Ciudad de México, 6 de junio (SinEmbargo).– Los gobiernos estatal y federal, así como Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) encabezadas por la ex Secretaría del Medio Ambiente, Julia Carabias Lillo, buscan expulsar a los pobladores  de la comunidad de Las Cañadas, que viven en la reserva de Montes Azules, en Chiapas. Así lo denunció Alfredo Vázquez, representante de la Asociación Rural de Interés Colectivo Unión de Uniones Independientes y Democráticas (ARIC UUID).

El líder social dijo que detrás de las intenciones de expulsarlos, que viven ahí desde hace más de 30 años ahí, está el objetivo de convertir las zonas que ahora habitan en proyectos ecoturísticos. “Sabemos que el gobierno del estado ha visto la zona para renta y para proyectos turísticos a costa del desalojo”, afirmó.

“Ya tiene varios años y los gobiernos del estado y federal siempre lo vienen pensando. Como una prueba contundente tenemos las declaraciones que ha hecho Eduardo Ramírez Aguilar que es el Secretario de Gobierno de Chiapas, donde manifiesta que no podrán vivir personas ahí y que no habrá indemnizaciones. ¿Cómo es posible que no dejes una opción para que la gente viva, cómo va a vivir esa gente? Necesita vivir de algo”, criticó.

En cuanto al papel de Julia Carabias, quien en diversas declaraciones ha dicho que la población que vive en la reserva afecta los ecosistemas, y ha criticado el crecimiento demográfico de las comunidades que ahí tienen su hogar, Vázquez comentó que sabe que ella atrae recursos destinados para preservar la ecología y que deberían ser para beneficiar a población, pero que no se traducen en una mejora de la región.

“No vemos esto, sigue el analfabetismo. Demandamos que se investiguen a dónde van esos recursos”, dijo  el activista en entrevista con SinEmbargo.

ORIGEN DEL CONFLICTO

A inicios de mayo pasado, la investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y presidenta de la organización medio ambientalista Natura Mexicana, Julia Carabias, fue secuestrada, informó la propia ex funcionaria federal.

La noticia causó una ola de solidaridad entre diversos investigadores y ambientalistas. Pero hubo organizaciones como la ARIC UUID que también observaron cosas extrañas en el secuestro. No hubo denuncia. No se pidió rescate, aunque Carabias adujo que había sido privada de su libertad para intimidarla por los proyectos en los que trabaja.

El ambiente se enrareció más cuando el 14 de mayo fue detenido el defensor de las comunidades lacandonas que están dentro de la reserva, Gabriel Montoya Oseguera, acusado de estar relacionado con el secuestro.

Posteriormente, el 29 de mayo un grupo de integrantes de la ARIC, y el mediador de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Mario Ruiz Mendoza, fueron detenidos cuando negociaban la liberación de Montoya.

Después Ruiz y sus compañeros fueron liberados, pero aún no se define su situación jurídica, por lo que ayer en conferencia de prensa el propio mediador pidió liberarlos de cargos.

Ruiz, basado en su experiencia, afirmó que no ve seriedad de parte del gobierno estatal para las negociaciones. Además, ve tensión en el ambiente. “Se siente un clima de hostilidad y pido poner atención a la comunicación con todos”, insistió.

Alfredo Vázquez explicó por su parte que la problemática en la zona tiene tiempo. Negó que la presencia de la comunidad en la reserva sea uno de los motivos de la depredación de la región.

“El boletín que presenté [ayer] refleja el trabajo de los tres poblados que se dice son los devastadores de la selva. Se trabaja de manera agroecológica en los cuidados del medio ambiente, de la sierra, el suelo lo compartimos porque los compañeros han vivido en esa zona, por ejemplo vas a San Gregorio y convives con las guacamayas y los changos, con todo lo que existe. No es verdad que haya una devastación incontrolada. En la situación que existe siempre hemos buscado la regularización de esos poblados, pero a la par que pase la delimitación de la brecha lacandona, que nos respeten. Pero lo que siempre ha pedido Julia Carabias es que esas poblaciones sean desalojadas de manera forzosa”, expresó.

Aseguró que otra razón para no irse de ahí es porque hace años un grupo de familias fueron convencidos de irse a un territorio llamado Nuevo Montes Azules, pero los enviaron a una zona cercana de un río, y sin contar con los servicios básicos, a pesar de que se los habían prometido.Hubo otro grupo al que indeminzaron, y no supieron qué hacer con su dinero, se quedaron sin recursos y si alguno de ellos quiere regresar, lo espera la cárcel.

Los Montes Azules fueron declarados reserva hace 36 años, en 1978, pero ellos llegaron un año después. Recordó que pidieron su regularización, pero se las negaron.

Dijo que otro problema es que la delimitación de la zona aún no termina de hacerse.

“No existe físicamente una delimitación, no estamos en contra de ésta porque igual estamos de acuerdo con la conservación, pero sí que se nos pregunte cómo queremos colaborar porque hemos estado haciendo hasta donde se pueda, pero el gobierno no ha puesto el ojo ahí para apoyar y abonar”, señaló Vázquez.

El representante de la ARIC UUID fue de los que estuvo ayer presente en la conferencia de los representantes de las comunidades de Salvador Allende, Ranchería Corozal y San Gregorio. Estuvo acompañado del representante de la Comisión de los Bienes Comunales de la Zona Lacandona, Florencio Cruz, quien también se deslindó del secuestro de Carabias.

“No tenemos contacto, comunicación ni intención de secuestro, e ignoraba dónde fue el supuesto secuestro”.

No descartó que haya intereses de desestabilizar a la comunidad con el delito, hecho unos días antes de la elección de autoridades comunales.

Algunas ONG ambientalistas no han actuado como debieran y la prueba es que se han perdido 160 mil hectáreas de selva de 614 mil que componen la región y una parte pertenece a la reserva de Montes Azules, y con ello se ha reducido la biodiversidad  y el número de especies endémicas, criticó.

Sobre si los pobladores de las comunidades se mueven a diferentes lugares para realizar sus sembradíos, con lo que deforestan, como ha dicho Carabias, negó que hagan eso.

La tala que algunos ambientalistas han denunciado fue permitida en los años cincuenta por el gobierno, afirmó. Además, acusó descoordinación del gobierno federal que carece de un trabajo planificado en la zona.

Asimismo, dijo que sí hay programas de conservación, pero sólo se aplican sin tomar en cuenta a los pobladores y cambian frecuentemente.

Aseguró que lo que ellos requieren es que se regularice su tierra.

“Nuestro problema es agrario, no ambiental, con eso lo arreglamos”, afirmó.