La inseguridad que enfrentan los empresarios del estado de Guerrero ha provocado que cientos de negocios cierren ante la falta de acción por parte de  los gobiernos locales y estatales. En Acapulco, se anunció el cierre de al menos 200 tortillerías. Sin embargo, no son el primer caso. El pasado 28 de octubre, más de 30 negocios afiliados al Consejo Empresarial de Zihuatanejo-Ixtapa (CEZI), no abrieron sus locales comerciales para protestar por el clima de la inseguridad. El 18 de octubre, la Coparmex de Chilpancingo informó que 265 negocios, de los 2 mil 500 formales que existen en esa ciudad, cerraron entre enero y septiembre debido a las extorsiones, robos y secuestros.

Por Aurora Harrison

Ciudad de México, 6 de diciembre (SinEmbargo/ElSur).– El presidente de la Industria de la Masa y la Tortilla del Estado de Guerrero, Arcadio Castro Santos, informó que 200 tortillerías de Acapulco han cerrado porque los propietarios no han querido modernizarse y por la inseguridad.

En declaraciones a reporteros en el Palacio Municipal, a donde acudió a una reunión con el alcalde Evodio Velázquez, Castro Santos aseguró que no habrá aumento en el precio de la tortilla, que va a continuar en 16 y 17 pesos, o 18 pesos como máximo.

Al preguntarle si la inseguridad ha afectado al sector, respondió que algunas tortillerías han cerrado “porque no se han querido modernizar y el otro es por la inseguridad, desde luego que hay muchos factores pero principalmente esos son los más importantes”.

En Acapulco, dijo, cerraron 200 tortillerías y en Guerrero unas 700 u 800, “unas porque no se han querido modernizar y otros por los temas de inseguridad y donde más afecta el problema es en la Tierra Caliente, Chilapa, Tlapa y Tixtla”.

Al preguntarle si en las tortillerías se siguen recibiendo amenazas, señaló que “ese es el pan de cada día, pero creo que el tema más importante para el consumidor es que la tortilla no se va a incrementar gracias a la buena producción de maíz, no se incrementará a pesar de que los precios de la gasolina y de la electricidad aumentaron”.

Abundó que la Secretaría de Desarrollo y Fomento Económico del estado ya habilita una bodega en Ciudad Renacimiento que tendrá la capacidad de almacenar más de mil toneladas de maíz, lo que ayudará a “abaratar costos y ahora vamos a ver al alcalde para que aporte, buscar la manera comercializar el maíz y que el precio no aumente”.

Castro Santos dijo que acudió al Palacio Municipal para hablar con Velázquez Aguirre para “buscar mecanismos y que no haya incrementos en el precio de la tortilla, estamos comercializando del maíz directamente del campesino al industrial y ellos ganan un precio por encima de lo que pagan los intermediarios”.

Recordó que lo que ocasionaba los aumentos en el precio de la tortilla es que se tenía que comprar maíz a otros estados, como Sinaloa y en el Bajío, y el precio de la tonelada era de 5 mil 800 pesos, y con la producción de maíz del estado “hoy está a 4 mil 600 pesos”.

Hace un mes, el pasado 5 de noviembre, dueños de diversos negocios en Zihuatanejo bajaron sus cortinas para protestar en contra los asaltos, secuestros y extorsiones. Sin embargo, se enfrentaron a la respuesta desinteresada del Fiscal del estado, Xavier Olea Peláez, quien dijo en este puerto que las manifestaciones de los empresarios denunciando la inseguridad son exageradas.

El viernes 28 de octubre, un centenar de negocios de diversos giros de la zona comercial de Ixtapa y las comunidades costeras más pobladas del municipio –San José Ixtapa,  Pantla y El Coacoyul–, cerraron para exigir que los gobiernos federal y estatal bajen los índices de inseguridad que prevalecen. Los dueños de los establecimientos en conferencia de prensa dijeron que están cansados de sufrir  asaltos, robos de vehículos, secuestros, extorsiones, cobro de piso y de pagar cuotas a la delincuencia organizada.

Díez días antes, el 18 de octubre, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Chilpancingo, Adrián Alarcón Ríos, informó que 265 negocios de los 2 mil 500 formales que existen en esa ciudad, cerraron entre enero a septiembre debido a las extorsiones, robos y secuestros.

Ese día,, Alarcón alertó que  además de las extorsiones, el secuestro y robo, los habitantes de la capital enfrentan otro fenómeno que es “un gran desempleo” porque no hay vacantes, y consideró que para el 2017 la situación será “peor”.

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