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El pueblo de Simojovel, en Chiapas, presenta uno de los índices de pobreza extrema más altos del país. Foto: Cuartoscuro

Ciudad de México, 9 de abril (SinEmbargo).– La complicidad de las autoridades con el crimen organizado en el municipio de Simojovel, en el norte de Chiapas, ha disparado la violencia y la impunidad a tal grado, advierten defensores de derechos humanos, que la población está en riesgo de vivir una situación similar a la utilizada contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en Iguala, Guerrero, desaparecidos hace más de seis meses.

De acuerdo con Víctor Hugo López, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, y el sacerdote Marcelo Pérez, titular del consejo Parroquial de Simojovel, la situación que han denunciado los pobladores en diversas manifestaciones –centradas en cuestionar la proliferación de cantinas–, combina en el fondo elementos similares a los que detonaron la barbarie en Iguala: pobreza, una población con historia de resistencia y movilización, más un contexto político caracterizado por la colusión de las autoridades con el crimen organizado.

“Simojovel, donde la población es mayoritariamente indígena, presenta también de los índices de pobreza extrema más altos del país y, también, es una región donde se viven condiciones de violencia estructural y marginación, como falta de acceso a servicios básicos, desde la década de los 70”, dijo López en entrevista vía telefónica.

“Y en este municipio, como en muchos otros de Chiapas, el poder político lo detenta quien tiene el poder económico local, y éste está nutrido principalmente de todo lo que tiene que ver con venta indiscriminada de alcohol, drogas, armas, trata de personas, y son las situaciones que ha denunciado la población de la zona”, agregó.

VIOLENCIA IMPUNE

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Los habitantes denuncian que algunos asesinatos se han registrado a plena luz del día. Foto: Cuartoscuro

Desde 2014, la población de Simojovel ha denunciado a través de manifestaciones y desplegados que el aumento en las actividades de los giros negros, como la proliferación de cantinas, la prostitución y venta de drogas, ha estado acompañada de una escalada de delincuencia y violencia que, tan sólo el año pasado, generó más de una docena de homicidios.

Algunos de estos asesinatos, dijo López, han sido cometidos a plena luz del día y todos se encuentran impunes, sin investigación por parte de las autoridades.

Al exigir el esclarecimiento de los casos, aseguró López, la población afectada empezó a notar que detrás de los giros negros podrían encontrarse políticos de la región; específicamente los priístas Ramiro y Juan Gómez Domínguez, ambos ex alcaldes y el poder de facto tras el mandato del alcalde Javier Guzmán Hernández.

“La respuesta de la autoridad municipal encabezada por Javier Guzmán Hernández, primero dice que no le compete este asunto, no tiene autoridad para cerrar cantinas; pero descubrimos su complicidad con los cantineros”, acusaron los inconformes en un comunicado de octubre de 2014, en el cual también citan a comerciantes aceptando haber pagado sobornos a diversos funcionarios.

La población denunciante –identificada en los boletines y en las manifestaciones con el nombre de “Pueblo Creyente”- ha expuesto también que la criminalidad del grupo político señalado es tal que hay testigos que indican que los Gómez Domínguez ofrecieron 400 mil pesos por el homicidio del párroco Marcelo Pérez, cabeza visible del movimiento de protesta.

“Después de que comenzamos las peregrinación para que cerraran las cantinas, pensamos que nada tenían que ver con las autoridades, con los Gómez, que controlan el Ayuntamiento; pero con la tercera peregrinación, que fue el 6 de junio, empezaron las amenazas; entonces, tenemos el dato de que Ramiro Gómez pagó 400 mil pesos a unos jóvenes para que me mataran”, dijo el párroco a SinEmbargo también vía telefónica.

“Se supo porque uno de los contratados se lo dijo a un catequista. Le dijo: a mí me contrató Ramiro Gómez, somos cuatro y nos ofrece 400 mil pesos”, agregó el sacerdote.

López, por separado, agrega que el Gobierno del Estado está al tanto de la situación –el Centro de Derechos Humanos ha emitido alertas, explicó– pero que la impunidad permanece y la que delincuencia va en aumento.

“Por eso nos preocupa; no es una situación privativa de Simojovel, pero en un municipio con este tipo de desigualdades, con un pueblo movilizado y decidido a denunciar a los perpetradores, nos preocupa que, con un antecedente como el de Ayotizapa, donde se denuncia también la relación del con el crimen organizado, se vuelva a vivir una situación de ese tipo”, dijo el director del Frayba.

Hasta ayer no fue posible hacer contacto con Ramiro Gómez y Juan Gómez Domínguez.