La editorial del New York Times publicada este jueves es crítica hacia México y su compromisos para combatir las desapariciones forzadas. Menciona que mientras el Gobierno ha anunciado iniciativas para limitar el uso de la tortura e investigar estos hechos, sus compromisos no son de confianza. El diario también sugiere que el nombramiento de Tomás Zerón como Secretario Técnico del Consejo Nacional de Seguridad podría ser un movimiento para evitar su rendición de cuentas. El funcionario es considerado como el artífice de la “verdad histórica”, el argumento oficial sobre los 43 que presentó en su momento el ex Procurador Jesús Murillo Karam.

Ciudad de México, 6 de octubre (SinEmbargo).– Si bien México ha anunciado una serie de iniciativas para frenar el uso de la tortura y prometió investigar las desapariciones forzadas, sus compromisos no son de confianza, debido al impresionante mal manejo de la investigación en la presunta matanza de los 43 normalistas desaparecidos hace dos años, destaca el diario New York Times en su editorial de este jueves.

El diario menciona que México notificó el mes pasado que se había avanzado en la defensa de derechos humanos sólo para asegurar la obtención completa del paquete de ayuda de alrededor de 155 mil millones de dólares.

En 2015, el Departamento de Estado de Estados Unidos recortó a México parte de los recursos que cada año le otorga a través de la Iniciativa Mérida para combatir el problema de las drogas, debido a las presuntas violaciones de derechos humanos cometidos por fuerzas de seguridad mexicanas.

En diciembre de 2008, México y Estados Unidos firmaron la primera Carta de Acuerdo sobre la Iniciativa Mérida. Entre las instituciones que están involucradas se encuentran el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia, el Consejo Nacional de Seguridad, el Pentágono, la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el FBI, la agencia antidrogas DEA y por parte de México: el Congreso de la Unión, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Armada de México, la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional.

A través de la Iniciativa Mérida se han destinado 2 mil 300 millones de pesos desde 2008 para equipos como helicópteros y sensores fronterizos, así como programas de capacitación para los miles de funcionarios mexicanos.

El New York Times menciona que el Senador Patrick Leahy dijo a The Times que México no había avanzado lo suficiente para poner fin a la tortura, las desapariciones y las ejecuciones extrajudiciales, pues en su lugar se había seguido un patrón de no investigar, amenazar testigos y encubrir corruptos.

“No es sólo los casos en las primeras páginas de los periódicos; son miles de mexicanos sin nombre que son víctimas de los funcionarios cuyo trabajo es para protegerlos”, dijo el Senador a The Times.

Algo emblemático en las deficiencias del sistema de justicia en México, dice el diario estadounidense, “es la incapacidad del Gobierno para ofrecer una versión real de lo ocurrido con los estudiantes de Ayotzinapa tras desaparecer el 26 de septiembre de 2014”.

En abril, cita el texto, un grupo de expertos internacionales denunciaron que las autoridades mexicanas habían extraviado e ignorado pruebas, además de planear otras que eran falsas planteando la posibilidad de un encubrimiento.

La editorial también señala que el mes pasado, la Procuraduría General de la República (PGR) anunció la renuncia de Tomás Zerón de Lucio, reconociendo que su conducta había minado la confianza de los familiares de las víctimas, sin explicar la discrepancia entre la narrativa oficial, que el gobierno llama perversamente la “verdad histórica”, y el video.

Zerón es considerado como el artífice de la “verdad histórica”, el argumento oficial sobre los 43 que presentó en su momento el ex Procurador Jesús Murillo Karam.

Su renuncia se dio el 14 de septiembre, 12 días antes de que se cumplieran dos años de la desaparición de los estudiantes.

Tomás Zerón de Lucio, sin embargo, duró apenas unas horas sin empleo. La misma noche de este día fue nombrado Secretario Técnico del Consejo Nacional de Seguridad. La Secretaría de Gobernación dijo que fue por instrucción del Presidente Enrique Peña Nieto.

Horas después de la renuncia de Zerón, explica el diario, el Presidente Enrique Peña Nieto lo nombró Secretario Técnico del Consejo Nacional de Seguridad, y sugiere: “un movimiento que parece proteger al señor Zerón, por el momento, de la rendición de cuentas”.

En diferentes ocasiones los padres de los normalistas habían exigido la separación del cargo de Zerón de Lucio luego de sus declaraciones sobre su visita al Río San Juan de Cocula, en Guerrero, el 28 de octubre de 2014.

Ahora, los familiares de los normalistas desaparecidos entre el 26 y 27 septiembre de 2014, consideran que la renuncia del funcionario “por motivos personales” no es suficiente, por lo que analizarán si esta acción es suficiente para sentarse nuevamente en una mesa con la Procuradora Arely Gómez González.

El río de Cocula es el lugar donde se encuentra un basurero en el que según la PGR, los normalistas habrían sido incinerados por un grupo criminal.

Zerón dijo en la conferencia el 27 de abril que en un video que mostró el GIEI se observó a un perito recogiendo un posible indicio en el Río San Juan, y que “ese indicio se entregó a un especialista en antropología forense, quien desde ese momento descartó que se tratase de un hueso humano, por lo que no tuvo ningún valor criminalístico que ameritara incorporarlo a la averiguación previa.

El ahora ex jefe de la AIC dijo que su presencia en la zona del río Cocula había sido atestiguada por representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, sin embargo, los expertos del GIEI hablaron sobre una manipulación, ya que en ningún momento miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) vieron al presunto responsable ni estuvieron en el escenario del río San Juan.