La ciudad de 450 mil habitantes, normalmente una meca políglota de viajeros extranjeros, es un pueblo fantasma en estos días. La Plaza de Armas, donde las mujeres vestidas con coloridos textiles andinos solían posar para las fotos instantáneas, ahora atrae a manifestantes que juegan al gato y al ratón con policías antidisturbios fuertemente blindados.
Por Joshua Goodman
Cusco, Perú, 5 de febrero (AP) — Marco Gonzales se aventuró a la ciudad andina de Cusco desde su hogar en la Amazonía peruana en 2007 con poco más de 20 dólares, una pizca de inglés y una muda de ropa que no era adecuada para el aire helado de la montaña.
Comenzó a ofrecer recorridos a pie por la antigua capital del Imperio Inca a cambio de propinas. En el camino se enamoró de una mochilera británica, Nathalie Zulauf, y juntos construyeron un negocio de viajes y una familia.
Pero ahora todo corre el riesgo de colapsar junto con gran parte de la alguna vez envidiable estabilidad económica de Perú.
La empresa de la pareja, Bloody Bueno Perú, que atiende principalmente a turistas extranjeros de Gran Bretaña y otros lugares, no ha visto un cliente desde diciembre, cuando los manifestantes que exigían la renuncia de la Presidenta interina Dina Boluarte prácticamente cortaron el acceso a las antiguas ruinas de Machu Picchu. Los grupos cancelaron las reservas con meses de anticipación, lo que obligó a la pareja a echar mano de los ahorros ya agotados por la pandemia de coronavirus.
“Estamos esperando para principios de marzo, viendo si la situación mejora”, dijo Gonzales, de 38 años, mirando un calendario que ya no se molesta en actualizar. “Si no, tenemos que buscar otras opciones, como cerrar la empresa o migrar al extranjero. Al menos en Inglaterra esta la familia de Nathalie”.
Otros en Cusco tienen mucho menos a lo que recurrir.
La ciudad de 450 mil habitantes, normalmente una meca políglota de viajeros extranjeros, es un pueblo fantasma en estos días. La Plaza de Armas, donde las mujeres vestidas con coloridos textiles andinos solían posar para las fotos instantáneas, ahora atrae a manifestantes que juegan al gato y al ratón con policías antidisturbios fuertemente blindados.
La agitación política no es nada nuevo en Perú, que ha visto seis presidentes en los últimos cinco años. En 1969, con una dictadura militar en el poder, el autor ganador del Premio Nobel Mario Vargas Llosa planteó esta ya icónica pregunta para iniciar su novela “Conversación en la Catedral”: “¿En qué momento se había jodido el Perú?”.
Durante mucho tiempo, la disfunción se mantuvo bajo control y no interfirió con las piedras angulares sagradas de la economía de libre mercado, como la industria minera clave. Desde el año 2000, la economía de Perú creció a una tasa anual promedio de 4.4 por ciento —más que cualquier país de Sudamérica— con baja inflación y una moneda estable. Hasta que golpeó la pandemia, la pobreza se había reducido a la mitad.
Pero la escala de violencia que siguió al juicio político y arresto del Presidente Pedro Castillo el 7 de diciembre por un torpe intento de cerrar el Congreso —los disturbios han dejado 57 civiles muertos y cientos más heridos— ha reavivado las divisiones raciales y de clase, y muchos peruanos se preguntan si el largo período de estabilidad inquieta ha seguido su curso.
“Esta dicotomía no podía durar”, dijo Steven Levitsky, politólogo de la Universidad de Harvard y coautor del libro de 2018, “Cómo mueren las democracias”.
Las señales de las consecuencias económicas están en todas partes.
En diciembre, cuando se desató la crisis política, la llegada de extranjeros a Perú ya había caído al nivel más bajo desde 2009, aparte de los dos años perdidos por la COVID-19. La actividad en tres importantes minas de cobre y estaño se suspendió porque los manifestantes cerraron carreteras o atacaron instalaciones.
Perú es el mayor exportador mundial de uvas y las protestas golpearon durante el apogeo de la cosecha. Los envíos en una importante área de cultivo son apenas el cuatro por ciento de hace un año, según Darío Núñez, cuya empresa, Uvica, no ha podido cumplir con los pedidos de minoristas estadounidenses como Costco y Sam’s Club.
“La credibilidad como marca Perú está empezando a sufrir”, dijo Núñez. “No veo una luz al final del túnel”.
La disfunción democrática de Perú, que lleva años en proceso, se aceleró con la sorpresiva elección de Castillo en 2021. Como maestro de escuela rural, surgió de la oscuridad para llenar el vacío dejado por un sistema político roto, sobornos generalizados y un racismo profundamente arraigado.
Su viaje desde una casa de adobe en una de las zonas más pobres de Perú hasta el palacio presidencial fue alimentado por la furia en las tierras andinas olvidadas durante mucho tiempo. Pero una vez en el cargo, cambió su gabinete casi todas las semanas y se vio acosado por acusaciones de corrupción que subrayaron su inexperiencia.
Las élites del Congreso, aunque incluso más desacreditadas que Castillo, pasaron a la ofensiva, utilizando un oscuro poder constitucional para buscar su juicio político por “incapacidad moral”. Esto llevó a Castillo a cerrar el Congreso, pero terminó con su arresto por cargos de rebelión y la ascensión al poder de la vicepresidenta Boluarte.
La revuelta actual se ha articulado en torno a una reivindicación urgente: la salida de Boluarte. El Congreso podría actuar ordenando elecciones anticipadas, pero hasta ahora se ha negado porque en sí, los legisladores se niegan a irse.
Levitsky dijo que es demasiado pronto para saber cómo se desarrollará la crisis de Perú. Una demanda de los manifestantes es que se revise la constitución adoptada durante el Gobierno autoritario de Alberto Fujimori de 1990-2000 y que fortaleció las reformas de libre mercado.
Pero pase lo que pase, Levitsky no ve un retorno al statu quo.
“Un Estado que no funciona tarde o temprano va a entrar en crisis”, dijo. “Tuvieron 20 años para construir un Estado y fracasaron miserablemente”.
Los monumentos a ese fracaso están por todas partes en Cusco: una carretera sin terminar que se suponía que dividiría la ciudad en dos y la fachada desmoronada del Hotel Cusco, un hito histórico propiedad del Gobierno de la ciudad.
Pero quizás el elefante blanco más grande sea el Hospital Antonio Lorena.
Elevándose sobre los techos de tejas rojas de la ciudad, la elegante estructura de vidrio y acero se suponía que sería la más moderna en el sur de Perú cuando comenzó la construcción en 2012. Pero después de tres años, el constructor brasileño abandonó el proyecto en medio de una investigación sobre sobrecostos por presuntos sobornos pagados a la Gobernadora de Cusco y esposa del entonces presidente de Perú, Ollanta Humala.
Hoy, el esqueleto a medio construir está cubierto por grafitis en medio de pintura descascarada, cables eléctricos expuestos y vidrios rotos. El 7 de diciembre, cuando Castillo fue arrestado, se llevó a cabo una ceremonia de inauguración para marcar el inicio de un plan de rescate de 730 días y 244 millones dólares para el proyecto de un nuevo consorcio extranjero con asistencia técnica de Francia.
Jorge Zapata, el jefe del cabildeo de la construcción de Perú, culpa a los políticos codiciosos por el estancamiento. A nivel nacional, más de dos mil 500 proyectos de infraestructura financiados por el Estado por un valor de siete mil millones de dólares están paralizados debido a la mala gestión, dijo.
Mientras tanto, en lugar de guiar a los turistas, Gonzales ahora pasa sus días recorriendo Cusco en busca de una bombona de gas propano para cocinar y bañar a Willow, la hija de cinco meses de la pareja.
En un depósito industrial, decenas de residentes desesperados hicieron fila esta semana con la esperanza de que los manifestantes que bloqueaban las carreteras detuvieran sus protestas el tiempo suficiente para permitir que los camiones que transportaban el propano llegaran a la ciudad sitiada.
“Esto es realmente aterrador”, dijo Zulauf, mientras hacía rebotar a su bebé sobre sus rodillas mirando la larga fila de su automóvil. “En Cusco la gente vive al día. Si no pueden trabajar, no sé cómo sobreviven”.
Entre los que estaban en la fila estaba Fredy Deza, quien pasó la noche en un saco de dormir sobre la acera.
Deza, de 40 años, dijo que la vigilia de toda la noche recordó otro período oscuro en la historia de Perú, cuando esperaba con su madre en largas filas para obtener pan, azúcar y otros alimentos básicos durante la caótica presidencia de Alan García, entre 1985 y 1990.
“Volver a pasar este tipo de colas para mi punto de vista fue retroceder en el tiempo”, dijo Deza, quien trabajaba como guía en Machu Picchu hasta que lo despidieron en diciembre.
Los precios del propano y otros artículos escasos en Cusco se están disparando debido a la inflación que saltó al 8.7 por ciento en enero, cerca del nivel más alto en un cuarto de siglo. Ha surgido un mercado negro, con botes que cuestan tres veces el precio de lista.
Para colmo de males, el gas para cocinar que muchos ya no pueden pagar es bombeado por un consorcio de propiedad extranjera desde Cusco, un departamento rico en recursos, y transportado por un oleoducto a la capital, Lima, donde luego se exporta la mayor parte. Un segundo oleoducto proyectado, que lo llevaría a Cusco y otras ciudades del sur, sigue siendo un sueño imposible.
“Es triste que siendo dueños de nuestro propio gas tengamos que estar pasando por esto”, comentó Deza.
