Higinio Trinidad de la Cruz era un reconocido defensor de su territorio perteneciente a la comunidad de Ayotitlán, Municipio de Cuautitlán de García Barragán, en Jalisco, en los límites con Colima. Es una región rica en biodiversidad que forma parte de la Sierra de Manantlán, con ricas reservas de minerales, especialmente hierro, y bosques codiciados por los taladores legales e ilegales.

Higinio Trinidad de la Cruz era uno de los defensores más activos del territorio de su comunidad. Muchas veces denunció el despojo de tierras tanto por empresas privadas, especialmente la minera Peña Colorada, perteneciente a la trasnacional ArcelorMittal; y también denunció las amenazas de grupos del crimen organizado.

La mañana del 24 de noviembre de 2023, Higinio Trinidad de la Cruz fue privado de su libertad después de acudir a una cita en las oficinas de la presidencia municipal de Cuautitlán de García Barragán. El defensor del territorio había sido citado a la Alcaldía por el presidente municipal. Lamentablemente fue localizado sin vida tras haber sido reportado como desaparecido un día antes en la comunidad de Ayotitlán.

Higinio Trinidad de la Cruz es uno de los 20 defensores del territorio que fueron asesinados el año pasado en México, de acuerdo al informe anual que presenta el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) desde 2014.

El año pasado fue bastante peligroso y trágico para los defensores del territorio en México. En su estudio, el Cemda distingue entre eventos de agresión y agresiones, pues un solo evento puede contener agresiones a múltiples víctimas. Según el Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México 2023, ocurrieron a lo largo del año 123 eventos de agresión en contra de personas y comunidades defensoras del territorio que produjeron 282 agresiones, entre los que se incluyen homicidios, agresiones físicas, agresiones sexuales, daño a la propiedad, hostigamiento e intimidación. El total de agresiones provocaron que mil 317 personas resultaran afectadas por las agresiones en el marco de la defensa del medio ambiente, la tierra y del territorio. De este total, 416 personas realizaban una labor de defensa de manera activa y se asumían como personas defensoras, subraya el informe del Cemda (se puede consultar aquí: https://bit.ly/3w56irh).

Con estas cifras, 2023 aparece como el segundo año más peligroso para los defensores del territorio, sólo por dejado del año 2022 cuando ocurrieron 197 eventos de agresión y 24 asesinatos. El tercer año más violento contra los defensores del territorio fue 2021 cuando ocurrieron 108 eventos de agresión y 25 asesinatos. Estas cifras revelan que el actual Gobierno de la Cuarta Transformación sigue siendo igual o más peligroso que el anterior sexenio para los defensores del territorio. En lo que va del sexenio se han asesinado a 102 personas por su trabajo de defensa del territorio, a pesar del discurso del Presidente Andrés Manuel López Obrador de que en este Gobierno no se reprime.

Pero la realidad contradice el discurso oficial. Del total de agresiones, casi la mitad fueron provocadas por agentes estatales de los tres niveles de Gobierno. De los 123 eventos de agresión registrados por Cemda el año pasado, el principal agente agresor fue el Gobierno, con 61 eventos (49.59 por ciento de los casos), seguido por sujetos de la delincuencia organizada en 37 casos (29.6 por ciento), y actores de la empresa privada en 19 casos (15.45 por ciento). En 22 casos no se identificó al agente agresor. De las agresiones cometidas agentes del Gobierno, en 23 hubo participación de la policía (nueve municipales y 14 estatales), en 19 de gobiernos estatales, 17 del Gobierno federal, 16 por parte de las fiscalías, en 13 de los gobiernos municipales, en nueve de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en cuatro de la Secretaría de Marina (Semar), en dos de la Guardia Nacional y en siete otras autoridades.

Las formas de agresión más comunes el año pasado fueron las amenazas (33), seguidas de la intimidación (28), las agresiones físicas (26), la criminalización (21), el homicidio (19) y el hostigamiento (19). Entre las víctimas de las agresiones destaca que casi dos de cada tres ocurren contra integrantes de comunidades indígenas, con 79 agresiones de los 123 eventos de agresión ocurridas el año pasado, lo que representa 64.22 por ciento del total. Después destacan agresiones contra integrantes de organizaciones de la sociedad civil con 16 casos (13 por ciento), 10 en contra de ejidatarios (8.13 por ciento), y siete contra comuneros (5.7 por ciento).

El Cemda destaca en su informe que muchas de las agresiones ocurren en el contexto de megaproyectos extractivistas, como proyectos mineros y forestales. En el desarrollo de negocios mineros ocurrieron 30 agresiones; seguido de proyectos en vías de comunicación con 18 casos; y en tercer lugar, el sector forestal con 13 casos. Cabe resaltar que 18 agresiones (15 por ciento del total) ocurrieron en dos de los megaproyectos estales del actual gobierno de la 4T: el Tren Maya con 12 agresiones y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec con seis casos.

El informe del Cemda permite consignar los ámbitos donde ocurren estas resistencias para la defensa de los bienes comunes: la defensa del territorio, con 110 eventos; defensa del agua, con 39; y defensa de la flora, con 33 eventos de agresión. Por estados, el año pasado Jalisco destacó como la entidad con más agresiones, con 20 eventos, seguido por Oaxaca con 19 casos y la Ciudad de México con 12.

Un dato preocupante que consigna el informe, es que conforme al contexto nacional, la desaparición de personas fue una de las formas de agresión contra defensores del territorio, al registrase 19 casos. Los repertorios de agresión más comunes fueron las amenazas con 33 casos, intimidaciones con 28, agresión física directa en 26 ocasiones, la criminalización con 21 y el hostigamiento con 19. Además se registró una ejecución extrajudicial.

En conjunto, los datos del informe de Cemda confirman la situación bajo asedio en el que se encuentran los defensores del territorio y de los bienes comunes y que confirman que la violencia es un recurso estructural de quienes quieren despojar el territorio para poseerlo y valorizarlo a través de distintas dinámicas de acumulación de capital. Revela, además, que la violencia es estructural y que es usada tanto por el Estado, las corporaciones privadas y el crimen organizado para apropiarse del territorio y explotarlo lucrativamente. Y eso muestra que más allá del discurso, el neoliberalismo sigue presente a través de la acumulación por despojo, que requiere de la violencia para realizarse.

Rubén Martín

https://www.sinembargo.mx/author/ruben-martin

Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]

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