Ciudad de México, 6 de marzo (SinEmbargo).– La Organización No Gubernamental (ONG) Greenpeace consideró que la Ley General de Aguas que aprobará el pleno de la Cámara de Diputados el próximo martes 10 de marzo está lejos de ser una legislación de vanguardia. Precisó que es insuficiente para garantizar el derecho humano a contar con agua potable de calidad, evitar la contaminación de ríos y lagos, así como para sancionar a quienes viertan químicos y tóxicos en los mantos acuíferos.

La organización internacional expuso que para ser una legislación de vanguardia, la Ley General de Aguas tendría que prohibir el uso de sustancias peligrosas y el uso de aguas nacionales para fracking o fractura hidráulica, y la minería tóxica. Además cancelaría las concesiones de empresas contaminadoras.

Greenpeace detectó además que la nueva Ley no pone énfasis en la inspección de fábricas para evitar que derramen diariamente miles de litros de químicos a ríos y océanos. Tampoco prohíbe el uso de químicos altamente nocivos para flora, fauna e incluso para los humanos, que se vierten en las aguas nacionales.

“La Ley [General de Aguas] habla de 19 contaminantes que van a ser controlados, pero estamos hablando de miles de químicos que utilizan las industrias todos los días, todos los años, entonces 19 es increíble, no va a hacer el cambio que necesitamos”, sostuvo Robin Perkins, director de la oficina Detox para Greenpeace México, en entrevista para SinEmbargo.

El problema no es menor, según esta organización internacional, el 70 por ciento de los ríos en México presentan una contaminación severa por tóxicos que ponen en riesgo la salud humana.

“Hay muchos químicos que todavía no conocemos sus efectos completos, entonces por eso pedimos no usar un químico si no conocemos sus efectos y el hecho de que haya 19 no va bastante lejos para parar la contaminación de nuestros ríos”, precisó.

Al mismo tiempo, Greenpeace consideró que el dictamen avalado por legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Verde Ecologista de México (PVEM) va en sentido contrario a los planteamientos presentados por diversas organizaciones civiles en su propuesta ciudadana de la Ley General de Aguas.

En uno de los puntos de esta propuesta ciudadana, se planteó la necesidad de que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) solicitara estudios de impacto socio-hídrico-ambiental a las empresas interesadas en invertir en proyectos hídricos antes de autorizarlos, a fin de prevenir daños irreversibles a cuencas y acuíferos.

Propuesta que no se incluye de forma íntegra en el dictamen final.

Asimismo, según Greenpeace la nueva Ley fomenta la opacidad y propone negar el derecho a los mexicanos a la información y a la investigación independiente. “Parece ser una ley anti-transparencia y, sobre todo, pro-industrial”, afirmó Robin Perkins.

La nueva legislación establece sanciones “por realizar obras de exploración, estudio, monitoreo, reinyección y remediación sin contar con el permiso correspondiente”. En otras palabras las organizaciones civiles tendrán que tramitar un permiso del gobierno para realizar estudios o monitoreo del agua.

“Eso quiere decir que los académicos, los científicos o la sociedad civil como Greenpeace cometerá un delito si pretende hacer investigaciones sobre nuestros ríos”, detalló Perkins.

DIPUTADOS CONTRA EL PROYECTO

Académicos rechazan iniciativa de la nueva Ley General de Aguas. Foto: Cuartoscuro

Académicos rechazaron también la iniciativa de la nueva Ley General de Aguas. Foto: Cuartoscuro

Este problema fue reconocido también por legisladores de oposición. El Diputado perredista Javier Orihuela García, quien también preside una asociación de usuarios de riego, consideró que una verdadera Ley de Aguas Nacionales debería permitir revertir el desequilibrio ecológico que padece México en todas las cuencas hidrológicas.

“Todas nuestras cuencas están contaminadas: el Lerma Chapala, el Balsas, el Pánuco. Y hoy es la oportunidad para que se incluyan en la Ley un presupuesto para restablecer los equilibrios de las cuencas hidrológicas y también para que se incluya un fondo, un fondo para garantizar el acceso al agua”, explicó.

El Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), explicó que nueva ley afectará a todos los mexicanos, porque promueve una homologación de tarifas por el consumo de agua a todas las entidades, sin tomar en cuenta necesidades especiales de las regiones geográficas.

“Lo de las sequías evidentemente son temas más profundos que evidentemente esta ley no pretender resolver”, explicó.

Poco a poco se revelan detalles del dictamen de Ley que fue aprobada en menos de dos horas en comisiones de la Cámara de Diputados, entre ellas que privilegia los intereses de empresas particulares por encima del interés común.

El legislador de Morena recordó que la nueva Ley favorecerá a empresas del ramo de la construcción de infraestructura hidráulica, como Grupo Higa, que ahora podrá no solo encargarse de la construcción de la obra sino del transporte, la operación y la administración de agua para diversos usos.

Es por ello, que adelantó que “en el país hay fuertes resistencias a estos proyectos hídricos en contra de la población y obviamente en contra de los mexicanos, como en el caso de Monterrey y muchos lados, que se opondrá a este tipo de legislaciones que no les satisface”, sostuvo el Diputado Huerta Ladrón de Guevara.

INICIATIVA CONAGUA VS INICIATIVA CIUDADANA

Diversas organizaciones de la sociedad civil consideraron que el dictamen avalado por legisladores de los partidos PRI, PAN Y Verde va en sentido contrario a establecer la base para el “acceso equitativo y sustentable al recurso hídrico”, establecido en el artículo cuarto constitucional.

No obstante la importancia de establecer en la legislación secundaria el reconocimiento y restauración de los derechos al agua y territorio de los pueblos originarios y en general de todos los mexicanos, los legisladores antes citados ignoraron las propuestas ciudadanas contenidas en un texto que las organizaciones presentaron en tiempo para ser analizado.

Aquí un comparativo de ambas propuestas:

  • ¿De dónde vendría el agua?

Iniciativa Conagua: Mediante grandes obras privadas, intensivas en generación de energéticos: trasvases, acuíferos ultraprofundos, desalinizadores; ríos y acuíferos sobreexplotados.

Iniciativa ciudadana: Mediante el buen manejo del agua en el territorio (cuencas, ecosistemas, agua de lluvia y aguas tratadas).

  • El derecho humano y el acceso equitativo al agua de calidad.

Iniciativa Conagua: 50 litros por habitante por día a cambio de un pago, sin mecanismos para exigir que el agua sea de calidad.

Iniciativa ciudadana: Se obligará difundir datos y financiar monitoreo ciudadano sobre el acceso equitativo y calidad del agua. Establece un Fondo Nacional que financiaría sistemas autogestionados en zonas sin acceso.

  • Participación ciudadana

Iniciativa Conagua: La Conagua tendría aún más poderes, incluyendo uso de la fuerza pública; las “instituciones de participación” serían de las empresas operadoras y las de agroexportación.

Iniciativa ciudadana: Las autoridades serían obligadas a ejecutar planes elaborados por comunidades y ciudadanos. Se respetarían los sistemas de agua de pueblos originarios, y se democratizaría la administración de los sistemas municipales y metropolitanos.

  • ¿Cómo corregir el acaparamiento?

Iniciativa Conagua: La Conagua seguiría otorgando concesiones excesivas arbitrariamente, las cuales serían sujetas a dinámicas de compra-venta.

Iniciativa ciudadana: Se respetarían los derechos de los pueblos a sus fuentes históricas. El Consejo Ciudadanizado asignaría los volúmenes restantes, priorizando el uso personal y la soberanía alimentaria. Usos no prioritarios serían recortados hasta lograr el equilibrio.

  • Política frente la contaminación.

Iniciativa Conagua: 19 contaminantes son controlados; pocas inspecciones (1%), requiriendo aviso previo, multas no cobradas; sin control sobre agroquímicos.

Iniciativa ciudadana: Se prohibirá uso de sustancias peligrosas, y el uso de aguas nacionales para fracking o minería tóxica. Se cancelarían las concesiones de empresas contaminadoras. Los puntos de descarga serían de acceso público y permanente.

  • Aguas pluviales y residuales.

Iniciativa Conagua: No se permitirían “sistemas alternativos” de manejo de aguas pluviales o residuales.

Iniciativa ciudadana: Se buscaría la gestión separada y el aprovechamiento máximo y local de las aguas pluviales y residuales.

  • Financiamiento.

Iniciativa Conagua: Las tarifas tendrían que garantizar el “fortalecimiento” de las empresas prestadores del servicio; se prohibiría la entrega gratuita de agua.

Iniciativa ciudadana: Se financiaría obras de bajo costo con un máximo de beneficios, vía políticas fiscales progresivas (pagaría más quien tiene más). Agua gratuita para instituciones públicas y comunitarias. Se prohibiría contratos que vulneraría el país a tribunales internacionales para la protección de inversionistas (CIADI).

  • Vigilancia, inspección y sanciones. Estudio, monitoreo y contraloría

Iniciativa Conagua: Las industrias participarían en programas voluntarios de auditoría y autorregulación. Obras de estudio o monitoreo requerirían permiso de la CNA.

Iniciativa ciudadana: La Contraloría Social del Agua, ciudadana y auto-organizada, contaría con financiamiento público para monitoreo de calidad y acceso equitativo, capaz de recomendar revocación del mandato de autoridades incumplidas. Defensoría del Agua financiaría demandas.