Me resulta interesante analizar la cobertura e investigaciones de algunos comunicadores y académicos que parecen fascinados por el amarillismo de la retórica del “narco” en México. Muchos de ellos son extranjeros y defienden la narrativa de los cárteles, la centralidad de los capos y las filtraciones de la agencia “antidrogas” estadounidense, la DEA. También hay periodistas mexicanos que viven y lucran del mismo amarillismo en la cobertura del tráfico de drogas y los denominados “cárteles mexicanos”, así como de las filtraciones de agencias extranjeras sobre asuntos que vinculan a todo tipo de actores mexicanos con temas de narcotráfico. Es preciso tener cuidado con esto, porque dicha retórica daña a México y abona a agendas intervencionistas, sobre todo de Estados Unidos. Recomiendo más seriedad, rigor y ética periodística, pues en la búsqueda de relevancia y lectores por parte de algunos reporteros o investigadores del crimen, parecen reforzarse las agendas imperialistas de la llamada “guerra contra el narco”.

Las tres “investigaciones periodísticas” publicadas la semana pasada por los medios ProPublica, InSight Crime y Deutsche Welle sobre el supuesto financiamiento de la campaña de AMLO en 2006 por parte del narcotráfico, suscitaron un acalorado debate en el espacio público que nos lleva a una reflexión mucho más profunda y que va más allá de los “dimes y diretes” que alimentaron la discusión con respecto a este tema. Más allá de que los reportajes aparecieran misteriosamente al mismo tiempo en vísperas de la campaña electoral del 2024; del tipo de pruebas que se presentaron—basadas, en su mayoría, en dichos de testigos protegidos (algunos de muy dudosa trayectoria en estos procesos)—además del hecho de que se hablara de un caso cerrado para las autoridades estadounidenses, la discusión sobre este tema debería enfocarse en el tema de la geoestrategia y la geopolítica en general.

Los hechos que se discutieron hace unos días parecen reforzar la hipótesis de que la agenda antinarcóticos de los Estados Unidos—o lo que se ha denominado su “guerra contra las drogas”—tiene quizás, en realidad, un objetivo geopolítico y de control geoestratégico en el hemisferio americano y más allá. El papel de la DEA, en lo formal, ha resultado completamente fallido si atendemos a sus objetivos más básicos y al hecho de que aún después de los recursos millonarios asignados a la agencia, cada vez entran más drogas ilegales a los Estados Unidos y existe ahora un récord de muertes por sobredosis de estupefacientes. No obstante su fallida existencia y nulos resultados, la DEA continúa operando su fútil estrategia de arrestar capos y “descabezar” cárteles (kingpin strategy, en inglés) para lo que recibe un jugoso financiamiento público.

Aunado a lo anterior, destaca un componente crucial de la estrategia antinarcóticos de Estados Unidos que vale la pena destacar y que quedó claro en la discusión que se suscitó la semana pasada. Se trata del uso de testigos protegidos en las investigaciones y casos judiciales que involucran a narcotraficantes de países subdesarrollados y su red de protección. Hablamos de criminales confesos que brindan su testimonio y que colaboran con las autoridades estadounidenses a cambio de la reducción de su sentencia. Así se deciden gran parte de los casos de narcotráfico en Estados Unidos, muchas veces sin la existencia de—o sin mostrar—evidencia material que avale los dichos de los delincuentes que actúan como testigos cooperantes o testigos protegidos. El caso de Genaro García Luna es emblemático en este sentido.

Sobre el caso de Genaro García Luna y el uso de testigos protegidos sin la aportación de ningún otro tipo de pruebas materiales he escrito ampliamente. Recomiendo la lectura del texto que escribí en marzo del año pasado después de concluido el juicio en Nueva York contra el exsecretario de Seguridad Pública mexicano en el sexenio de Felipe Calderón: https://www.sinembargo.mx/06-03-2023/4333248. Este texto se titula “Los ‘Cárteles’ Mexicanos” y explica lo que parece ser la verdadera agenda de la “guerra contra las drogas” estadounidense y el papel de sus agencias de seguridad. Ahí destaco lo que considero como la “pifia” de un juicio que fue ampliamente celebrado por el actual Gobierno mexicano.

No importa el partido que gobierne en el país. Ejemplos tenemos de sobra. Una vez fue el caso de Tomás Yarrington, en tiempos del “viejo” PRI. También tenemos los casos de alto impacto de García Luna en tiempos del calderonato; o el intento de arrestar a Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional de Peña Nieto -también por supuestos vínculos con el narcotráfico-. Ahora, tres publicaciones extranjeras reviven, misteriosamente y al mismo tiempo, un caso ya cerrado que vincula al narco a la campaña de AMLO en el 2006 (sí, ¡hace casi 18 años!). En todos estos casos destacan los testimonios de criminales confesos negociando sus sentencias con autoridades estadounidense; también resaltan investigaciones de la DEA que dejan bastante que desear.

Después de revisar con cuidado el archivo que filtró AMLO a la opinión pública mexicana, luego de negociar la liberación del General Salvador Cienfuegos, no puedo más que convencerme del trabajo poco riguroso y francamente desaseado de la DEA en México. Sorprende entonces la publicación de ProPublica titulada “El Caso Cienfuegos: El Conflicto que Hundió la Lucha contra las Drogas de México y Estados Unidos” (https://www.propublica.org/article/mexico-carteles-drogas-cienfuegos-caso-dea), el cual sugiere una investigación prístina y cuidadosa sobre la operación para investigar al “padrino” y sus supuestas ligas con el narco. Todo es posible, pero hasta ahora nadie nos ha mostrado las pruebas materiales que avalen las acusaciones. Igual pasa con el caso de García Luna y la campaña presidencial de AMLO en el 2006. No podemos decir que no sea cierto, pero nos falta aún ver las pruebas que no nos dejen lugar a dudas de la culpabilidad de los acusados -todos ellos funcionarios de primer nivel o de gran relevancia a nivel nacional-.

A partir de la muerte del Cardenal Posadas Ocampo, pareciera ser que el narco mexicano juega un papel central en la vida del país, al tiempo que es un riesgo clave de seguridad nacional para Estados Unidos. Los cárteles mexicanos que operan en el imaginario “gringo” y en las series televisivas o películas producidas en el vecino país parecieran dominar todas nuestras estructuras de Gobierno, al punto de convertirnos en un “narcoestado”. A ver si no salen ahora con que a Colosio lo mandó matar un capo del Pacífico que operaba entonces protegido por el joven García Luna, sin mayores pruebas que filtraciones de la DEA, apoyadas por los testimonios de criminales confesos negociando con el Departamento de Justicia estadounidense la reducción de su pena.

Las consecuencias de acusar a nuestros políticos, del partido que sea, con base a investigaciones realizadas por agencias estadounidenses que se basan mayormente en declaraciones de testigos cooperantes o testigos protegidos -sin el aval de pruebas materiales fehacientes o contundentes- son enormemente dañinas para el país. La retórica estadounidense del “narcoestado” y la declaración de guerra contra los cárteles mexicanos -que se reviven con fuerza en tiempos electorales en la Unión Americana- resultan muy perjudiciales para México y los mexicanos, al tiempo que alimentan la idea de la intervención estadounidense, incluso militar, en territorio mexicano.

Por lo anterior, todos los gobiernos en México deben tener cuidado con reproducir la retórica del narco. García Luna parece no poder explicar el origen de sus cuentas, ni exceso de bienes en el extranjero. Pero, ¿su enriquecimiento (aparentemente ilícito) se debe a sus ligas con el narco o a corrupción, es decir, al atraco a bienes de la Nación? Hay demasiados actores que lo ligan con el narco, pero sería muy importante que nos mostraran las cuantiosas pruebas que nos dicen las agencias estadounidenses tener. No es mucho pedir cuando se trata de un funcionario de tal nivel, con el que colaboraron de manera tan cercana “los gringos” en su guerra contra el narco.

El actual Gobierno de México celebró con bombo y platillo el juicio y sentencia de García Luna en Nueva York. La misma suerte podría correr cualquier funcionario de este Gobierno de la “Transformación”. Juzgar y sentenciar a un supuestos narco o protector de narcos sin pruebas materiales contundentes parece ser un modus operandi en Estados Unidos cuando se trata de minorías raciales que se dedican al narcomenudeo en ese país, o de miembros de cárteles o políticos que los protegen en países subdesarrollados. Las elites estadounidenses no parecen sujetarse a los mismos criterios, ni esquemas de procuración de justicia. Donald Trump o Hunter Biden nunca terminarían en prisión sólo con que se mostrasen en sus respectivos juicios las “contundentes” pruebas—es decir, testimonios de criminales—que dice tener Anabel Hernández.

Es preciso tener cuidado con aquellos comunicadores o periodistas mexicanos y extranjeros que lo relacionan todo con el narco y que se saben de memoria los nombres de todos los capos, culpando de todos los actos violentos en México a lo que llaman ellos: los cárteles mexicanos. El mundo del crimen organizado en México es muy complejo, tiene múltiples actores y no todo tiene que ver con la guerra contra las drogas que declara Estados Unidos el siglo pasado para, entre otras cosas, asegurar (aparentemente) el control geopolítico y el control de los recursos naturales estratégicos en el hemisferio americano. De otro modo estaríamos actuando como peones del imperialismo de la guerra contra el narco.

Guadalupe Correa-Cabrera

https://www.sinembargo.mx/author/guadalupe-correac

Guadalupe Correa-Cabrera. Profesora-investigadora de Política y Gobierno, especialista en temas de seguridad, estudios fronterizos y relaciones México-Estados Unidos. Autora de Los Zetas Inc.

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