A un año de la masacre en el anexo “Buscando el camino a mi recuperación”, en la comunidad de Arandas y la colonia Galaxias del Naranjal la vida se ha detenido para familias como la de Yuyo: “ya no celebramos cumpleaños ni Navidad, nos quitaron las ganas de todo”. El 1 de julio de 2020, 27 internos fueron asesinados.
Por Edith Domínguez
Guanajuato, Guanajuato, 4 de junio de 2021 (PopLb).- La vida se detuvo en varios hogares de la comunidad de Arandas y la colonia Galaxias el Naranjal del municipio de Irapuato. Han pasado 365 días y aunque hay movimiento del comercio local, la venta de flores, elotes, pollos, quesadillas, la comunidad no volverá a ser la misma después de la masacre en el anexo “Buscando el Camino a Mi Recuperación” de ese 1 de julio de 2020.
En los rostros de los deudos hay decepción, aislados viven su duelo, la justicia quién sabe si llegará para las 32 víctimas y sus familias. Hay quienes ya ni eso esperan.
Jesús Emmanuel Quezada Martinez, único procesado por el Poder Judicial del estado como presunto responsable del multihomicidio -fue uno de tres detenidos en su momento anunciados por la Fiscalía general del estado-, continúa sin sentencia.
POPLab pudo conocer que el proceso contra Emmanuel (bajo la causa penal 1620-530) llegó a la audiencia preliminar para el juicio oral el 16 de junio. Pero en dicha audiencia, el juez excluyó medios de prueba que la fiscalía busca presentar en el juicio en contra del inculpado. Por ello, la Fiscalía General del Estado y los asesores jurídicos de algunas de las familias apelaron la resolución, por lo que el proceso se alarga.
Veinte lazos descoloridos y alambres oxidados cuelgan del portón café; algún día sostuvieron los ramos de flores que expresaron el dolor de las 27 familias que perdieron a sus hijos, padres o hermanos.
Como hace un año la calle está llena de lodo tras las lluvias. Igual que ese 1 de julio, cuando hombres armados violentamente ingresaron al anexo; supuestamente tras una llamada desde un celular de uno de los agresores para “informar que no estaba la persona que buscaban”, dispararon contra los más de 40 internos, a los que obligaron a colocarse en el piso boca abajo. Veintiuno de ellos fueron asesinados en un cuarto del piso superior de la finca. Tres cuerpos más, entre ellos el dueño del anexo, quedaron en un cuarto en la planta baja. La cifra ascendió en los días posteriores a 27 víctimas mortales y cinco heridos, cuatro hombres y una mujer.
Víctimas mortales:
Abimael Tejada Martínez
Juan Alfredo Rico Domínguez
Arael Giovanni Regalado Santoyo
Omar Regalado Santoyo
Hugo Cristian Regalado Santoyo
José Trinidad Hernández Medina
Juan Carlos Pérez Regalado
Luis Antonio Ruiz Caudillo
Roberto Carlos Saucedo González
Miguel Ángel Sandoval López
Víctor Hugo Sánchez Tapiacuya
José Antonio Isidro Zavala Ramírez
Jesús Eduardo Martínez Rangel
Jesús Morales Lopez (Yuyo, menor de 16 años).
Abel Alejandro González Rodríguez
Mario Barajas Sandoval
Silvestre Ramírez Martínez
Jorge Bravo Alvarado
Marco Antonio Castillo Acosta
Víctor Guadalupe Rodríguez González
Alfredo Aguilar Cervera
Miguel Ángel Barrientos Sánchez
José Mario Vázquez Sánchez
Erasmo Flores Regalado
Juan Armando Sandoval Molina
Óscar Escamilla Cortez
Juan José Luis Raya Valtierra y/o José Luis Raya Valtierra y/o Juan Luis Raya Valtierra.
El martes 29, desde el frente del anexo trinan los pájaros; el sol comienza a calar antes de las doce del día. Tres perros en dos casas ladran a los extraños, los moradores no quieren hablar, se dicen ocupados, con el lodo es muy difícil caminar.
En la finca ubicada en el lote 10 manzana 11 de la calle Cerrada Guanajuato -donde funcionó el anexo-, un foco blanco del pasillo principal sigue prendido como avisando que alguien vive en el lugar, pero la barda de tabique rojo es usada de cortina de una de las ventanas. La casa está vacía, el patio limpio y las flores del jardín comienzan a brotar.
“¡ADIÓS, YUYO!”
“Doña, no olvide que la quiero mucho”, fueron las últimas palabras de Jesús Morales a su madre desde las escaleras del anexo. “Sí hijo, no olvides que yo también a ti” respondió Mayra, después que convivieron, con su abuela materna Graciela y su hermana al llevarle de comer papas fritas, frijoles y bistec al adolescente de 15 años.
Detrás de la puerta cerrada cuando salieron, todavía escucharon el grito de “Yuyo”: “mamá, Doña (cómo le decía de cariño a su progenitora) te cuidas, no olvides que te quiero mucho”. Les pidió que avisaran a Jesús, su papá, que lo fuera a visitar el domingo siguiente, “yo sí le dije: nos vemos el domingo”. Una visita que no llegó para la familia Morales y desde ese momento su vida se paralizó.
Ese primero de julio la mamá, la abuela y la hermana de “Yuyo” salieron del anexo y cruzaron la calle con calma entre el lodazal, caminaron por el bulevar y apenas llevaban unos 700 metros de camino rumbo a su casa ubicada en la colonia Galaxias el Naranjal (que se ubica a unos mil metros) cuando escucharon detonaciones de arma de fuego. Mayra pensó “son cuetes” y siguió caminando.
Recién llegó a su casa en la calle Circuito Costas, cuando ya le estaban avisando que policías municipales estaban cercando la calle del anexo, pues “algo pasó”. Los padres de “Yuyo” se dirigieron al lugar. A medida que pasaban los minutos las ambulancias, las camionetas de Protección Civil y patrullas fueron llegando también al lugar; Jesús corrió pero no lo dejaron ingresar al anexo.
Mayra llegó instantes después, ya otras familias de los internos se encontraban en el lugar, querían saber de ellos. A gritos, Mayra pidió que dejaran pasar al “Pay” -uno de los hijos del encargado- porque él sabría quiénes eran las víctimas, pues las conocía. Entre la presión lo dejaron ingresar y fue él quien comenzó a informar de los heridos y los fallecidos.
Un policía ministerial salió del lugar y les avisó que apenas tres de los internos estaban en el hospital. “Todos los demás están muertos arriba”. El hijo mayor de Mayra la abrazó y le dijo “mamá nos lo mataron”
“Mi hijo se despidió de mí, yo me despedí de él, me dijo cuánto me quería. Tuve la dicha de verlo en sus últimos momentos, de verlo contento, sonreír”, relató Mayra.
EN LA SECUNDARIA, ESTUDIOS… Y ADICCIONES
Después de la muerte de “Yuyo” los padres supieron que en la Secundaria Técnica Número 41 de Irapuato comenzó a consumir marihuana.
En el cuarto de Yuyo sus padres le tienen un altar con motocicletas y patinetas de juguetes pequeños, las fotos en vida están rodeadas de recuerdos de amigos, unas monedas que le pone su madre para que cuando “Yuyo” quiera venir a visitarlos lo dejen pasar del más allá, la veladora alumbra el cuarto pequeño donde está aún su bicicleta, una caja con sus ropa y unas coca-colas.
El menor era una promesa del deporte; días antes de su asesinato, un entrenador le pidió que le echara ganas porque lo contrataría un equipo de fútbol en la segunda división. Al comenzar o terminar cada día, la música sonaba desde su bocina.
Yuyo tenía pensado estudiar en el DIF para abrir su barber shop; incluso era quien les cortaba el pelo a los internos en el anexo, sus padres lo ayudarían.
Pero cuando cursaba la secundaria en la Técnica número 41 comenzó a consumir marihuana. Sus padres no se dieron cuenta en ese momento hasta que salió de tercero y vieron el cambio en él.
“Él empezó a consumir droga en la secundaria. Sale su hermana de tercero y él quedó en tercero, cuando sale su hermana -que lo cuidaba- él comenzó”. Jesús y Mayra recordaron que los mismos amigos de Yuyo y algunas madres de otros jóvenes de la colonia les confirmaron que fue en la escuela donde consumían; “nosotros teníamos la idea de que fue en la calle. Él entraba a la secundaria -a veces mi marido lo llevaba-, entraba, pero se brincaban o se salían, y me dicen que al interior de la secundaria donde están todos los basureros se drogaban”.
La droga la ingresaban los menores a la secundaria “la llevan los chiquillos, no entiendo cómo” porque había revisión de mochilas. El cambio se hizo más notable cuando comenzó a trabajar; sus padres se enteraron que consumía droga y Jesús habló con él.
Pero el 24 de marzo de 2020 un vecino les ofreció refresco a varios jóvenes en la calle, ese refresco que tenía varias pastillas, cuyos ingredientes desconocen, hizo que varios jóvenes, entre ellos Yuyo, se alteraran y descontrolaran. Fue cuando decidieron ‘anexarlo’. El 25 de marzo el padrino llegó por “Yuyo” a su casa, pero el muchacho decidió ir por su propio pie y así ingresó ese día al anexo “Buscando el Camino a Mi Recuperación”.
“NOS QUITAMOS LAS GANAS DE TODO”
Ha transcurrido un año y desde esa fecha la vida de la familia se paralizó. El último cumpleaños que festejaron fue el 19 de abril del 2020 en el anexo, fueron los 16 de Yuyo con un pastel, gelatina y refrescos. Tras la masacre, la familia no celebró la Navidad, Año Nuevo, ni algún otro cumpleaños; la familia está incompleta. La hermana de “Yuyo” -a quien le decía de cariño “Ratón” porque nació muy pequeña- se encerró en su cuarto y sale poco; su otro hermano bajó de peso; su padre enfermó de diabetes.
“La gente no sabe a puerta cerrada lo que uno siente, la gente no sabe el dolor que uno tiene, nosotros nos venimos para abajo, ya no hubo cumpleaños, no hubo 24, no hubo 31 (de diciembre) le dije a mi hijo mayor ‘vete con tu suegra, yo no voy hacer nada’; para nosotros ya no hubo nada porque desgraciadamente las ganas de todo esto nos la quitaron. No festejamos cumpleaños, ya no festejamos nada. Les dije a mis hijos ‘este año no va a haber fiestas, no va ver pastel, no va haber nada’, para todos la vida se detuvo. Esta canallada que hicieron nos cambió la vida”, relató Mayra.
El tiempo también parece haberse detenido para la justicia; las familias no ven un avance en el proceso para capturar y enjuiciar a todos los responsables y reparar en algo el daño. La familia de Yuyo reclamó a las autoridades: ”como a ellos no les ha matado un familiar, como ellos no saben la desesperación, por eso no hacen nada, se lavan las manos y ya, se echan la bolita uno y a otro, y cuando les matan a un familiar o cuando les matan a alguien ahí inmediatamente está el culpable y está sentenciado”.
El viernes 25 de junio, la familia encontró tiradas en el patio de su casa dos hojas con membrete del Poder Judicial del estado. Así se enteraron de que se realizó la audiencia de preparación del juicio oral el 16 de junio, y que en ella el juez a cargo rechazó varias de las pruebas presentadas por la Fiscalía del estado que serían expuestas en el juicio en busca de obtener una sentencia condenatoria contra Jesús Emmanuel Quezada.
Supieron también que la Fiscalía interpuso un recurso de apelación en contra de dicha decisión del juez.
La familia Morales López sabe que la justicia no llegará pronto. El proceso mencionado involucra únicamente a Jesús Emmanuel Quezada Martínez, a quien la Fiscalía General de Guanajuato le atribuye el homicidio calificado de las 27 víctimas mortales y el delito de homicidio calificado en grado de tentativa de los cinco sobrevivientes, a pesar que el 5 de julio del 2020 en un comunicado la propia Fiscalía General de Guanajuato anunció la detención de tres detenidos.
Extraoficialmente, POPLab conoció que los otros dos detenidos estarían a disposición de un juez federal por otros delitos. Esto fue consultado a la FGE, pero no fue aclarado por dicha instancia.
“Para nosotros no (llegará la justicia), yo siento que no; sí está detenido y todo, pero es un proceso que de todo ponen trabas, se pierden pruebas” dice la familia. Y es que aseguran que “cambian jueces, abogados, les están quitando pruebas, es un proceso que no se le ve que logre justicia para todos. La única justicia que quiero es la que sea para él”, dice Mayra.
La familia se ha mantenido al margen del proceso, de las audiencias, con las decenas de notificaciones se da cuenta de todo y ahí ven que quizás la justicia no llegará, “la jueza quitó pruebas a favor de los muchachos”.
Aunque algunos familiares de los deudos y autoridades consultadas por este medio -de quienes se omiten sus nombres por seguridad- aseguran que sí tienen pruebas suficientes contra Jesus Emmanuel porque encontraron las armas que habría utilizado, y por un testigo que lo identificó como uno de los presuntos responsables, luego que fue un familiar del propio Emmanuel quien lo entregó. De los otros dos detenidos no se conoce más.
“NO ME RECONOZCO”
El dolor de la familia Morales también lo viven al menos otras 30 familias. Cruzando la carretera Irapuato-Romita -que es la única que separa a la colonia Galaxias el Naranjal de la comunidad de Arandas- la señora Rosa, madre de Arael Giovanni, Omar y Hugo Cristian (todos de apellido Regalado Santoyo) niega su realidad. “Pienso que mis hijos al rato llegan, no me hago la idea de que mis hijos se hayan ido”.
Dejó de creer en la justicia en Guanajuato y así como le llegan las notificaciones de los procesos de la Fiscalía y el Poder Judicial, las tira a la basura porque, ¿qué justicia le pueden dar?
Frente al altar donde tiene las fotos de cinco hijos fallecidos en varias tragedias, recuerda que el día de la masacre, Arael Giovanni fue a visitar a sus hermanos Omar y Cristian. Los tres murieron en el ataque. Antes perdió a su hijo Juan Carlos, y una tolva atropelló a su hijo Iván el 27 de marzo de 2019.
Doña Rosa hoy se ve al espejo y no se reconoce. “Me gustaba andar muy elegante, ropa viejita pero muy limpia, mira mi foto con mi Omar en su cumpleaños; a mí todo el tiempo me ha gustado andar arregladita, pero ahorita ya no soy esa Rosy. Le pido a Dios y a mis hijos que me encuentre con esa Rosa, porque esta Rosy que soy no me gusta, me desconozco. Superarás (la muerte de un padre, hermano), pero de un hijo creo que nunca me voy a volver a levantar. Le echo ganas”.
Rosa llevó a sus dos hijos Omar y Cristian al anexo para que “se aliviaran, se casaran. ‘Con que ustedes sean felices yo soy feliz, porque verlos mal así no’. Los metí pensando que mis hijos iban a estar bien” luego de problemas de drogas.
Nunca pensó que ahí perdería a los tres.
Ese miércoles Giovanni, su hijo mayor, fue a visitar a sus dos hermanos. Se encontraba en la parte de abajo con el dueño del anexo cuando fueron asesinados.
“Al principio pensaba: ‘yo fui a meter a mis hijos, estuve pagando para que acabaran así’; a veces me digo a mi misma: Rosy, estuviste pagando pensando que tus hijos estaban ahí y no, mira cómo acabaron”. Dos días antes del ataque, Rosa fue a pagar las mensualidades, ahí platicó con don Erasmo, dueño del anexo. Su hijo Omar la abrazaba; “si él me hubiera dicho ‘jefa sácame’, yo lo hubiera sacado, pero él no me dijo nada. Ese lunes los miré como si algo me hubieran querido decir, pero don Erasmo estaba de frente y Cristian estaba atrás. Si me hubieran dicho sácame, yo los hubiera sacado, pero mi Omar no dijo nada”.
Tras el asesinato de sus tres hijos en el anexo, su hijo Erick -quien la apoyó para hacer los trámites ante la muerte de sus cinco hermanos- renunció a la empresa donde trabajaba y le pidió ayuda a su madre porque ya no aguantaba más.
“Él se ha encargado de todo lo de mis hijos que se han ido; dice que cierra los ojos y los ve y entró en una fuerte depresión, está en una clínica”. Ahora la esposa de Erick es quien trabaja y Rosa cuida de los tres hijos de Erick, de 13, 9 y 7 años.
Tras el asesinato el lazo familiar se ha ido reduciendo, a sus otros nietos los ve poco. La esposa de Omar siguió con su vida.
La justicia para la familia Regalado Santoyo tampoco importa ya, nada podrá regresarles la vida. “Lo que pudieran haber hecho, ya lo hubieran hecho desde cuando y no. Antes decían que Juárez, pero esto (masacre) tumbó a Juárez”.
Con una marcada desconfianza en la procuración de justicia en Guanajuato, Rosy no tiene interés en el proceso de la Fiscalía General del Estado. “Yo no veo nada de justicia, sí han llegado papeles, pero francamente los echo a la basura, ya no me interesa. La justicia no hace nada, agarra a los puros inocentes”.
El lunes 28 de junio del presente año, “así como llegaron otros papeles (del caso) los agarré y los eché a la bolsa de la basura. No quiero saber nada…”.
En la noche del 1 de julio del año cumplido, las campanas del templo de Arandas sonaron, los familiares y amigos de las víctimas se reunieron en su interior. El dolor sigue vivo: las madres, padres, hermanos e hijos de las 27 víctimas lloraron, el sacerdote les pedía que perdonaran, porque quien o quienes los mataron “no sabía lo que hacían”.
Allí estaba la madre de Marco Antonio García Acosta, quien cumpliría 31 años. La mujer dice que “nunca hace nada la autoridad, muertes y muertes quedan impunes, más acá, que fueron tantos inocentes. Que haga su trabajo como debe de ser y no lo deje en la impunidad”. Marco se internó porque quería componerse y un día llevó a su madre a la junta del anexo. Lo visitó el martes de la víspera del ataque.
La familia de José Eduardo Martínez Rangel, originario de la comunidad de Arandas y quien cumpliría 16 años de edad, lo ingresó al anexo porque “se empezó a drogar”. El domingo antes del ataque su padre lo visitó y José Eduardo le preguntó si lo sacaría. Al adolescente le gustaba andar con sus amigos, jugar billar. Como las otras familias, conocen del proceso penal por “los papeles” que dejan en su casa, pero “todavía no sabemos nada, si lo van a culpar o no (al detenido)”; de los otros dos detenidos que informó la Fiscalía General el pasado 5 de julio “no nos han dicho nada”.
