México

El Fondo de Seguro Popular para medicinas de cáncer y VIH opera con opacidad y sin reglas, acusan

07/04/2019 - 10:00 pm

El Fondo de Gastos Catastróficos del Seguro Popular, que costea enfermedades como el cáncer infantil y el VIH- Sida, opera con protocolos desactualizados que impiden que se garantice el tratamiento para todos los enfermos. Especialistas entrevistados por SinEmbargo aseveran que este fondo es necesario, pues las familias podrían desembolsar entre 50 mil y 150 mil pesos.

Ciudad de México, 7 de abril (SinEmbargo).- El Seguro Popular fue incapaz de establecer los parámetros necesarios para evaluar el incremento de enfermedades como el VIH-SIDA y el cáncer infantil, lo que imposibilitó el acceso oportuno a servicios médico- quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios de los pacientes, así lo documentó la Auditoría Superior de Federación en su análisis de la Cuenta Pública del 2017.

El organismo federal determinó que la que la cobertura del Sistema de Protección Social en Salud -en el que incluye el Fondo de Gastos Catastróficos (FDGC), destinada la atención de enfermedades de alta complejidad diagnóstica y tratamiento como las mencionadas- no cuenta con los elementos de análisis necesarios desde su creación, hace 14 años. En el mismo destaca la falta de estimación del crecimiento de 61 enfermedad cubiertas por el FPGC del Seguro Popular.

La evaluación adquiere relevancia para dichas enfermedades, debido a que el FPGC cubre los gastos de problemas graves de salud pública como el cáncer en menores de 18 años, padecimientos metabólicos, trastornos quirúrgicos y congénitos, hepatitis C y enfermedades infectocontagiosas como el VIH-Sida.

En los últimos días, organizaciones de la sociedad civil, activistas y familiares de pacientes con cáncer infantil y Sida se han manifestado por la escasez e incertidumbre de los servicios y fármacos ofrecidos por el Seguro Popular. El alto costo que tienen que pagar por los medicamentos en caso de insolvencia resulta insostenible, debido a que implican un pago entre los 50 mil pesos mensuales y los 150 mil semanales.

Las denuncias coinciden en la falta de parámetros para evaluar el funcionamiento del Fondo de Gastos Catastróficos del Seguro Popular, del que depende el dispendio de los servicios.

En distintas ocasiones portadores del VIH y familiares de padres con niños con cáncer se han manifestado para denunciar la falta de medicamentos para el tratamiento de la enfermedad. El medicamento por general llega, pero tarde y cuando ya fueron interrumpidos los tratamientos. Foto: Saúl López, Cuartoscuro.

En entrevista para SinEmbargo, José Carlos Gutiérrez, director general de la Asociación Mexicana de Ayuda Niños con Cáncer (AMANC), sostuvo que el fondo opera de manera deficiente. A pesar de que con el mismo surgió la visibilización y seguimiento de los casos de esta enfermedad, los problemas en su operatividad continúan sin ofrecer garantías.

“El hecho de que exista el fondo ha permitido dar un seguimiento puntual a las enfermedades crónico degenerativas, en particular el cáncer infantil. Ahora hay recurso y un presupuesto para la cobertura completa del cáncer infantil. Peor sería que no existiera un fondo. Sin embargo, para que funcione requiere que se actualicen los protocolos de atención y que el Consejo Nacional de Seguridad sesione con frecuencia para determinar en qué se ocupara el presupuesto. (…) La primera controversia es que los protocolos que son pagados por el fondo no están actualizados y no lo están porque eso implicaría sesionar sobre medicamentos, lo que aumentaría el gasto que el Estado mexicano deberá cumplir”, añadió.

La actualización de los protocolos mencionados por el especialista lo son todo para que funcione el fondo. El pago de los servicios de cada uno de los casos depende de que se incluyan las necesidades de los diagnósticos en ellos. Es decir, si el instrumento no incluye los medicamentos y diagnósticos más actualizados, los pacientes corren el riesgo de quedarse sin él.

El riesgo directo lo corren los enfermos que frecuentemente no cuentan con el medicamento, así como sus familias que padecen el impacto económico y psicológico de la escasez.

Gutiérrez sostiene que la falta de voluntad política y la continua optimización de los recursos provoca que los servicios no se ofrezcan de manera íntegra. El descontrol comienza con la falta de registro de los casos, que se alimenta de la falta de infraestructura y de personal en los hospitales.

“Como AMANC partimos de la necesidad de contar con un registro nacional de cáncer en adolescencia y la infancia, un registro complejo. El Fondo de Gastos Catastróficos sólo se aplica a los hospitales de la Secretaría de Salud, sin embargo, ya sabemos que los hospitales del IMSS, del ISSSTE, Pemex y los dependientes de las Fuerzas Armadas también tienen este tipo de problema. Hace falta información nacional para dimensionar la carga económica y la atención psicosocial del paciente”, agregó.

El FONDO DE GASTOS CATASTRÓFICOS

El 15 de mayo del 2003, durante el sexenio de Vicente Fox, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una serie de reformas a la Ley General de Salud que dieron lugar a la creación del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), del cual forma parte el Seguro Popular. Esta disposición entró en vigor en el 2014 y para el 2015 ya incluía al Fondo de Gastos Catastróficos en el pago de tratamiento de leucemia infantil.

En la presentación de motivos para la creación del FDGC se insistió en que 3 millones de personas incurrían en gastos catastróficos. Entendiéndose por gasto catastrófico todas las erogaciones realizadas en caso de que una familias destine 30 por ciento o más de su ingreso disponible o capacidad de pago al financiamiento en atención de su salud.

Un estudio realizado por la OCDE señaló que la falta de inversión por parte del Gobierno mexicano en materia de salud provoca que los ciudadanos gasten hasta un 41 por ciento de sus ingresos en atender enfermedades de alto costo entre ellas, el cáncer.

El fondo se creó como una alternativa a este gasto que empobrece a los mexicanos y se pensó como un fideicomiso financiado por la Comisión Nacional de Protección Social de la Salud (CNPSS), que desde el 2013 designa el 8.0 por ciento (10 millones 847 mil 265 pesos) de los recursos de cuota social y aportación solidaria.

Desde su creación ha incluido a 60 enfermedades distintas. Empezó atendiendo los casos de leucemia infantil, pero actualmente incluye a todos los cánceres en menores de 18 años de edad , dos clases de cáncer cervicouterino y trastornos como el Síndrome de Turner, entre otros.

El pasado 28 de marzo padres de familia con hijos internos en el Hospital Infantil  “Federico Gómez” se manifestaron para denunciar la falta de medicamento para sus hijos. Los costos que pueden elevarse hasta los 150 mil pesos semanales no son costeables para las familias, muchas de ellas de bajos recursos.  Foto: Karen Castillo, SinEmbargo.

Yareli Escudero, directora general de Pacientes en Acción, explicó que para poder garantizar la suma de enfermedades al catálogo de atención es necesario que se elaboren los protocolos en los que se detallan los costos de operación de cada una de las enfermedades por paciente. La especialista confirma la necesidad de estas mediciones para garantizar la atención. De no contarse con ellos, el Estado no puede pagar lo necesario a los hospitales asociados.

El problema, señaló, se extiende como un inconveniente de presupuesto. Se deja de destinar dinero para costear las enfermedades costosas.

“El Seguro Popular paga al Seguro Popular lo correspondiente por cada uno de los casos inscritos. En general no hay dinero para costear este tipo de programas y fondos. El tema es que no todos los pacientes tienen acceso, aquellos que lo logran no dan evaluaciones positivas, sin embargo, en padecimientos como el Síndrome de Turner hemos visto interrumpido los tratamientos. De 10 pacientes que se atendieron en el programa piloto por esta enfermedad, podría asegurar que solo dos son beneficiarios. No hay estadísticas de esto, como de todo, ellos dicen que ofrecen buenos resultados, sin embargo, es para un número mínimo de personas”, agregó.

De acuerdo con el informe de resultados del Seguro Popular más reciente, el de año 2017, a la fecha se tienen acreditados mil 107 servicios, cuya distribución para los gastos es de la siguiente forma: 198 establecimientos acreditados en Neonatos con Insuficiencia Respiratoria y Prematurez (UCIN); 167 para cáncer en la infancia y adolescencia (CIAd); 125 VIH/SIDA (VIH/S); 100 a trastornos quirúrgicos congénitos y adquiridos (TQCA); 76 en Infarto Agudo al Miocardio (IAM); 70 a cáncer de mama (CaMa); 68 a cáncer cervicouterino (CaCu); 51 para trasplante de córnea (T cor); 38 para hemofilia (Hemo); 37 para cáncer de testículo (C Test); 33 para cáncer de próstata (CaPro); 33 en linfoma No Hodgkin (LNoH); 28 para enfermedades lisosomales (Liso); 21 en cáncer de colon y recto (CaCR); 17 en cáncer de ovario (CaOv); 17 para trasplante de médula ósea en menores de 18 años (TMO18).

Los especialistas explicaron que las cifras podrían contener errores debido la falta de insumos obliga al desplazamiento de los pacientes a hospitales con mejores condiciones, como lo son los nosocomios nacionales de la Ciudad de México. Esto representa que muchos de los casos atendidos no se registran, lo que genera la escasez de medicamentos y servicios.

EL CONTEXTO POLÍTICO

Desde diciembre del 2018 cuando el Jefe del Ejecutivo Andrés Manuel López Obrador anunció el cambio de esquema del Seguro Popular, la incertidumbre sobre la atención y los medicamentos ha permanecido en los pacientes.

Yareli Escudero urgió a atender los problemas relacionados con el Fondo y con el Seguro Popular. Reconoció que la medida se plantea como un cambio positivo para la distribución, sin embargo, el letargo es por ahora padecido por los enfermos.

“La falta de medicamentos que se vive actualmente responde en parte al poco presupuesto que tiene el fondo, pero también a lo que se está viviendo el país en el contexto político-económico. El Presidente traía el tema de que el Seguro Popular va a desaparecer, aunque nosotros creemos que sólo va a cambiar de estructura. Sin embargo, los cambios administrativos y de servidores públicos tienen una consecuencia negativa en los programas sociales que benefician a los ciudadanos, en este caso a los pacientes”.

en Sinembargo al Aire

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