Tal vez festejamos antes de tiempo el haber detenido los “blindajes” de los gobernadores Javier Duarte, Roberto Borge y César Duarte. Movimientos sensibles que buscaron detener la intención de blindarse y gozar de la impunidad que les daría no ser investigados. Sin lugar a dudas han sido acciones demasiado débiles para frenar el desfalco.

La incredulidad de lo que se ha logrado parte de que dichos gobernadores siguen en funciones y hasta que no salgan de ahí: todo es posible. Su respeto por la ley es nulo y durante los días que están viviendo lo único que tienen en mente es sobrevivir. Esto quiere decir, llevar a cabo todo lo que esté en su poder para borrar actos de corrupción o bien finiquitar esquemas opacos de ganancias ilegales.

Mientras tanto en el Caribe…

Roberto Borge, funcionario que últimamente ejemplifica “hedor de corrupción” (sic) amaneció hace unos días con una brillante idea: Desaparecer la unidad de transparencia. El Gobernador, a unos meses de terminar la administración y días antes de comenzar el proceso de transición con el gobernador electo, Carlos Joaquín González. Según el periódico Noticaribe “De acuerdo con el Periódico Oficial del estado, apenas el 29 de julio del 2016 se publicó el número 14 extraordinario bis en donde se inscribió el “acuerdo por el que se extingue el órgano administrativo desconcentrado denominado Unidad de Transparencia y Acceso a la Información del Poder Ejecutivo”. De acuerdo a una fuente del estado, la Gaceta Oficial es prácticamente inaccesible. En la red solo puede uno ver la carátula y para acceder a ella se tiene que pedir por correo a Chetumal y pagar 110 pesos. Entonces hasta ahora no se sabe bien los términos de la desaparición. Lo que sí se sabe es que es inconstitucional y, sobre todo, una acción que deja demasiadas sospechas sobre las intenciones del Gobernador.

La desaparición de la unidad de transparencia dificulta gravemente el derecho de acceso a la información pública. No solo de solicitudes de acceso a la información futuras, sino que hay solicitudes que ya están dentro del sistema y que ya no se puede acceder a ellas. Y no es menor que Borge, señalado como un Gobernador con redes de corrupción importantes, cierre esta unidad en los albores de dejar el gobierno.

Según la ley en la materia, cada dependencia es un ‘sujeto obligado’ y debe de tener su propia Unidad de Vinculación, estas oficinas son la ventana para que la ciudadanía pregunte al gobierno.

Según Noticaribe la Unidad de Transparencia dejó de trabajar desde el 18 de julio, cuando se emitió un aviso de suspensión de labores por vacaciones que habría de durar precisamente hasta el 29 de julio, fecha en la que se publicó en el Periódico Oficial su formal desaparición.

El hecho – del cual se desconoce el fundamento legal para la desaparición de la unidad de transparencia- parece más una acción desesperada de un hombre desesperado. Los señalamientos de actos de corrupción con su venia no son pocos, solo hace unas semanas Mexicanos Contra la Corrupción y Expansión daban cuenta de una investigación sobre los despojos ilegales bajo el gobierno e involucramiento de funcionarios de Roberto Borge.

Ante este escenario cerrar la unidad de transparencia solamente decanta el espíritu opaco de un gobernador, que pasará como uno de los peores en la historia reciente de nuestro país –y tengamos claro que hay una férrea competencia-.

Mientras tanto en el norte…

El promedio de endeudamiento per capita en el país es de 4 mil pesos, mientras que en Chihuahua cada persona está endeudada por 12 mil pesos. Esto es gracias al gobernador César Duarte que se ha encargado de dejar hipotecado el futuro de los chihuahuenses.

En aras de poner un freno al endeudamiento –después de que César Duarte había buscado aumentar la deuda hasta por 12 mil millones- Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI)- obtuvo en amparo una suspensión provisional que paraliza la autorización del Congreso de Chihuahua para contratar nueva deuda por parte del saliente gobierno de César Duarte. El argumento legal es que esta autorización del Congreso es anticonstitucional, pues el artículo 117 prohíbe a estados contratar financiamiento los últimos tres meses de gobierno.

Con la suspensión provisional se logró suspender el decreto del 6 de julio de 2016, a través del cual el Congreso de Chihuahua autorizó la bursatilización de recursos –es decir la adquisición de más deuda pública- de la empresa de participación estatal Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V., para obtener financiamiento hasta por 12 mil millones de pesos al comprometer ingresos carreteros futuros.

Después del amparo vino la barbaridad de Duarte, señalar que lo que busca MCCI es “frenar al estado con suspensión de bursatilización”. Ante el endeudador más grande en la historia de Chihuahua, su defensa única es que las organizaciones civiles lo atacan cuando él quiere hacer el bien. Hay que esperar para ver si la suspensión es definitiva, pero mientras tanto, la deuda de los chihuahuenses dejará de crecer sin razón.

Parece ser que estamos ante una nueva generación de gobernadores corruptos y opacos. Al parecer creen que pueden hacer casi cualquier cosa y no habrá consecuencias. Y tal vez tengan razón: no habrá consecuencias y así nuestro estado de derecho continuará debilitándose estrepitosamente. Hemos fallado no en demandar que se aplique la ley, sino en hacer que se aplique la ley. Las demandas son gritos en la oscuridad y al parecer nadie las está escuchando. Ahí radica el problema, ¿Quién para e investiga a los Duarte y Borge?

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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