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Michoacán es una de las entidades en las que el despliegue militar ha sido cuestionado. Foto: Cuartoscuro

Ciudad de México, 6 de julio (SinEmbargo).— El caso Tlatlaya –donde 22 personas fueron asesinadas por militares el 30 de junio de 2014– es la demostración de que las autoridades militares que operan en el país en funciones de seguridad pública actúan bajo una lógica de guerra, consideró el director del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), Ernesto López Portillo.

“Tlatlaya está demostrando que las autoridades militares funcionan bajo instrucciones propias de lógica de guerra. La lógica de guerra es el abatimiento del enemigo […]. Tlatlaya es una representación paradigmática de una lógica de guerra, donde no se busca detener sino abatir al que, desde este caso en la lógica de guerra, se considera un enemigo”, expresó en entrevista con SinEmbargo.

El pasado martes 30, se cumplió un año de la madrugada en que 22 personas perdieron la vida a manos de militares en una bodega en la comunidad de San Pedro Limón, en el municipio mexiquense de Tlatlaya. Dos días después del aniversario de la masacre, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) exhibió en un informe que la orden dada a los militares adscritos a esa área fue “abatir delincuentes en horas de obscuridad”.

El Centro Prodh presentó la “Orden de Relevo y Designación de Mando”, un documento emitido el 11 de junio de 2014, que es subsecuente de la Orden General de Operaciones de la Base de Operaciones “San Antonio del Rosario”, que establece las prescripciones de los mandos y las tropas del 102 Batallón de Infantería del Ejército -con presencia en Tlatlaya- que participan en actividades de apoyo a la seguridad pública.

Para el Centro Prodh, la instrucción de abatir delincuentes “incita a privar arbitrariamente de la vida a civiles en el momento en que estos se consideren delincuentes, sin presunción de inocencia ni juicio previo”.

La organización ponderó, además, que si la orden que motivó la intervención de la Base de Operaciones incentivó graves violaciones a los derechos humanos, tendría que investigarse también a los mandos militares que estuvieron directa e indirectamente relacionados en los hechos, ya sea por haber ejecutado, ordenado o tolerado las acciones y omisiones que llevaron a la masacre, incluyendo la emisión de la Orden de Relevo.

Organizaciones como Human Rights Watch han señalado que el caso Tlatlaya demuestra la profunda crisis de derechos humanos en que se encuentra el país. Pero ese hecho también puso en evidencia las deficiencias de una política de seguridad basada en la militarización.

TlatlayaPromo

En ese contexto se situó López Portillo para hablar sobre cómo Tlatlaya es el paradigma de una “lógica de guerra”, en la que el objetivo es abatir a un enemigo y no detenerlo, como buscaría hacerlo un policía.

Explicó así la diferencia: “Los policías no tienen enemigos, los militares tienen enemigos. Los militares están entrenados para enfrentar y abatir un enemigo; los policías están entrenados para someter a la justicia a un presunto delincuente”.

Mas esa lógica, advirtió, es la que está operando a nivel nacional, en los sitios donde los militares han sido desplegados para ejercer labores de seguridad pública. “Tlatlaya nos enseña que la lógica militar está operando a nivel nacional sobre la lógica de la destrucción del enemigo, que es una lógica de guerra”, dijo.

El especialista en temas de seguridad pública consideró que ese despliegue militar “está debilitando al Estado mexicano”, porque no se garantiza que las leyes controlen la lucha contra la delincuencia.

Y es que el artículo 21 constitucional establece que las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, lo que restringe la participación de las Fuerzas Armadas en esas labores.

“Y no se puede combatir el delito cometiendo delitos”, asentó López Portillo. “Tenemos un Estado que hoy nos enseña, a través de este caso [Tlatlaya] y de esa Orden, que está operando repitiendo conductas que están fuera de la ley para perseguir a personas que están fuera de la ley. Eso es una contradicción insalvable”.

En ese tenor, López Portillo llamó a que se establezca un plan de salida de los militares de las labores de seguridad pública que se les han encomendado.

LA “TRAMPA” DEL ESTADO MEXICANO

Ernesto López Portillo afirmó que la presencia del Ejército en las calles no garantiza el cumplimiento de la ley. Foto: Cuartoscuro

Ernesto López Portillo afirmó que la presencia del Ejército en las calles no garantiza el cumplimiento de la ley. Foto: Cuartoscuro

A decir del director del Insyde, el Estado mexicano generó una “trampa” al permitir la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública en detrimento del trabajo policial.

No se trata de una decisión reciente, si bien se mantiene vigente. En 1996, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que sí era posible que los integrantes de las Fuerzas Armadas desempeñaran funciones más allá de su conexión con la disciplina militar. Desde entonces, el despliegue de militares en tareas de seguridad pública se ha mantenido, aunque se intensificó desde el sexenio pasado con la decisión del entonces Presidente, Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), de emprender una “guerra” contra el narcotráfico.

Pero una vigencia similar tiene el Sistema Nacional de Seguridad Pública, creado en 1995 y cuya tarea primordial era la profesionalización de toda la policía.

Sin embargo, señaló López Portillo, eso no se ha cumplido. Por el contrario, consideró, el Estado mexicano ha renunciado a la profesionalización policial.  Ahí situó la “trampa”: con un Estado que se ha negado a construir una función policial profesional, pero que le dio un estamento profesional al Ejército.

“Ese desbalance generó una trampa: la policía abandonada a su suerte, manipulada políticamente y el Ejército con acceso a recursos y a una carrera. Cuando llega México a un momento donde la seguridad se descompone, la violencia se extrema, no tiene instituciones policiales para responder. Esa es la trampa”, expuso.

López Portillo señaló que existe una conducta política de evadir la profesionalización policial y reproducir las condiciones que hacen necesaria la intervención militar en el país en tareas de seguridad. Pero ello, dijo, en lugar de fortalecer un estado de derecho, lo está debilitando.

“¿Por qué continúa una política pública que reproduce las condiciones para un despliegue militar?”, se preguntó. La respuesta la dio él mismo: “Porque continúa una decisión de Estado de mantener en debilidad a la policía”.

Y ello da pie a más preguntas, que López Portillo hizo, esta vez, sin respuestas.

“¿A quién le funciona que la policía no funcione? ¿A los gobernadores, a los alcaldes, al Presidente? ¿A quién le funciona una policía débil? A la sociedad, no; al régimen constitucional de derechos humanos, no; al Estado de derecho, no. ¿Quién, para qué, bajo qué incentivos reproduce una policía que no tiene ni siquiera el acceso a los derechos básicos para funcionar?”.

“ABATIR”, LA POLÍTICA LETAL

Coronel de caso Tlatlaya. Foto: Cuartoscuro

Lugar donde fueron ejecutadas 22 personas en Tlatlaya, Estado de México. Foto: Cuartoscuro

Durante la presentación del informe del Centro Prodh, titulado “Tlatlaya a un año: la orden fue abatir”, el director de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), José Antonio Guevara Bermúdez, señaló que la masacre de Tlatlaya no era un hecho aislado, sino que se enmarcaba “en una política de Estado de abatir personas que son percibidas, o que se dicen son percibidas, como integrantes de la delincuencia organizada. Se trata de una práctica sistemática de matar, que se encuadra en la política de seguridad vigente, que inició con la administración de Felipe Calderón”.

Dijo que desde entonces se acuñó el eufemismo “abatir” para referirse a la pérdida de vidas humanas en contexto de enfrentamientos en los que participaran las Fuerzas Armadas.

En su informe sobre Tlatlaya, el Centro Prodh aludió también al uso de ese término, que tanto la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar) han referido para aludir a la muerte de personas identificadas como presuntos delincuentes en enfrentamientos con las Fuerzas Armadas. Además, refirió la organización civil, “en la jerga militar utilizada por las distintas autoridades castrenses que intervinieron en la integración de la indagatoria y por el propio juzgador militar, ‘abatir’ es sinónimo de matar”.

Guevara Bermúdez consideró “alarmante” el uso de ese término, no sólo por su empleo en las órdenes generales de operaciones -como se documentó en el caso Tlatlaya-, sino también por sus implicaciones políticas, pues incluso el Presidente Enrique Peña Nieto lo ha utilizado.

En su Segundo Informe de labores, el Presidente anunció que de los 122 “objetivos relevantes” de la delincuencia organizada, el gobierno federal había “neutralizado” a 84. De esas personas, 13 habían sido “abatidas”.

“Parece desafiante a la justicia internacional y a la propia inteligencia que el Ejecutivo federal presente como logro, indicador de éxito de su política de seguridad ‘abatir objetivos relevantes de la delincuencia organizada’”, criticó el director de la CMDPDH.

Pero no solamente se han “abatido” a “objetivos relevantes”. Datos obtenidos por la organización que dirige Guevara Bermúdez a través de peticiones de información, dan cuenta de que entre el sexenio de Calderón y los primeros dos años del actual gobierno 4 mil 263 personas han sido asesinadas por las Fuerzas Armadas en contextos de enfrentamientos.

La Sedena refirió que entre el 1 de diciembre de 2006 y el 31 de diciembre de 2014, sus elementos habían respondido con disparos de armas de fuego a agresiones contra personal militar por presuntos miembros de la delincuencia organizada, en 3 mil 554 ocasiones. En esos enfrentamientos murieron 3 mil 907 presuntos agresores y 60 víctimas ajenas a los hechos. Es decir 3 mil 967 civiles.

La Marina contestó que en 2012 habían muerto 17 civiles; en 2013, 44; y en 2014, 92. Es decir, 153 entre el último año del calderonismo y los dos primeros del gobierno de Peña Nieto.

Mientras, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)  informó que del 1 de diciembre de 2006 al 30 de octubre de 2014 había emitido 57 recomendaciones por privación arbitraria de la vida/ ejecución extrajudicial. De esas, 52 fueron por hechos ocurridos en el sexenio de Calderón y una más -la del caso Tlatlaya- con Peña Nieto. Las otras cuatro fueron por hechos previos a 2006.