Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).– El informe preliminar de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que sigue la investigación de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, revela que la Policía Estatal de Guerrero, entonces a cargo de Ángel Aguirre Rivero, sí tuvo conocimiento de la actividad de los estudiantes, monitorearon por horas su desplazamiento y “no actúo frente a las irregularidades que la policía municipal cometió contra los estudiantes”.

Tras detallar una serie de violaciones a los derechos constitucionales de “libertad personal”, “integridad personal”, contra los desaparecidos y sus familiares, en el texto se documentan diversas contradicciones en los informes de la Policía Estatal, frente a la actuación de la Policía Municipal.

SinEmbargo tiene copia de este informe preliminar.

Una de las principales contradicciones se refiere a la hora en que la autoridad informó tener conocimiento de los hechos. En un principio se dijo que había sido alrededor de las 11 de la noche del 26 de septiembre y posteriormente refirió que monitoreó las actividades de los normalistas en coordinación con la Policía Federal desde las 6 de la tarde.

“De ser así, incurrieron en una grave omisión de protección de los estudiantes y de la demás población civil afectada por los ataques de cometidos por ciertos agentes estatales, al parecer de la policía municipal, y particulares”, afirma el documento preliminar en su página 25.

En el documento también se critica el manejo que las autoridades estatales han dado a la indagatoria, las cuales manejan el tema como “personas desaparecidas” y no como “desaparición forzada”.

“Dejamos nota que hemos apreciado que a la fecha no se ha tomado acciones concretas para crear un recurso judicial efectivo a interponer en casos de desapariciones forzadas y adaptar el tipo penal contemplado por el marco legal mexicano de acuerdo con los tratados internacionales ratificados por México en la materia, ni el caso concreto se ha claramente investigado el delito de desaparición forzada de acuerdo a los estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, se lee en el apartado final del texto.

Derivado del informe de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero en donde se señalan las actuaciones dirigidas aparentemente a la investigación del delito de desaparición forzada., el informe preliminar asegura que la autoridad ministerial local consideró desde un inicio a los estudiantes como “personas no localizadas”.

Consultado por SinEmbargo, el doctor Miguel Rábago Dorbecker, profesor e investigador del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana (UIA), subrayó que las leyes locales no contemplan este delito en toda su magnitud.

La importancia de esta omisión reviste en que la Fiscalía estatal realiza una serie de diligencias que no son congruentes para la investigación de hechos como la desaparición forzada, según los estándares internacionales.

“Hay una omisión legislativa, porque en el código penal del estado de Guerrero todavía no se ha tipificado la desaparición forzada, por ejemplo. Todavía no se ha implementado en la Procuraduría local medidas especiales para desaparición. Y es un estado que tiene una historia de más de 40 años de desapariciones forzadas, de ejecuciones extrajudiciales, de tortura y de persecuciones políticas y violaciones de derechos humanos”, precisó el académico.

Este martes será presentado el informe preliminar por el presidente de la Comisión Especial, el panista Guillermo Anaya, y los grupos parlamentarios fijarán sus posicionamientos al respecto.

El documento es resultado de la visita que realizaron a Guerrero los siete integrantes de la Comisión Especial, uno por cada grupo parlamentario, así como las reuniones sostenidas con el entonces Gobernador Ángel Aguirre Rivero, autoridades locales, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y en otro momento con el director ejecutivo de Amnistía Internacional y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, entre otros.

Los diputados resaltaron que les ha sido imposible reunirse abiertamente con familiares de los 43 estudiantes y con otros estudiantes normalistas, por la “desconfianza fundada” de las víctimas frente a las autoridades de los tres niveles de gobierno.

“A pesar de que se han llevado a cabo acciones para tener un acercamiento con las víctimas y sus representantes legales, nos encontramos frente a la falta de anuencia de las propias víctimas y su desconfianza fundada frente al aparato del Estado en su conjunto”.

No obstante, la Comisión Especial se allegó de los testimonios de estudiantes y familiares mediante las conversaciones que éstos han sostenido con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como con Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s).

 

CONTRADICCIONES DE LA POLICÍA ESTATAL

Especialmente, el informe preliminar revela contradicciones en los informes de las autoridades locales donde exponen la forma en que tuvieron conocimiento de los hechos.

Del informe recibido del Gobierno de Guerrero, con fecha 20 de octubre de 2014, se desprende que las autoridades estatales tuvieron conocimiento de los hechos a las 23 horas del día 26 de septiembre, gracias al aviso del médico de guardia del Hospital General de Iguala al Ministerio Público.

No obstante, en el segundo informe del gobierno local, con fecha 28 de octubre, se indica que desde las 17:59 horas la Policía Estatal reportó a la Policía Municipal la presencia de un autobús con estudiantes de la Escuela Normal Rural en Ayotzinapa que se dirigía a la ciudad de Iguala.

En el mismo documento se señala que a las 20:00 horas aproximadamente, policías estatales “en coordinación con elementos de la Policía Federal” monitorearon las actividades de dichos estudiantes en Iguala, “quienes pretendían secuestrar autobuses”.

A las 21:32 horas, el Servicio de Emergencias 066 reportó denuncias ciudadanas que indicaban que los estudiantes ya se encontraban en la terminal de autobuses Estrella Blanca y Estrella de Oro haciendo desmanes, “lo que ya era de conocimiento de la Policía Preventiva Municipal”.

A las 21:40 horas le informaron al Coordinador Operativo de la Región Norte de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil que se escuchaban detonaciones de arma de fuego entre la calle Miguel Hidalgo y Periférico Norte Benito Juárez, en el centro, pero que este funcionario decidió no acudir al lugar de los hechos porque no contaba con suficientes elementos para enfrentar esta situación”.

Sobre este punto, el documento de la Comisión Especial recordó que el Gobernador con licencia Ángel Aguirre informó a los diputados federales que no se acudió al lugar de los hechos “porque el presidente municipal Ayala no contestaba el teléfono”.

OTRAS CONTRADICCIONES SOBRE LOS HECHOS

El informe preliminar de la Comisión Especial destaca diversas contradicciones de las autoridades sobre cómo ocurrieron los hechos y su intervención en el área, según el análisis de los informes rendidos por el Gobierno de Guerrero, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y de la Fiscalía General del Estado.

“Así como llamó fuertemente nuestra atención que en todos los Informes existen diversos momentos que no tienen una conexión directa o lógica en la secuencia de los hechos, contando las narraciones con diversas omisiones y, particularmente, con la ausencia a veces hasta por varias horas, de que sucedió entre cada uno de los hechos, cuando sucedieron o entre ellas a veces no refieren los mismos hechos”.

Las contradicciones se agrupan en:

a) El número potencial y total de víctimas presentes en el lugar de los hechos. El informe de la CEAV destaca 150 normalistas, la CNDH 90 estudiantes y la Fiscalía estatal menciona a 80 jóvenes.

b) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos relacionados con la detención arbitraria o ilegal, uso ilegal de la fuerza y posteriores ejecuciones extrajudiciales, tortura y desaparición forzada de los estudiantes.

La Fiscalía estatal habla de “elementos de la Policía Municipal vestidos con ropa color negro y pasamontañas” que dispararon contra los estudiantes que viajaban en dos autobuses, mientras que la CNDH habla de policías municipales “uniformados” que comenzaron a disparar de manera directa contra los tres autobuses en los que viajaban los normalistas.

c) Los nombres de los estudiantes. Después del primer ataque, donde presumiblemente los elementos policiacos sometieron a los estudiantes del tercer autobús y los “obligaron a subir a sus vehículos”, se registró un segundo ataque contra los normalistas del primer y segundo camión.

La Fiscalía estatal cita que varias personas vestidas de civil descendieron de una “camioneta RAM color rojo” y dispararon contra los estudiantes. Derivado de los disparos directos fallecieron en el lugar Daniel Solís Gallardo y “Julio César Rodríguez Nava”.

Por su parte, la CNDH refirió que “un comando armado integrado por varios vehículos” realizó disparos contra los estudiantes que no fueron desparecidos.

Como resultado de esto, varios estudiantes resultaron heridos y Daniel Solís Gallardo y “Julio César Ramírez Nava”, quienes perdieron allí la vida.

d) La manera o vía por la cual las autoridades locales tuvieron conocimiento de los hechos, ya fuere al momento de ocurrir o con posterioridad.
Finalmente, el informe preliminar califica como de “especial preocupación” el hecho de que el Gobierno de Guerrero haya ofrecido una recompensa de un millón de pesos a cambio de información que permita dar con el paradero de los normalistas desaparecidos, la cual fue difundida ampliamente en medios de comunicación.

“Es evidente que al recibir múltiples llamadas ofreciendo información, el Ministerio Público desvirtuó su tarea de planeación de la investigación y pierde el control de la línea de investigación”.
Recalcó que la “recompensa” ha tenido como consecuencia la deformación de las fuentes formales de investigación del paradero o la suerte de una persona que fue detenida y desaparecida por el aparato del Estado o por particulares.