólo a los integrantes de los núcleos ejidales, sino a todos los habitantes de esas comunidades ocupadas por sus ancestros hace milenios.

“La afectación o el beneficio, en caso de que no se expropiara, somos todos los pueblos que habitamos, porque los pueblos están insertados en tierras ejidales y comunales; no hay comunidad que no tenga este régimen ejidal”, dice Del Valle.

“La colectividad ha sido la forma en la que hemos vivido como pueblos, y ya hoy a la entrada nuevamente de Enrique Peña Nieto reactiva algo que, en una primera etapa (…) ha costado la muerte, el encarcelamiento, el asesinato, violaciones; creo que eso no lo podemos olvidar, nadie lo puede olvidar, y si eso no es argumento suficiente como para decir que tenemos el derecho legítimo para defender lo que le pertenece a nuestros nietos, no sabemos dónde estamos viviendo”, agrega.

La construcción sobre el ejido de San Miguel Tocuila y, en general, la instalación de un megaproyecto en la cuenca de lo que fue el lago de Texcoco, plantean, es sólo un ejemplo de la política de “depredación y muerte” impuesta por los gobiernos federales en contra de las comunidades.

“No sólo son nuestros hermanos en el Estado de México, Xochicuautla [donde también hubo una incursión policiaca para permitir un proyecto carretero], Coyotepec, Tecámac; tantas comunidades que estamos defendiendo el agua; aquí hay una comunidad que está defendiendo su cerro, los compañeros de Chipiltepec, de Tezoncalli, material que quieren utilizar para rellenar estos espacios que nos dan vida”, dice Del Valle.

“Nos han invadido, ellos han venido a romper esa tranquilidad y esa armonía que vivían nuestros pueblos hasta antes de 2001; ellos vinieron a meter esa ambición, esa idea de progreso que sabemos que no lo es: progreso para unos cuantos, eso sí; ¿quiénes no sabemos que la Patria se está entregando?”, agrega.

Fotos: Francisco Cañedo, SinEmbargo

La colectividad, dicen campesinos de Atenco, es con lo que han defendido su patrimonio y ahora, ante amenazas de depredación y muerte, están listos para proteger lo que es suyo. Fotos: Francisco Cañedo, SinEmbargo