El río Santiago, en Jalisco. Foto: Cuartoscuro

Un siglo después de iniciado el desarrollo industrialista en México, ahora podemos constatar que en lugar del paraíso de progreso que prometía, esa vía de desarrollo se convirtió, en la mayoría de los casos, en un infierno de devastación ambiental y gran transformación de las relaciones sociales que volvió a productores independientes en sujetos dependientes del trabajo asalariado, con pobreza y contaminación.

Los distritos industriales impulsados con todo el aparato del Estado mexicano desde la segunda mitad del siglo XX son ahora zonas de devastación, son unos “infiernos ambientales”, según la expresión de Víctor M. Toledo, secretario de Medio Ambiente del país.

El titular de Semarnat se refirió así a seis zonas del país: corredor industrial sobre el río Santiago en Jalisco; cuenca Independencia, en Guanajuato; río Tula, en Hidalgo; Apaxco, en el estado de México; río Zahuapan, en Tlaxcala; río Atoyac, en Puebla, y las regiones sur y norte de Veracruz. Obviamente no son los únicos “infiernos ambientales” que existen en el país.

El Secretario de Medio Ambiente nombró estos casos por que son las zonas que formaron parte del llamado Toxitour, un recorrido que en diciembre de 2019 llevaron a cabo eurodiputados, legisladores de Estados Unidos, académicos, activistas y representantes de los pueblos afectados, en una caravana convocada por la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, el Observatorio de Multinacionales en América Latina, entre otras organizaciones de México, América Latina y Europa.

La caravana Toxitour realizó un recorrido “a través de las peores áreas de contaminación, explotación social y laboral en México”, con la intención de recoger los testimonios y experiencias acumuladas en años recientes en su intento de “detener la destrucción de la identidad, del tejido social y el medio ambiente mexicano que han causado las empresas a partir del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM), con el objetivo de imponer un nuevo modelo extractivo, productivo y de consumo que impacta de forma negativa la salud y calidad de vida de nuestras niñas y niños, así como de toda la comunidad”.

Tras este recorrido que duró diez días, los integrantes del Toxitour se reunieron con el Secretario Víctor M. Toledo, quien se comprometió a buscar la declaratoria de “emergencia ambiental” en cada una de las zonas nombradas por él como “infiernos ambientales”. Al menos discursivamente hay un cambio en el Gobierno federal en la atención a los problemas de devastación ambiental producidos por el desarrollo industrialista.

Pero no basta la buena voluntad de las autoridades. Aún y cuando se comprometieran a terminar con esos “infiernos ambientales”, deben hacerlo junto con los pueblos afectados.

Un ejemplo son las comunidades afectadas ambientalmente en Jalisco. Gracias a la tenaz lucha de los pueblos que desde hace décadas se han organizado para denunciar la grave contaminación de las comunidades aledañas al corredor industrial de El Salto, en estos días se abrió una oportunidad de emprender un radical programa de saneamiento y remediación del río Santiago, y de atención sanitaria a la población que ha enfermado por vivir ese “infierno ambiental”.

En apenas dos semanas se conjuntaron la divulgación del estudio de 2011 que confirmó el envenenamiento de niños y la población en general, sólo por vivir cerca del río; la demanda de los pueblos de Juanacatlán, El Salto, Puente Grande, Totolotlán y La Cofradía para que se castigue a los funcionarios que ocultaron esta información; el anuncio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco de revisar la macro-recomendación de 2009; la macro-excursión convocada por el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez; la presentación de la estrategia integral para el saneamiento de la cuenca que el gobierno estatal denomina Revive Río Santiago; y la minuta de acuerdos entre el gobierno de Jalisco y el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

A esta serie de eventos locales y nacionales hay qué sumar que la lucha de los pueblos del río Santiago tuvo resonancia internacional con la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitando el viernes 7 de febrero “medidas cautelares a favor de pobladores de las zonas aledañas al río Santiago, tras considerar que se encuentran en situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos a raíz de una presunta contaminación ambiental en el río Santiago y el lago de Chapala”.

La suma de todas estas acciones y posicionamientos se convierte en una coyuntura que abre una oportunidad de echar a andar un radical programa de remediación y saneamiento del río Santiago y todas las localidades envenenadas por la contaminación que ha dejado cinco décadas de agresivas políticas industrialistas.

La coyuntura que abre esta oportunidad no es concesión del gobierno, sino el resultado de una tenaz lucha de los pueblos del corredor industrial que tienen décadas denunciando la contaminación y sus efectos cotidianos manifestados no solo en los malos olores que padecen, sino en las enfermedades que los debilitan o matan.

Si bien el Gobierno de Jalisco ha manifestado expresamente su compromiso para echar a andar esta estrategia de remediación, un plan de tal magnitud no puede funcionar si se hace a un lado a los pueblos y comunidades. La estrategia del gobierno estatal contempla un eje que llaman “gobernanza”. Es ahí donde quieren poner la ventanilla de atención a la población. No basta y de hecho estará condenada al fracaso si no se toma en cuenta en serio a los pueblos que se han organizado en asambleas y en asociaciones contra la contaminación. No basta con preguntarles su opinión. Las comunidades y pueblos deben participar en todas las fases del proceso y deben hacerlo de manera activa, incluso como inspectores con capacidad de clausurar empresas que sean fuentes de contaminación.

Para los funcionarios se trata de un asunto de trabajo en un sexenio. Para los pueblos y comunidades se trata de un asunto de vida o muerte. Los “infiernos ambientales” del país, como el del río Santiago en Jalisco, se deben extinguir, con los pueblos por delante.