Maquila en Baja California. Foto: Omar Martínez, Cuartoscuro.

Ha sido tanto el ruido causado por los dolientes del antiguo régimen que es necesario precisar cada uno de los actos de Gobierno que representan un paso hacia la transformación y el progreso, como la política salarial fronteriza.

En 1983, con Miguel de la Madrid, el antiguo régimen estableció topes salariales desde la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos e inició una nueva política salarial homogénea a nivel nacional, pese a que las capacidades de pago en el área fronteriza son superiores a las del resto del país porque acá en el norte las principales empresas que contratan mano de obra venden sus mercancías en dólares o euros y hacen sus presupuestos de gastos e inversión en dichas monedas.

Las discusiones entre abogados laboralistas, abogados patronales y sindicatos para determinar el salario fronterizo en 1982 permitieron fijar sueldos de 11 dólares por día, equivalente a 280 pesos de acuerdo con el tipo de cambio de la época, pero el 16 de febrero de 1982 se devaluó la moneda tanto que 280 pesos se convirtieron en apenas 5.50 dólares, lo que permitió que las empresas mantuvieran sus presupuestos de nómina mientras contrataban el doble de trabajadores.

Sumado a esto, De la Madrid terminó con la política salarial de tratar de alcanzar la devaluación con nuevos salarios y se profundizó la pérdida del valor adquisitivo de los trabajadores al mantener sus ingresos diarios entre cinco y seis dólares. Esta fue la política salarial para la frontera entre 1983 y 2018, siempre argumentando que los salarios no podían incorporarse porque generaban inflación y responsabilizando a los trabajadores, omitiendo cualquier otra explicación económica.

En la frontera, las empresas que aceptaron pagar 11 dólares diarios estaban en posibilidades de elevar fácilmente sus salarios por arriba de los 6 que pagaban después, sin embargo, el régimen de De la Madrid coincidió con las políticas generales de Reagan y Thatcher y se acabó por someter a los sindicatos de entonces para que, hasta la fecha, se comprometieran más con el Gobierno y los patrones que con los trabajadores y aceptaran mantener los salarios bajos en la región.

Estos salarios de miseria han destruido miles de familias, reducido sus condiciones de vida y dejado sin atención a los hijos de cientos de miles de trabajadores; con toda certeza afirmo que se afectó a más de 200 mil obreros, casi 300 mil, pero los gobiernos del PAN y del PRI, que condujeron el país hasta el 2018, siguen argumentando, mentira tras mentira, que no se podían aumentar los salarios en la frontera sobre los del resto del país.

En el 2018 los salarios que se pagaban eran de apenas 87 pesos al día, aunque sumaban alguna fracción más por productividad y asistencia; esos 87 pesos equivalen a 4.85 dólares, el mismo sueldo que se pagaba después de la devaluación de 1983. Los únicos que han sido beneficiados por estas míseras cantidades han sido las 20 familias juarenses que dedican sus esfuerzos a construir plantas industriales que ofrecen en renta a empresarios norteamericanos, japoneses, europeos y, recientemente, chinos.

Actuando en contra de los argumentos que se tomaron como verdad revelada acerca de la imposibilidad del aumento salarial, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se comprometió a modificar la política salarial de lo que él llama, con mucha bondad, neoliberalismo (nosotros que hemos visto como se destruyó la sociedad juarense deberíamos buscar un término más puntual, como esclavismo o servidumbre medieval)

En 2021 el salario mínimo en Ciudad Juárez y la franja fronteriza será de 213.39 pesos diarios, más bonos y recompensas por productividad y asistencia, y representará una verdadera esperanza para alrededor de 300 mil trabajadores industriales locales, porque la situación económica en que los mantenía el anterior régimen obligó a las familias a desintegrarse en busca de otros ingresos.

Si hubiera ganado Anaya, y según la tendencia de los últimos 35 años, el salario en la frontera sería de unos 95 a 97 pesos diarios y la miseria de los trabajadores seguiría constante; con esos salarios los trabajadores no se incorporaban al mercado fronterizo legítimo, salvo para adquirir bienes de consumo básico, y en la región son contadas las tiendas establecidas que vendan ropa, calzado u otros artículos de uso personal ya que decenas de miles obtienen los mismos productos, junto con electrodomésticos y muebles para el hogar, más baratos y de segunda mano o con alguna irregularidad o defecto, en los tianguis de fin de semana que se han multiplicado por toda la ciudad.

Con 213 pesos diarios una familia podrá decidir que trabaje sólo uno de los padres, o trabajar los dos y tener un salario digno para un hogar de cuatro miembros, el promedio de las familias fronterizas; antes era impensable para los trabajadores fronterizos que la suma de sus salarios domésticos alcanzara los 15 mil pesos mensuales, simplemente no podía suceder en el régimen anterior, pero a partir de este 2021 y durante los próximos años podrán vivir en mejores condiciones, de mantenerse esta política salarial establecida por el Gobierno de Andrés Manuel.

Aunque la contingencia de salud ha tenido efectos desastrosos en la economía de los trabajadores, que pudieron emplearse de tiempo completo sólo dos terceras partes del año, en términos reales estos 300 mil obreros no cayeron en los grandes niveles de miseria que sufrieron los de otras naciones, incluyendo los de Estados Unidos.

Sin más vueltas, argumentos o lugares comunes, el Gobierno de Andrés Manuel representa un posible ingreso de 500 pesos diarios para los trabajadores de Ciudad Juárez mientras que el de Anaya, en el mejor de los casos, apenas y ofrecería 250 pesos.

¿Y la devaluación y la inflación? Bien gracias, los índices no han sufrido ningún sobresalto pese a los gritos que dieron las 20 familias de la élite esclavista juarense.