La defensa de Lucero Guadalupe Sánchez acudió a la Cámara de Diputados a entregar las pruebas en favor de su cliente a los legisladores de la Sección Instructora, encargada de revisar la solicitud de desafuero de la legisladora.
Ciudad de México, 7 de abril (SinEmbargo).– La Procuraduría General de la República (PGR) no tiene los vídeos sobre la presunta reunión de Joaquín “El Chapo” Guzmán con la Diputada Lucero Guadalupe Sánchez en el penal de El Altiplano, Estado de México, acusó la abogada Rosalba Alarcón, que forma parte del equipo que defiende a la legisladora sinaloense.
La litigante afirmó que el video del 4 de septiembre, donde presuntamente se observa a la diputada cuando ingresa al penal de alta seguridad, no existe, debido a que las autoridades del centro penitenciario reinician las cámaras y borran el contenido cada 27 días.
“Por lo tanto, la Procuraduría no cuenta con ese video para demostrar que haya estado persona alguna en esa fecha […], solamente son fotografías que se quedaron del video, que no son suficientes para demostrar que haya estado en el lugar”, señaló Alarcón en declaraciones a la prensa luego de acudir a la Cámara de Diputados a la oficina de la Sección Instructora, encargada de revisar la solicitud de desafuero de la legisladora, para cumplir con el ofrecimiento de pruebas a favor de su cliente.
Rubén Tamayo, Rosalba Alarcón y Francisco Verdugo llegaron al Palacio Legislativo alrededor de las 15:00 horas de este jueves, último día para presentarlas.
Tamayo explicó que ellos no tienen conocimiento de que la diputada Sánchez López haya ingresado al penal del Altiplano.
El defensor legal informó que entregaron un escrito de 15 hojas en el que se solicita a la Sección Instructora entregar las pruebas aportadas por la Procuraduría General de la República (PGR) para que sean sometidas a peritajes, entre las cuales destaca una copia de la credencial de elector que supuestamente falsificó Lucero Sánchez.
El abogado agregó que adicionalmente se entregaron “más de siete discos” (sic) con fotografías y videos, principalmente de medios de comunicación, para que sean considerados como pruebas sujetas a estudios periciales, a fin de determinar si la persona que aparece en las imágenes es la legisladora.
“Tenemos confianza en que la Sección Instructora se conduzca como lo ha estado haciendo, que nos permita aportar pruebas, desahogarlas y que se llegue a una resolución, que esperemos determine que no hay ninguna responsabilidad de la diputada”, señaló el litigante.
La PGR ofreció sus pruebas a los diputados el pasado 5 de abril.
